Riesgo de represalias

El proyecto sobre salvaguardias nace en la administración de la Presidenta Michelle Bachelet y viene a hacerse cargo de una realidad, y es que el mercado internacional de commodities y otras mercancías tiene vaivenes, distorsiones y también opera como un mercado imperfecto, irregular, sujeto a subsidios y a competencia desleal.

Lo que se planteó en su oportunidad fue tratar de dar una señal a la agricultura "tradicional" chilena de que el Estado se iba a hacer cargo de eventuales daños que provengan de un comercio distorsionado del exterior.

Sin embargo, no hay que confundir la competencia desleal, que surge como consecuencia de medidas de dumping en la cual productos de determinados países son vendidos y comercializados en el exterior a un precio inferior a su mercado de origen, o confundir exportaciones de productos que nacen con subsidios a la producción de ese producto y/o además con subsidios a la exportación del mismo.

Lo otro son las medidas de salvaguardia, que no apuntan a una competencia desleal y no se refieren a un producto que venga de un mercado determinado, a diferencia del dumping y los productos que vengan con subsidio. Y para eso, las medidas de salvaguardia que se establecen en la Organización Mundial del Comercio persiguen hacer frente a un aumento súbito, imprevisto y que causa daño o amenaza con causar daño a la producción nacional.

Entonces, este es un proyecto que en el origen partió bien inspirado, porque la Presidenta Bachelet, habló de la posibilidad de aplicar un tercer año, pero no habló ni de un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo o un octavo año, como establece la OMC, por una razón bien sencilla: porque a partir del mes 36 cualquier medida que se adopte en materia de salvaguardia tiene que ser compensada.

Si Chile quiere aplicar una salvaguardia superior a 36 meses, como se propone ahora en este proyecto que tuvo una indicación del actual Gobierno, significa que nuestro país va a tener que ofrecer a cualquier afectado una compensación, que podría ser la rebaja del arancel -lo que es difícil porque Chile ya tiene un arancel bajo- o que el país que se ve afectado pueda aplicar un alza arancelaria en los productos que él estime pertinente. Puesto en castellano, se llama una represalia que va a terminar afectando a las exportaciones de productos chilenos.

Chile optó por un camino de integración comercial, y con esta medida estamos dando un paso atrás. Porque vamos a poner en la mira a los exportadores chilenos una vez que pasemos el mes 36.

Si este es un país que va a seguir contando con un precio del cobre alto, con tasas de interés para controlar la inflación altas, que va a seguir incentivando un arbitraje en contra del precio del dólar, vamos a castigar dos veces a los exportadores: por una parte, van a sufrir un alza de aranceles de los productos de exportación, y en segundo término haciendo frente a un dólar a la baja.

Yo no me opongo a las salvaguardias. Por eso, apoyaba la medida que propuso la Presidenta Bachelet, que combinaba dos fines: por una parte, le daba una ventana adicional de protección a la agricultura en caso de un aumento imprevisto y limitado en el tiempo de las importaciones: 3 años. Pero los 4 años que propone este Gobierno, nos abre a nosotros algo que es complejo, que son las compensaciones que vamos a tener que pagar.

Creo que es una mala señal. Y cuando eso ocurra habrá que explicarle a los sectores exportadores que hoy día están deprimidos, con un dólar por el suelo, que más encima se les va a cercenar la posibilidad de seguir accediendo a esos mercados.