Condenan todo acto de violencia en un Estado democrático y proponen medidas de reconocimiento y reparación para pueblos indígenas

El Senado aprobó –con la abstención del senador Mariano Ruiz-Esquide- el proyecto de acuerdo donde “condena toda forma de violencia en un Estado democrático, comparten las conclusiones contenidas en el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas y proponen al Ejecutivo la adopción de un conjunto de medidas legislativas y administrativas”.

Ello, en el marco de la sesión especial donde la Cámara Alta analizó la situación en la Araucanía con la participación de  los ministros del Interior, Andrés Chadwick;  de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán;  la Directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries y  la abogada del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez.

En la oportunidad intervinieron los senadores Mariano Ruiz-Esquide, Ximena Rincón, Alberto Espina, Eugenio Tuma, Ena Von Baer, José Antonio Gómez, Jaime Quintana, José García- Ruminot, Hernán Larraín y Camilo Escalona quienes coincidieron en la necesidad de rechazar la violencia que ha costado numerosas vidas en la zona.

Al respecto, el texto del proyecto de acuerdo impulsado por los  senadores Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García Ruminot, Jaime Quintana, Eugenio Tuma y Ena Von Baer se fundamenta en que “los graves hechos de violencia que han afectado a la región de La Araucanía y que han comprometido la paz social de todos sus habitantes y muy particularmente, el alevoso atentado y dramática muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, que ha conmocionado a todo el país. Como asimismo, los hechos de violencia que han ocasionado la muerte de comuneros Mapuches que han afectado a sus familias y comunidades” “producen graves repercusiones en la convivencia regional, en el afán permanente de alcanzar mayores niveles de progreso, bienestar y calidad de vida para todos sus habitantes; en los niveles de inversión regional; en el ánimo de todos los agentes productivos y muy particularmente en los agricultores y transportistas, debilitando las capacidades de generar más crecimiento económico y desarrollo social”.

Por ello, considera que “un paso fundamental para avanzar en la construcción de un camino de entendimiento y solución de los problemas de fondo que afectan a los pueblos originarios particularmente al Pueblo Mapuche y que comprometen a la región de la Araucanía en su conjunto, es preciso reconocer los efectos y el daño ocasionado por el proceso de consolidación del Estado de Chile en los territorios ocupados ancestralmente por el Pueblo Mapuche, daño que también afecta a todos los habitantes de la Región de la Araucanía; y a su vez, construir acuerdos políticos y sociales para avanzar en el proceso de solución del conflicto”.

CONTENIDOS DEL PROYECTO DE ACUERDO

Por estas razones, el Senado acordó “expresar su condena a todo acto a violencia, sin importar el fin que la motive y reafirma su convicción de que la violencia, en un Estado democrático, no es un medio legítimo para canalizar las demandas de ningún sector de la sociedad”.

“Estimamos que a partir de las conclusiones contenidas en el informe de la Comisión de Verdad Histórica y nuevo trato podemos construir una respuesta para el daño causado por el Estado de Chile a los Pueblos Originarios en el proceso de integración de los territorios habitados ancestralmente por los primeros habitantes del país y que implicaron las vulneración de sus derechos fundamentales. Verdad que es preciso difundir en toda la sociedad e incorporar en los programas de estudios para construir una sociedad respetuosa de la diversidad étnica y cultural”.

Agregan que “de igual modo se requiere reparar el daño causado a mapuche y no mapuche que han sido víctimas de la ausencia de acción del estado frente a la violencia”.

Asimismo,  la Cámara Alta manifestó “su compromiso de impulsar un diálogo político con representantes de todos los actores de la vida regional, muy particularmente con el Pueblo Mapuche, interpretando las aspiraciones de paz y progreso; el pleno respeto a los derechos fundamentales de todos los habitantes de La Araucanía y el reconocimiento a nuestra diversidad étnica y cultural”.

Solicitó también al Gobierno “el envío de iniciativas legales que permitan implementar el convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado de Chile y que garantiza la participación de los pueblos originarios en materias que les puedan afectar y la creación de un Consejo Nacional lndígena que haga efectiva su participación, de manera permanente, en la definición de las políticas públicas que les competen”.

Expresó también su respaldo a “las iniciativas de reforma institucional que permitan construir una nueva relación entre el Estado de Chile y los Pueblos Originarios” y propuso “al Gobierno la implementación de un plan de reparación para la región de La Araucanía, que promueva el desarrollo de todos sus habitantes sin ninguna exclusión, permitiendo el acceso de nuestros pueblos originarios a las mismas oportunidades de progreso material y espiritual y que contemple la creación de un Fondo de Reparación para la Región de la Araucanía”.

Finalmente, se realizó un “sentido llamado a todos quienes tienen responsabilidades en la investigación de los hechos de violencia que hemos señalado, en el sentido de encontrar a sus autores materiales e intelectuales para ponerlos a disposición de los Tribunales de Justicia, haciéndose eco del espíritu de paz y armonía que impera en la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos y devolviendo el vital clima de protección y seguridad que el Estado está obligado a garantizar, a todos y cada uno de sus habitantes.

EL DEBATE

El senador Ruiz- Esquide junto con entregar un texto con una serie de medidas propuestas llamó a “asumir definitivamente que Chile es un país multirracial y que, por ende, las diferentes etnias que en él viven tienen los mismos derechos y los mismos deberes, sin exclusión y sin privilegios para nadie”. Añadió que “la pregunta fundamental que debemos hacernos, es cómo resolver las denuncias de cada cual, cuando no todos tenemos la misma noción de lo que es la tierra en relación a nuestros ancestros y el límite de las sendas posiciones que cada uno de ellos tiene”.

La senadora Rincón se sumó a la condena a “los crímenes de mapuches y no mapuches: la vida humana es intransable”. Se mostró partidaria del “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y que Chile pague la deuda histórica por los atropellos cometidos y la pérdida de los territorios”. Por eso hizo un llamado a todos los poderes políticos y a la sociedad chilena para que nos rencontremos con nuestros pueblos originarios y, en especial, al Presidente de la República y al Gobierno para que todos juntos pidamos perdón a nombre del país por los atropellos cometidos” .

VIOLENCIA BRUTAL

El senador Espina  dijo que “La Araucanía está viviendo momentos duros, dramáticos, de hondo pesar, de temor, y este Senado debe asumir el liderazgo que le corresponde, en conjunto con el Gobierno para abordar a fondo los temas que han mantenido fracturada a la sociedad en La Araucanía”. Precisó que frente al “brutal asesinato del matrimonio Luchsinger, la crueldad con que se queman casas con animales vivos en su interior y también ante el asesinato de Matías Catrileo se debe estar con la ley, porque la violación de los derechos humanos en un país democrático se comete por igual cuando se atenta a la vida por motivaciones de orden político a una persona, cualquiera sea su raza, condición o situación económica”. El legislador defendió la postura del Ejecutivo para aplicar la legislación antiterrorista y a la vez reconoció que el Estado de Chile tiene una deuda con el pueblo mapuche porque “superpuso tierras, que en definitiva nos han generado este tremendo conflicto”.

A su turno, el senador Tuma lamentó que “estemos en esta sesión especial y preocupándonos de una situación de suyo muy injusta que ha ocurrido con los pueblos originarios porque se cometió un deleznable y repudiable acto de violencia, donde mueren no solamente calcinadas personas que fueron quemadas vivas, sino donde está muriendo parte de la democracia”. Por ello, llamó a preguntarse “qué tipo de sociedad estamos construyendo, construyéndola sobre una base de injusticia, sobre una base que no da cuenta de las verdaderas causas de esa violencia”.

En tanto, la senadora Von Baer recordó lo que está ocurriendo en La Araucanía donde en el último tiempo “tenemos que lamentar la muerte de 8 personas y una la violencia e intimidación de toda una región. Que la muerte de estas 8 personas, incluyendo al matrimonio Luchsinger no sea en vano”, dijo y afirmó que el sentimiento de muchos mapuches es también de temor ante un recrudecimiento de la discriminación. Recalcó que “la violencia como camino para lograr cualquier propósito en una democracia, es un ataque directo y un atentado a ella misma”, por ello pidió terminar con el ciclo de “estupor y olvido” que se vive cada vez que la violencia sacude a La Araucanía.

VIOLENCIA NO SE COMBATE CON MÁS VIOLENCIA

Por su parte, el senador Gómez no solo repudió el uso de la violencia en Chile”, sino que aclaró que “ésta no se combate con más violencia, sino con diálogo. No sacamos nada con continuar incorporando normas legales que lo que hacen es reprimir, es buscar culpables, es afectar personas, cuando esa solución no va a ser en definitiva la que nos va a llevar a las definitiva solución que se requiere”. Al respecto, pidió abocarse al análisis de “la situación de un Estado nacional que es multiétnico. No es un tema de La Araucanía, ni es un tema solo del pueblo mapuche. Es un Estado que tiene una multietnia. Y nosotros no hemos sido capaces de resolver esa dicotomía o esa existencia de este Estado nacional que tiene normas y reglas que obligan en definitiva a otros a regirse a ellas”.

El senador Quintana lamentó que “no se haya realizado antes esta reflexión, en circunstancias de que esta agenda, ha estado puesta desde hace décadas, desde el Acuerdo de Nueva Imperial, desde la Ley Indígena del 93”. Al respecto pidió “mirar este problema desde la perspectiva que lo ha hecho el propio Presidente Piñera. Él ha hablado de una triple dimensión del problema y me parece que es una buena matriz de análisis. Por un lado, económico, social y productiva. No es solo un problema de pobreza y ese fue uno de los errores grandes que cometió la Concertación”, dijo.

DELITOS TERRORISTAS

El senador García-Ruminot hizo un dramático resumen de los principales hechos de violencia que han ocurrido en la Araucanía y dijo que “entre los años 2008 y 2012 se han producido cerca de 800 delitos denunciados ante Carabineros y fiscales de La Araucanía con expresa connotación indígena: 31, el año 2008; 224, el año 2009; 107, el año 2010; 117, el año 2011; 287, el año 2012. Estadísticas que solo consideran hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, no son hechos aislados. Aquí hay violencia sistemática, atropello sistemático a los derechos humanos de los habitantes de La Araucanía”.

El senador Larraín Fernández aseveró que “en un Estado de Derecho democrático toda violencia es siempre repudiable y eso hay que reafirmarlo y, junto con ello pedirle al Gobierno que haga suya la responsabilidad que tiene de preservar el orden público en todo el territorio nacional”. “No es posible advertir lo que aquí ha ocurrido a vista y paciencia de todos los chilenos y a sabiendas de que estas cosas estaban ocurriendo. Aquí hay un fracaso de nuestra institucionalidad”. Mencionó además que “como Senado y Congreso nos compete avanzar implementar y sacar adelante esta reforma constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios, pero para ello  tenemos que cumplir con el Convenio 169; esto es, debe ser consultado ante los pueblos originarios, y particularmente ante el pueblo mapuche”.

En tanto, el senador Escalona recalcó que “no existe justificación, causa, razón o motivo que pudiese excusar tan atroz y deleznable crimen del matrimonio Luchsinger. Mackay” y “si nosotros demandamos justicia en el caso de los nuestros, también debemos demandar justicia en el caso de los otros”. “Toda vida humana es inviolable” dijo y consideró que “este es un concepto que desde las fuerzas de Izquierda debemos poner de manifiesto con especial intensidad, precisamente porque fueron estas fuerzas, las de Izquierda, las que vieron desaparecer a sus militantes, las que vieron que sobre ellos se ejerció la tortura, las que fueron estremecidas por el asesinato impune de muchos de los suyos, precisamente ahora, en democracia, son las fuerzas de Izquierda las llamadas a establecer, en este punto, una línea divisoria que quede marcada a fuego”.

AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES

El ministro del Interior, expuso sobre el desarrollo que ha tenido el conflicto en La Araucanía y pidió la colaboración del Congreso para rechazar la violencia y avanzar en el diálogo amplio y franco, de modo de aislar a los grupos extremistas y violentos de las “legítimas demandas de las comunidades mapuches”.

El Fiscal Nacional en tanto, recalcó que su institución persigue delitos y no grupos o etnias. Asimismo manifestó las difíciles condiciones que deben enfrentar los fiscales en la zona y mencionó que muchas veces en las investigaciones es difícil hacer seguimientos de inteligencia por la rotación del personal policial.

La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, condenó  “el crimen atroz que se cometió contra el matrimonio Luchsinger-MacKay, así como también todas las muertes que se han dado en el marco del llamado “Conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”. En ese sentido recalcó que “no es aceptable ni se justifica la violencia para resolver los conflictos o, incluso, para resolver reivindicaciones por más legítimas que estas sean. Y las del pueblo mapuche son reivindicaciones legítimas. Las sociedades, en todo caso, que combaten la violencia con más violencia, sufren procesos de degradación de los cuales después es muy difícil recuperarse”.

Finalmente, el observatorio ciudadano, se sumó al rechazo a la violencia y en el marco de ese repudio valoró “el llamado realizado por organizaciones mapuches, precisamente, a condenar estos hechos, incluida la Coordinadora Arauco-Malleco, y efectuar un llamado al diálogo que hoy día se ha materializado en la cumbre del cerro Ñielol”. No obstante, lamentó que las autoridades no hayan participado en ese diálogo porque a su juicio podría ser un proceso que abriría “salidas políticas al conflicto que hoy día nos convoca”.