Administrador Provisional y de Cierre pasa su primera prueba en el Senado

Recordando la situación que afectó a los alumnos, sus familias y a los docentes de la Universidad del Mar, y destacando que se pretende asegurar la continuidad de estudios, los senadores respaldaron la idea de legislar el proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.

La iniciativa en segundo trámite recibió la unanimidad de los votos y se estableció como plazo para realizar indicaciones hasta el 21 de julio, espacio en el cual los parlamentarios y el Ejecutivo esperan perfeccionar el texto legal.

Durante la sesión el senador Hernán Larraín solicitó que el proyecto volviera a Comisión, o en su defecto se realice una segunda discusión, porque - a su juicio- no se había escuchado al sector del ámbito escolar.

Tras una reunión de Comités, la Presidenta del Senado, dio cuenta que el acuerdo era someter a votación de la idea de legislar, tras el compromiso del Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, de realizar perfeccionamientos al texto legal, en especial en el ámbito escolar. Incluso el secretario de Estado manifestó que "si no logramos un razonable consenso, no insistiremos con el acápite referido al administrador provisional escolar", indicó.

En la oportunidad intervinieron los senadores Fulvio Rossi, Ignacio Walker, Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros, Carlos Bianchi, Antonio Horvath, Jaime Quintana, Ena Von Baer, Eugenio Tuma, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, Andrés Allamand y Francisco Chahuán.

El texto legal contempla entre sus objetivos:

- Crear una figura de interventor de instituciones de educación superior, que permita adoptar medidas alternativas al solo cierre de las mismas

- Corregir las deficiencias del sistema derivadas del débil marco regulatorio relativo a la oportunidad y forma en que deben desarrollarse los procesos de investigación frente a una deficiente gestión de las instituciones de educación superior.

- Fijar atribuciones expresas para disponer coercitivamente el cumplimiento de las medidas y diligencias que deban adoptarse durante el desarrollo de dichos procesos.

- Regular las figuras del administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior, confiriéndoles las facultades necesarias para permitir el adecuado resguardo del derecho a la educación de los estudiantes.

El presidente de la Comisión de Educación, senador Rossi explicó que se decidió enviar este proyecto antes de discutir el tema de fondo, "porque se estima que cuando hay una relación entre un alumno y una universidad, pública o privada, no es un mero acuerdo entre dos privados, aquí está involucrada la fe pública". Para el legislador el texto legal es una "situación intermedia que contará con una investigación previa" la que podría involucrar, o no, a un administrador, según la gravedad de los hechos, lo que aclaró "no será discrecional"

"El proyecto resguardará el derecho a educación de los (as) estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios", destacó el senador Walker y pese a respaldar el mensaje, alertó que posee problemas que deberán ser resueltos, entre otros, la existencia de dos instituciones: administrador provisional y de cierre; el carácter genérico sobre su designación; permite restructurar la institución;  obliga a elegir un consejo triestamental; se contemplan 4 años de plazo "lo que hace que se parezca más a un interventor", precisó. Además, recordó que junto a otros senadores hace dos años presentaron un proyecto más simple que resolvía el tema.

Como una "iniciativa importante, que viene a raíz de situaciones concretas", calificó el proyecto el senador Larraín; sin embargo, manifestó que "en la Comisión se produjo una discusión importante: este proyecto no solo se refiere a la educación superior, sino que también está instalado en el ámbito escolar y no hubo ningún expositor que los representara" y criticó que no se escuchara a la Federación de Instituciones de Educación Particular y a los Colegios Particulares de Chile. Asimismo, llamó la atención por posibles problemas que puedan surgir con "cruces complejos por la reforma que se está discutiendo en la Cámara".

A su turno, el senador Quinteros recordó que el objetivo del texto legal es "asegurar el derecho a la educación si estuviese amenazado. Lo que en definitiva discutimos es el rol del Estado para armonizar". El congresista señaló que la figura del administrador no es nueva, pues "la encontramos en materia bancaria, para asegurar el sistema financiero, entonces ¿por qué tantas aprensiones a que se haga lo propio en materia educacional, no se trata de proteger un bien mayor?", se cuestionó y dejó constancia que espera que "en la debida oportunidad se podrá mejorar el proyecto".

En tanto, el senador Bianchi advirtió que con esto "se reconoce expresamente que el Ministerio de Educación posee facultades investigadoras" y recordó que él lo hizo presente en la administración del ex Ministro Beyer, "hoy constatamos que en ese entonces no solo teníamos razón, sino que esta facultad será mucho más robustecida", agregó y convocó a perfeccionar aspectos como la definición de las facultades del administrador, "para que las actuaciones no sean arbitrarias" y evitar que las autoridades, rectores y profesores, de las instituciones intervenidas, "queden en una situación laboral desmedrada".

El senador Horvath valoró que se haya generado un buen ánimo para continuar el trámite de este proyecto y recordó que más allá del caso emblemático de la Universidad del Mar existen numerosos casos que están pasando por la misma situación. Dio a conocer un documento que elaboró junto con el senador Carlos Bianchi y que dispone medidas concretas para el resguardo de los intereses de los estudiantes. En ese sentido manifestó su apoyo a “la propuesta que otorga nuevas atribuciones al administrador provisional  pero hay una serie de artículos que requiere perfeccionamientos”.

A su turno, el senador Quintana recalcó la importancia y la urgencia de “salvaguardar el derecho de los estudiantes” y recordó que la discusión en la Comisión estuvo centrada entre este derecho y el derecho de propiedad y por eso fue necesario escuchar a constitucionalistas. Asimismo aseguró que a su juicio, el proceso de nombramiento y la labor del administrador provisional quedan definidos en el texto legal y no existiría “arbitrariedad” pues participa y es consultado el Consejo Nacional de Acreditación que no depende del gobierno de turno.

La senadora Von Baer aseveró que “todos coincidimos en que se requiere un sistema de mayor fiscalización en educación superior. La pregunta es cómo se hace esta fiscalización y cómo logramos una buena política pública”. Incluso recordó que durante la administración anterior se decidió iniciar la discusión de la Superintendencia de Educación Superior. Respecto a la iniciativa del administrador provisional “muchos de los invitados a la Comisión plantearon sus dudas por las falencias del texto legal y señalaron la necesidad de mejorarlo pues tal como está tiene el riesgo de una intervención permanente de las universidades por parte del Mineduc”.

A su turno, el senador Tuma valoró la sensatez y sentido común del Senado aplicada a este caso y la disposición del ministro de Educación. Expresó que esta iniciativa no es en ningún caso el corazón del sistema educacional pero se requería hace varios años y con urgencia. Sin embargo, el ministro Eyzaguirre ha expresado flexibilidad para “aprobar la iniciativa con respaldo político, en el ánimo de sacar un mejor proyecto”.  En cuanto al administrador provisional mencionó que “queremos un organismo que dé garantías de que no se van a tomar decisiones arbitrarias”.

En la misma línea, el senador Guillier indicó que existen numerosos casos de universidades en el país que no reúnen las condiciones mínimas de cualquier país desarrollado para ser llamadas universidades, por lo que “es imperativo introducir un orden y obviamente el Estado debe asumir un rol pero también quiero recordar que existen normas que no se aplican, por lo que se necesita el respaldo institucional para que se ejerzan”. Puntualizó que se requiere un sistema de fiscalización porque estamos debatiendo transformar la educación en un derecho y no en un bien transanble, aunque compartió algunas de las aprensiones.

Para el senador Navarro el proyecto lo que busca es consagrar el bien superior de defensa de la educación “no a las universidades que no cumplen la ley”,  graficando esta situación con lo que ocurrido  con la Universidad del  Mar, “donde los alumnos quedaron en total indefensión, sin tener ninguna entidad que los defendieran”. El parlamentario además indicó que la figura del veedor no debiera existir, “por cuanto no es necesario ya que el disponer de un administrador provisional fuerte esta figura no es necesaria, puntualizó el parlamentario.

En tanto, a juicio del senador Allamand el proyecto presenta varias fallas y es defectuoso para lo cual requiere una mejoría  y esto, “debiera efectuarse  a través de una ley corta y con ello  trabajar en aspectos puntuales como  las causales para tener una mayor definición de lo que esta figura significa”. Además el legislador precisó que  debiera contar con la figura del veedor de alerta temprana, “quien ante una situación de crisis podría disponer de facultades y mecanismos para hacer frente a  esta situación”, argumentó el senador.

Por su parte, el senador Chahuán  también apeló a la figura de la Universidad del Mar como “una de las situaciones emblemáticas donde se deja en evidencia la indefensión que tienen los alumnos cuando ocurre un problema con la institución y donde no tienen respuesta  a su situación académica y financiera”. El legislador indicó además que para la discusión en particular sobre el proyecto se debiera invitar a sostenedores con el fin de escuchar sus posiciones y su actuar frente a sus instituciones, expresó finalmente el legislador.