Autores de lesiones leves o maltrato contra policías arriesgarían hasta 540 días de presidio

Tras una doble jornada de debate, la Sala del Senado avanzó en importantes definiciones en torno a la denominada ley de agenda corta antidelincuencia. Es así como con votación de mayoría se aprobó la norma que modifica el Código de Justicia Militar en lo relativo a la penalidad -hasta 540 días de presidio- que recibirán los autores de lesiones leves  o maltrato físico a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

No obstante, por cumplirse la hora de la orden del día, la votación en particular del proyecto, en segundo trámite, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos quedó pendiente para la próxima sesión fijada para el martes 5 de abril.

La discusión comenzó el martes 23 en la sesión ordinaria de la tarde. Para conocer detalles de esa jornada vea nota relacionada "Con penas que van desde los 15 años al presidio perpetuo calificado sancionarán los robos más violentos".

Durante la mañana el debate estuvo centrado en los altos índices de reincidencia que registran los delitos en el país y que contribuyen a aumentar la victimización; así como las dificultades en rehabilitación y el hacinamiento carcelario.

En la oportunidad, se retiró la indicación renovada de senadores de oposición que apuntaba a precisar que en casos de delitos de robo calificado con violencia o lesiones se restringiera el acceso a beneficios, tal como ocurrió con la denominada Ley Emilia. Ello, porque se estimó que el texto aprobado en la jornada anterior, comprendía un rango de penas que ya impide el acceso a beneficios, antes de un año de cumplimiento de la pena efectiva.

Al respecto, intervinieron los senadores Alberto Espina, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Patricio Walker, Lily Pérez San Martín, Hernán Larraín y Alfonso De Urresti.

a) Por 32 votos a favor y 2 abstenciones se aprobó la norma que  dice relación con ampliar las facultades de los jueces para ordenar la detención en caso de auto declaración de culpabilidad. Intervinieron los senadores Pedro Araya,  Felipe Harboe, Juan Pablo Letelier y Alberto Espina, además de la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

b) Por 28 votos a favor y 1 abstención se aprobó la disposición que extiende los casos en que la fiscalía puede apelar a una declaración de detención ilegal. Aquí hicieron uso de la palabra los senadores Felipe Harboe, Alberto Espina, Hernán Larraín y el ministro del Interior, Jorge Burgos.

c) Con la misma votación se respaldaron los artículos relativos a los recursos relacionados con la medida de prisión preventiva.

d) Por 24 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones se aprobó la disposición que modifica el  Código de Justicia Militar en relación a la penalidad que reciben los autores de lesiones leves a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. En lo específico se respaldó que quienes ocasiones a los funcionarios antes mencionados "lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no deje señales visibles" arriesgan presidio menor en su grado mínimo, es decir entre 61 a 540 días.

Esta norma concentró uno de los debates más complejos e intervinieron los senadores Alberto Espina, Pedro Araya, Alejandro Guillier, Ignacio Walker, Lily Pérez San Martín, Hernán Larraín, Francisco Chahuán, Adriana Muñoz, Baldo Prokurica, Felipe Harboe, Andrés Allamand, Víctor Pérez Varela, Alfonso De Urresti, Jacqueline Van Rysselberghe, Alejandro Navarro, Juan Antonio Coloma, Rabindranath Quinteros, Andrés Zaldívar, Carlos Bianchi, Fulvio Rossi, José García Ruminot, Juan Pablo Letelier, Eugenio Tuma, Manuel José Ossandón, Jorge Pizarro y Alejandro García Huidobro, además del ministro del Interior, Jorge Burgos.

En esa línea, los argumentos estuvieron divididos en torno a la necesidad de "dar una señal contundente" de respaldo a la labor de riesgo que realizan Carabineros, Investigaciones y Gendarmería y, por otro lado, garantizar derechos básicos de los ciudadanos como el de manifestación, evitando en que "se generen verdaderos tipos penales en blanco" que sean contraproducentes.

Cabe señalar que la norma en cuestión también motivo una discusión jurídica entre quienes opinaban que "el maltrato a los funcionarios policiales ya estaba debida y suficientemente contemplado en el Código Procesal Penal " y los que son partidarios de establecer una definición en el único cuerpo legal que permite en Chile definir este tipo de maltrato que "muchas veces no deja huella física, pero que implica que a los funcionarios se los abofetee, se los escupa o se los agreda sin que haya sanción alguna".

Asimismo, hubo senadores que se mostraron dudosos de la redacción de la norma pues "aparentemente podría inducir a ciertas confusiones", o bien el rango de la pena podría ser muy amplia (hasta 540 días de presidio).

En tanto, con 26 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó una norma que establece que no se podrá establecer la pena sustitutiva de reclusión parcial si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o delito, le hubiera sido impuesta al condenado una reclusión parcial anterior. Al respecto, el senador Alfonso De Urresti manifestó su abstención señalando que esta norma agrava la cantidad de población carcelaria.

Otra norma aprobada durante la sesión de la tarde fue la que señala que el tribunal podrá, previo informe de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta cuando la persona condenada cumpla 75 años. Dicha disposición fue respaldada con 20 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, pero quedaron pendientes para la próxima sesión, las votaciones de aquellas normas que establecen que habrá excepciones cuando se trate de delitos graves como secuestro, homicidio, violación, aquellos sancionados por la ley de drogas y los delitos de lesa humanidad y de ley antiterrorista.

Durante la discusión de este tema intervinieron los senadores Andrés Allamand, Alberto Espina, Francisco Chahuán, Lily Pérez, Alfonso De Urresti, Baldo Prokurica, Pedro Araya, Hernán Larraín, Iván Moreira, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma y Ena Von Baer.

Cabe recordar que actualmente existe una norma que señala que se puede suspender la pena privativa de libertad a los 80 años, cuando existen determinadas condiciones, fundamentalmente de carácter humanitario. Si bien hubo opiniones encontradas respecto a "bajar" la edad de aplicación de dicha excepción, la discusión estuvo centrada en si se debe aplicar en todos los casos o excluir los delitos más graves, sobre todo los de lesa humanidad.

En tal sentido, hubo quienes se mostraron abiertos a establecer la posibilidad de suspender la pena privativa de libertad por motivos graves de salud, sin distinguir el tipo de delitos que hayan cometidos, mientras que otros manifestaron que los delitos de mayor connotación no pueden quedar incluidos.