Retornar al debate

Sin duda tanto la discusión de la Ley de Pesca como del Presupuesto para el 2013 generan una importante discusión pública sobre el alcance de las medidas y la efectividad del uso de los recursos públicos. Los diversos actores sociales, las ONG y los especialistas involucrados o interesados en cada caso fijan posición y entregan elementos de juicio que evidentemente se contrastan con las posturas enunciadas por los parlamentarios y el gobierno.

Es decir, se trata de temas que son relevados social, política y comunicacionalmente porque afectan los intereses empresariales, pero sobre todo el empleo y la calidad de vida de miles de chilenas y chilenos, en el caso de la pesca, y porque tiene que ver con que la inversión fiscal enfatice, de forma correcta, aquellos aspectos que la mayoría de la sociedad percibe como necesarios lo que, por cierto, el Ejecutivo trata de compatibilizar con sus propios objetivos como administración, sobre todo ad portas de un año electoral.

Este mismo interés por opinar y tratar de incidir en la tramitación legislativa es el que desde hace más de un año se mantiene en torno a la educación y su futuro. Porque ya no es posible imaginar un debate sobre el presupuesto de educación, por ejemplo, sin escuchar a las organizaciones estudiantiles, los rectores y al Colegio de Profesores. Algo que hasta hace algunos años era casi una concesión graciosa, es en la práctica un derecho adquirido que hoy nadie cuestiona y que los protagonistas sociales de las masivas movilizaciones se ganaron en las calles haciendo oír su voz colectiva.

No está demás decir que, por lo demás, muchas de las presentaciones, comentarios, críticas  y propuestas que hemos escuchado de los actores sociales en materia educacional denotan  gran conocimiento, estudio y capacidad técnica, lo que ciertamente echa por tierra la caricatura de que solo se trata de grupos minoritarios, agitadores y violentistas por añadidura, que sólo quieren entorpecer la convivencia social. Sobre todo ha quedado claro que su voz, en ningún momento ha sido la minoritaria.

En otras materias discutidas anteriormente, como el post natal de seis meses, el etiquetado nutricional de los alimentos o las restricciones al consumo del tabaco o a las trazas de mercurio en las vacunas para los niños, también ha existido una fuerte presencia de organizaciones y personas que desde diferentes ópticas han querido aportar y han sido determinantes a la hora de perfeccionar dichas normativas, a veces muy limitadas en su origen a formalismos administrativos o técnicos que no dan cuenta de la realidad cotidiana que personas y organizaciones conocen en detalle.

Esta participación de la ciudadanía en el diseño o mejoramiento de las políticas públicas es algo que está, por ejemplo, en el pecado original del Transantiago, algo que a estas alturas ya debiera ser una lección aprendida para cualquier gobierno y también para los legisladores. Muchas veces, y al contrario de lo que muchos todavía creen, el problema no es la falta de recursos, sino como son utilizados de la mejor forma. Por eso, sólo incrementar las partidas presupuestarias, no garantiza nada.

Mucho de lo implícito en el fondo de este razonamiento es lo que se expresó en las recientes elecciones municipales donde seis de cada diez chilenos en edad de votar, no lo hizo. Las razones pueden ser muchas, en distintos planos. Desde las distancias que separan a muchos poblados y localidades de las ciudades, el costo del transporte, la edad, alguna discapacidad hasta la simple indiferencia y apatía ante procesos electorales donde cada vez más prima el gasto en publicidad, que la oferta programática y donde muchas veces, el resultado es previsible sin necesidad incluso de hacer encuesta alguna.

Si los ciudadanos sintieran de manera inequívoca que una elección es una oportunidad para debatir, criticar o aportar a una propuesta comunal regional o de país, si supieran que su voto premiará o castigará efectivamente a quienes a su juicio han hecho o no la pega y que no se trata sólo de un instante de validación que luego no encontrará correlato en la participación y la consulta de esas personas que son electores cada cuatro años, pero ciudadanos todos los días, lo más probable es que ni siquiera tendríamos que preocuparnos por llamar a votar, porque sería un acto espontáneo de las personas cuando se sienten parte de un tejido social activo, protagonista.

Por eso, parece importante que desde el Parlamento también recojamos el mensaje y demos señales correctas. Está bien alcanzar acuerdos cuando ello es posible, pero no puede ser una obligación impuesta per se ante cada tema de discusión. El debate y la diferencia son tan legítimos como el consenso y es un componente de la política al que no podemos renunciar, porque en ellos también se expresa la múltiple y diversas composición social y territorial de nuestro país.

Tras un receso forzado por el accidente que sufrí hace ya tres meses atrás, vuelvo aún más convencido de que necesitamos oír cada vez más a los ciudadanos, conocer sus problemas y carencias, pero también saber cuáles son sus sueños y proyectos. Hay que abrir más las puertas y ventanas del Parlamento, para que ingrese más ciudadanía y no sólo sea el empresariado el sector más escuchado, como lo muestran los observatorios parlamentarios.

Es necesario volver al debate.