Cambios al control de armas abre debate sobre necesidad de reevaluar el combate a la delincuencia

A la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento volverá el proyecto de ley –iniciado en moción- que modifica la ley de Control de Armas y el Código Penal. Esto luego que la Sala decidiera revisar en detalle la norma dadas las numerosas observaciones que realizaron los senadores durante su debate.

Además, a petición del senador Alberto Espina se acordó crear una comisión especial que se aboque a un estudio integral de la relación entre delincuencia y armamento (ver recuadro).

El texto en segundo trámite, había sido visado por la Comisión de Defensa Nacional en particular, por lo que correspondía que en la sesión ordinaria fueran votadas las enmiendas. Sin embargo, a petición del senador Felipe Harboe y por acuerdo de la Sala -16 votos a favor y 11 en contra-, se optó por reevaluar la norma, de manera de emitir un texto que compenetre las distintas visiones.

En la discusión se abordó la pertinencia que Carabineros sea la entidad que controle y fiscalice el uso de armas; la necesidad que sea el Estado quien entregue seguridad a la población y por tanto, se prohíba esta práctica; y se revise el sistema que hoy evalúa si una persona está en condiciones de utilizar estos instrumentos.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica, Patricio Walker, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Alejandro Guillier, Manuel José Ossandón, Felipe Harboe, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Eugenio Tuma, Alberto Espina, Hernán Larraín y Andrés Zaldívar.

El senador Coloma hizo un resumen la propuesta, indicando que uno de sus objetivos busca proteger a los menores que muchas veces resultan heridos al utilizar armas que no han sido debidamente resguardadas por adultos. Asimismo, recordó que el tema fue discutido en la citada comisión extensamente en 25 sesiones, donde se escuchó la opinión de distintos actores relacionados como el Ministerio del Interior y Carabineros, y expertos en Derecho Penal.

Luego el senador Prokurica destacó la pertinencia de la norma asegurando que “Chile es uno de los países que más restringe el porte y tenencia de armas, sin embargo, los delitos se cometen con aquellas no inscritas”. En esa dirección, abogó por intensificar el registro de éstas comentando que otro plus de la iniciativa es prohibir su uso a personas que tengan medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar.

Para el senador Patricio Walker, lo esencial es generar una cultura que apunte al uso racional de armamento considerando que hoy no existen campañas de prevención ni educación. “En esta dirección, aplaudo que el Ministerio del Interior sea el órgano que vele por aquello”, aclaró. A su vez, presentó como una ventaja que por medio de internet se pueda cumplir con informar el destino de las armas cuando sus propietarios cambian de domicilio.

A su turno, el senador Lagos Weber planteó que “no queda claro qué autoridad tiene tuición en esta materia, puesto que en ocasiones el proyecto alude a Carabineros y en otras, a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)”. Hizo ver la necesidad de definir aquello, debido a que en la actualidad se dividen las atribuciones de control y fiscalización entre ambas autoridades.

Recogiendo este punto, el senador Letelier solicitó que sea Carabineros el ente responsable de esta materia, puesto que “no entiendo porque el Ejército tiene injerencia a través de la DGMN”. Declaró también ser contrario a permitir que la ciudadanía manipule armamento, salvo que se trate de actividades relacionadas a la caza. No obstante, reconoció que la norma busca reducir los efectos negativos que genera una inadecuada manipulación.

El senador Guillier manifestó su aprobación al texto realizando tres observaciones. La primera de ellas apunta a determinar cuáles son las armas que usan los delincuentes –si son inscritas o no, o hechizas-; la segunda respecto a garantizar el debido resguardo del armamento de guerra para evitar robos o hurtos de éste; y la tercera a entregar la citada responsabilidad a las autoridades que velan por el orden público. También pidió verificar la sanción que se plantea aplicar a los adultos que por descuido permiten que menores usen estas herramientas.

El senador Ossandón admitió no ser partidario del uso de armas, sin embargo dijo no oponerse a esta propuesta. Recordó que en muchas comunas de la Región Metropolitana se cometen delitos con revólveres y pistolas hechizas, por lo que recomendó legislar, debido a que la norma debatida no incluye aquello. “Me parece que sería útil complementar este texto con otro que elimine estos artefactos que terminan siendo mucho más peligrosos que los convencionales”, sostuvo.

A juicio del senador Harboe, el proyecto es equivocado en varios aspectos tales como, permitir obtener online el permiso para transportar armas, considerando que en la actualidad la DGMN obliga a hacerlo en forma presencial por un tema de control. También cuestionó que la norma no defina la autoridad responsable. Por estas razones solicitó que el texto vuelva a la Comisión de Constitución para un nuevo estudio.

El senador Montes mencionó estadísticas respecto a la tenencia de armas. Indicó que 600 mil de ellas están inscritas, 600 mil no inscritas y otras 600 mil serían hechizas. “Esto es demasiado y hay que buscar los por qué de este escenario.  Es increíble que las pistolas se usen como una forma de relacionarse”. Declaró que el contrabando de armas y la venta ilegal es una realidad en la que no se ha profundizado.

Luego, el senador Navarro admitió ser partidario de que las personas tengan armas para defenderse de la delincuencia, pero también de evitar que éstas caigan en manos de delincuentes. En su impresión, resulta urgente que las Fuerzas Armadas y de Orden revisen sus protocolos de manera de terminar con el robo de fusiles, granadas y otros. “Otra cosa que me llama la atención es que se entregue un permiso para usar armas por dos años”.

Para el senador Tuma, existe un tema de fondo que no se ha abordado que es reconocer que el Estado no está cumpliendo con su papel de entregar seguridad a la población. “Creo que se debería ser mucho más restrictivo, es decir, prohibir el uso de armamento, pero al parecer los propios ciudadanos se deben hacer cargo de un tema que le compete al Estado”. Reparó que en el caso del arsenal de guerra exista una única entidad que vele por su cuidado e instrucción junto con apoyar el quehacer de Carabineros.

Posteriormente, el senador Espina reflexionó en cuanto a la tramitación del proyecto, asegurando que “no tiene sentido legislar en forma parcial, por lo que resulta conveniente revisar la concordancia entre normas”. En la línea del senador Tuma, coincidió en el diagnóstico que “Chile no ha sido capaz de cumplir con una de sus obligaciones que es garantizar la tranquilidad ciudadana”. Por ello, abogó por definir medidas concretas posibles de materializar.