Comienza votación en particular de proyecto que crea quince Centros de Formación Técnica

Por cumplirse la orden del día de la Sesión Extraordinaria de este martes 20 de octubre, quedó pendiente el despacho del proyecto de ley que crea quince Centros de Formación Técnica estatales y que tiene por objeto descentralizar la oferta educativa en el país, vincularla con los sectores productivos y las necesidades locales y entregar formación de calidad en diversos contextos locales.

Cabe manifestar que se acordó retomar el debate del mensaje mañana miércoles 21 de octubre durante la Sesión Extraordinaria que se desarrollará a partir de las 12:00 horas.

Durante la sesión se votaron cuatro artículos por separado; sin embargo, primaron las propuestas de las Comisiones de Educación y Hacienda unidas, manteniéndose, entre otros, que los Institutos Tecnológicos surjan al alero de universidades estatales; tendrán la facultad de crear, organizar o asociarse, con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos correspondan o se complementen con los del Instituto Tecnológico.

Asimismo, se mantiene el inciso que mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministro de Hacienda, fijará el monto de este aporte que corresponderá anualmente a cada una de dichas instituciones.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Ena Von Baer, Andrés Zaldívar, Jaime Quintana, Jacqueline Van Rysselberghe, Rabindranath Quinteros, Carolina Goic, Juan Antonio Coloma, Ignacio Walker, Hernán Larraín, Carlos Montes, Alfonso De Urresti, Antonio Horvath, Andrés Allamand, José García Ruminot, Alejandro Navarro, Alejandro García Huidobro, Víctor Pérez Varela, Hernán Larraín y la Ministra de Educación, Adriana Delpiano.

- Crea un Instituto Tecnológico (IT) en cada región del país, como persona de derecho público autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que serán centros de formación técnica estatal. Su finalidad será la formación de técnicos de nivel superior, con énfasis en la calidad de la educación técnica y en mejorar su empleabilidad.

- Los Institutos Tecnológicos que se crean deberán colaborar con el fomento de la competitividad y productividad de la región, contribuir a la diversificación de la matriz productiva de la región y del país, favoreciendo en éstas la industrialización y agregación de valor, además de la formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, con sentido ético y de solidaridad social, respetuosas del medioambiente y de los derechos humanos.

- Los planteles se vincularán a una Universidad del Estado, con el objeto de contribuir al desarrollo de su región y de facilitar la articulación de las trayectorias formativas. En caso que en alguna región ello no sea posible, se optará por una universidad perteneciente al Consejo de Rectores.

- Cada Instituto Tecnológico se deberá vincular con, al menos, un establecimiento de enseñanza media técnico profesional ubicado en su misma región, con el objeto de establecer un apoyo recíproco en aspectos metodológicos y curriculares, entre otros, generando mecanismos que faciliten a los estudiantes trayectorias articuladas de formación técnica.

- En la primera etapa, el Ministerio de Educación designará a una universidad estatal que ejercerá la labor de tutela y acompañamiento del naciente Instituto Tecnológico en su proceso de diseño, instalación y puesta en marcha, hasta el logro de la primera acreditación, que deberá efectuarse en un plazo máximo de 6 años.  En caso que no se acreditare, se procederá a la designación de un administrador provisional de instituciones de educación superior (Ley Nº 20.800).

- Los IT podrán otorgar títulos técnicos de nivel superior y otras certificaciones.

- Un Rector será la máxima autoridad y su personal tendrá el estatus de empleado público.

- Establece la entrada en funcionamiento gradual de los IT: entre el año 2016 y el año 2017 los primeros cinco Institutos Tecnológicos; entre 2018 y 2019, los siguientes cinco IT y, finalmente, entre 2020  y 2021, los últimos cinco.

- Corresponderá a la Presidenta de la República nombrar, al menos 3 meses antes de la entrada en funcionamiento del respectivo IT, a su primer rector, quien durará 4 años en el cargo.

En la oportunidad suscitó gran debate la primera votación separada en la que se proponía el eliminar la frase "del Estado, del artículo 5°: Cada Instituto Tecnológico se vinculará con una universidad del Estado acreditada institucionalmente

Según manifestó la senadora Von Baer, "una universidad estatal no asegura ser de calidad, de hecho tenemos varias casas de estudio estatales que tienen menos años de acreditación que las privadas (…) Esta es una decisión arbitraria e ideológica", lo que coincidió con lo señalado por la senadora Van Rysselberghe quien enfatizó en que "no estamos en contra de los CFT estatales, lo que decimos es que la dependencia inicial pudiese ser también a universidades no estatales".

Asimismo, el senador Coloma dejó en claro que, a su juicio, "la visón global de este proyecto me parece profundamente equivocado. Hoy existen 67 CFT y adicionalmente disponiendo de 16 mil millones de pesos de un costo inicial para lograr algunas carreras que no se están dando, lo racional sería utilizar esos recursos para fortalecer los CFT ya existentes". Postura similar manifestó el senador Larraín quien coincidió con que "la posibilidad que existan CFT por sí mismo no es una mala idea, porque si bien existe una demanda no hay una misma oferta en todo el país y no siempre garantiza calidad; ahora el que nos obliguemos a crear 15 no está justificado".

No obstante, los senadores Zaldívar y Quinteros, defendieron la fórmula y llamaron "a no temerle, porque crea Institutos Tecnológicos en los lugares donde no hay provisión de este tipo de enseñanza, muchas veces ni siquiera está presente el privado, de manera que se llena un vacío (…) Los institutos tecnológicos, lo mismo que las universidades regionales han de contribuir al crecimiento económico, innovador y calificado". En la misma línea el senador Quintana enfatizó que se está abordando "la esencia de la reforma educacional (…) Estamos enfrentando la situación de los estudiantes más pobres de Chile".

Por otra parte, la senadora Goic y los senadores Montes y De Urresti reforzaron que este es "un rol que le cabe al Estado y busca garantizar que este sistema incluya la participación de los distintos actores, mas allá de las diferentes carreras, cupos, o demandas, se busca la vinculación con los temas regionales (…) y se hacen cargo del subdesarrollo que la educación tiene en esta área. No significa ser estatistas, sino que es un equilibrio".

Luego, el senador Ignacio Walker aclaró que "por razones comprensibles este debate en particular deriva en uno general. Me parece bien que exista provisión mixta a todo nivel; no hay oferta pública o estatal en algunos sectores en materia de CFT por lo que me parece lógico que se creen 15 y se involucren a universidades del Estado en materias de docencia y curricular, pero es importante que sean capaces de vincularse con necesidades reales".

Otro de los puntos que generó gran interés de los legisladores, fue que se establece que "Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministro de Hacienda, se fijará el monto de este aporte que corresponderá anualmente a cada una de dichas instituciones".

A juicio de los senadores Von Baer, Allamand y García Ruminot, "el Ministerio podrá, sin tener que preguntarle al Congreso decidir a quién le dará más o menos, lo que quita transparencia a los fondos públicos (…) Estamos frente a una total discrecionalidad y cada años los CFT no sabrán exactamente cuál será su presupuesto; a lo menos, debería haber una norma que explique los criterios para las asignaciones de recursos"

Sin embargo, para los senadores Zaldívar y Navarro, "el Ministerio de Educación es la institución más idónea para definir la destinación. Normalmente en la ley de presupuestos se ve una partida con un monto para los CFT y luego el ministerio distribuirá (…) Que las asignaciones sean diferenciadas es lógico, porque las condiciones y población de cada Región es distinta, las realidades no son las mismas".

En otro orden, el senador García Huidobro aprovechó la oportunidad para poner sobre la mesa la necesidad de repensar los recursos que serán destinados a las nuevas universidades de Aysén y O’Higgins. Por su parte, el senador Pérez Varela argumentó que la fórmula de otorgar recursos podría provocar que la distribución "no esté donde se necesite, sino que en los sectores más convenientes electoralmente, lo que provocará una profunda distorsión".

Igualmente, en opinión de los senadores Coloma y Larraín, "se reemplaza la labor del parlamento para fijar montos", lo que es "un punto delicado, este inciso cambia la asignación de recursos a través de la ley de presupuestos (…) estamos rompiendo la coherencia que tiene nuestro sistema y deja temas abiertos".

En la otra vereda, los senadores Montes y Goic reforzaron que este artículo "tiene que ver con la instalación de un nuevo sistema de calidad y pertinenete con la realidad local (…) No es correcto que hay una utilización política". No obstante cabe dejar constancia que para el senador Montes se requiere definir cuáles serán los parámetros para la distribución.