Que la ciudadanía decida

El desafío pasa por generar un momento institucional que a la vez permita satisfacer la demanda por participar del diseño de la nueva Constitución.

El período de “realismo sin renuncia” definido por la Presidenta Bachelet para esta nueva etapa del gobierno nos plantea el desafío de avanzar con responsabilidad frente al actual escenario económico y político, sin desconocer las demandas sociales con las que nos comprometimos en campaña.

Un pilar de ese compromiso dice relación con la generación de la nueva Constitución, en el entendido que el país requiere un nuevo pacto social y político, pues nuestra actual institucionalidad tiene un vicio de origen que ningún demócrata puede desconocer. Por otro lado, la arquitectura normativa de esta Constitución tiene una serie de falencias en torno a materias de derechos sociales, civiles y económicos, una estructura de Estado altamente centralizada, sistemas contra mayoritarios que facilitan el veto de las minorías, e impedimentos que dificultan la representación de las mujeres, de los pobres, de los pueblos originarios y de las regiones.

Pero afrontar este desafío tiene una dificultad objetiva: la regla constitucional que nos rige no contiene ninguna forma o procedimiento que permita optar por un camino genuinamente participativo para definir el mecanismo de cambio y diseño de la Constitución. La actual institucionalidad no permite una decisión constitucional de quien ella misma declara titular “esencial” de la soberanía: la nación o el pueblo. La actual Carta Magna, sus procedimientos y sus reglas vigentes de reforma, no incluyen este elemento básico de expresión soberana.

Un proyecto de plebiscito constituyente que modifica el inciso final del artículo 15 agregando antes de su punto final la expresión “y las leyes”, junto con una modificación al artículo 32, que regula las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, como fórmula que respeta la institucionalidad, fue suscrito por 54 diputados, la mayor parte de la Nueva Mayoría.

Apoyar esta fórmula, junto con entregar a la ciudadanía una señal clara de que nuestra coalición tiene una real vocación por la participación ciudadana, nos permitiría devolverle la facultad al Ejecutivo para que éste consulte al pueblo sobre el mecanismo propicio de diseño de la nueva Constitución. Es este instrumento procedimental el mismo que necesitamos si al final del proceso constituyente se pretende que el pueblo refrende los contenidos emanados del mismo.

Esta propuesta legislativa no pasa a llevar nuestra institucionalidad, ni es un atajo raro como se ha dicho. La consulta por el mecanismo de redacción de la nueva Constitución puede perfectamente realizarse al finalizar la etapa de cabildos y encuentros anunciada por la Presidenta. Dicha consulta puede llevarse a cabo en el contexto de la próxima elección municipal.

El desafío que tenemos pasa por generar un momento institucional pero que a la vez permita satisfacer la demanda por participar del diseño de la nueva Constitución. Para ello se requiere que quienes estamos en cargos de representación, demos una demostración de voluntad política. En definitiva, se trata de permitir que sea el pueblo el que decida.