Carreras clandestinas de automóviles: senadores buscan frenarlas con penas acordes

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones será la encargada de emitir un nuevo primer informe respecto al proyecto –iniciado en moción- que modifica la Ley de Tránsito con el fin de sancionar a los conductores y organizadores de carreras de vehículos no autorizadas por la autoridad.

Esto luego que la Sala analizara la norma en primer trámite, tras lo cual se acordó profundizar dicho estudio de modo de escuchar a actores relacionados en la citada instancia.

Asimismo la discusión se centró en la pertinencia que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento revise la penalidad que se propone, y al mismo tiempo, ello no retarde la tramitación.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Ignacio Walker, Rabindranath Quinteros, Francisco Chahuán, Hernán Larraín, Iván Moreira, Baldo Prokurica, Pedro Araya, Alberto Espina, Manuel José Ossandón y Jaime Orpis.

El senador Ignacio Walker explicó que el “verdadero autor del proyecto es el alcalde de la comuna de Santa María, quien advirtió de esta situación que hoy está presente en todo el país”. Explicó que actualmente los alcaldes, Carabineros, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y el Ministerio de Obras Públicas intervienen en la autorización de estas carreras, sin embargo, en la práctica sólo se contempla una infracción a quienes sean responsables de ellas.

Luego, el senador Quinteros aseguró que en su calidad de ex alcalde, conoció esta realidad que se ampara en un vacío legal. “Estas prácticas son sancionadas con una figura genérica de la Ley de Tránsito puesto que no implica un delito”, graficó así que este incremento de penas significará que las causas pasen del Juzgado de Policía Local al Ministerio Público y el Juzgado de Garantía. A modo de propuesta, planteó que el concejo municipal participe de la autorización, en ciertos casos.

A su turno, el senador Chahuán resumió el proyecto, asegurando que la norma tiene un espíritu disuasivo, es decir, busca disminuir estas carreras. “Hoy los automóviles tienen motores que permiten correr por sobre los 140 kilómetros por hora, y en función de ello, los jóvenes mayoritariamente se toman las carreteras y avenidas”. En cuanto a las penas, se mostró partidario que la Comisión de Constitución sea la encargada de estudiar la proporcionalidad de éstas.

El senador Larraín intervino con el fin de explicar lo complejo que resultaría aprobar el texto tal como está planteado, puesto que se establecerían penas altísimas que estarían por encima de delitos de mayor cuantía. “En el caso de la tramitación de la Ley Emilia, precisamente hemos cuidado establecer sanciones proporcionales, así que advierto que ahora podemos caer en el mismo juego”, relató junto con acotar que “la intención es poner este delito en sintonía con otros similares”.

Luego, el senador Moreira pidió “poner freno a estas carreras clandestinas”. Relató que muchas personas se reúnen en las noches en estaciones de servicio para correr esperando que Carabineros no aparezca. “Esto ocurre en la ruta 68, la Costanera Norte, y también en la Costanera de Puerto Montt, por eso quisiéramos aprobar este proyecto con prontitud” indicó pero al instante, aclaró que “es fundamental escuchar a Carabineros, la Asociación de Municipalidades y los jueces, y veo que ello no se ha realizado”.

"Nadie duda que las carreras clandestinas son un problema y las autoridades no tienen las herramientas para sancionar; sin embargo, las característica de este proyecto, con la gradualidad de las penas, nos hace preocuparnos", advirtió el senador Prokurica, quien recordó lo sucedido con la llamada Ley Emilia, que no prosperó. El legislador solicitó que la moción sea revisada, nuevamente, por la Comisión de origen.

El senador Araya precisó que "el texto que se nos propone responsabiliza al conductor y organizadores de carreras clandestinas, pero hay que hacer distinción, porque el organizador no necesariamente va a estar conduciendo un vehículo. Las penas son bastante altas y no se condicen con lo que pueda ser el bien jurídico". Asimismo, coincidió con que debe existir proporcionalidad de las penas y en esa línea propuso que la iniciativa sea visada por la Comisión de Constitución.

Una legislación coherente exigió el senador Espina y criticó que durante la tramitación en la Comisión de Transportes, no se consideraron las visiones de los involucrados. "Tenemos que lograr que la actividad parlamentaria sea prestigiada y los informes no pueden ser objeto de críticas", advirtió. El congresista señaló que es evidente la necesidad de sancionar las carreras clandestinas, pero llamó a definir la gradualidad de las penas.

Para el senador Ossandón el proyecto de ley es "una muy buena idea, pero bastante liviana, comete muchos errores prácticos, no solo los errores judiciales", por lo que llamó a que vuelva a la Comisión de Transportes, para luego ser analizada por Constitución. "Muestra en la práctica que no hay proporcionalidad, se pena igual al conductor y al organizador, lo que podría hacer que sea letra muerta", indicó.

Una visión distinta hizo presente el senador Orpis, para quien "la realidad social va generando nuevas situaciones (…) Las sanciones tiene por objeto inhibir que se vuelva a cometer el delito y es evidente que si tiene penas bajas, el delito va a seguir produciéndose, pero si efectivamente queremos evitarlos, personalmente creo que deben ser penas drásticas y desde ese punto de vista, ni la gradualidad, ni la proporción deben ser dogmas", enfatizó.