Contundente respaldo a la libre elección en los servicios de cable, internet y telefonía

A tercer trámite pasó el proyecto de ley que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía en edificios y condominios, moción que busca resguardar la libre elección de los consumidores y promover la libre competencia entre los operadores de telecomunicaciones.

Así queda establecido que "En todo proyecto de loteo o de edificación conformado por varias unidades enajenables o de dominio exclusivo, estén o no acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, debe velarse por la libre elección de cada unidad en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones" y para estos efectos los proyectos que consideren instalaciones de telecomunicaciones deberán contar con la capacidad necesaria.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros, Alejandro Navarro, Lily Pérez San Martín, Jaime Orpis, Manuel José Ossandón, Carlos Montes, Guido Girardi, Felipe Harboe, Jacqueline Van Rysselberghe y Hernán Larraín. Además del ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobos.

Durante el debate se aprobaron por unanimidad los artículos permanentes; no obstante, los artículos transitorios fueron ampliamente discutidos por los legisladores, pues se cuestionó la retroactividad de la norma y el senador Jaime Orpis hizo presente su reserva de constitucional para este punto.

Finalmente, los artículos transitorios fueron aprobados por 27 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, con lo que "Tratándose de edificios existentes, el propietario de cualquier unidad podrá requerir al administrador del edificio la ejecución de las obras necesarias para garantizar que  pueda optar entre, al menos, dos proveedores en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones", se deprende del artículo primero transitorio.

Iniciada la discusión el senador Pizarro recordó la tramitación de la norma en general y que por acuerdo de Comités fue analizada en particular por las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones unidas y se contó, además, con la visión de Vivienda.  "El debate se generó porque estábamos legislando para lo que viene y nos hacíamos cargo de una situación de hecho, que está en los edificios y condominios que ya están construidos", precisó, por lo que se planteó "una suerte retroactiva" de la norma.

En tanto, el senador Quinteros se refirió a sus aprensiones durante el debate en general, temas que fueron resueltos en el informe de las Comisiones Unidas, entre otras, la participación del Ministerio de Vivienda; la elaboración de un reglamento con aspectos técnicos del libre acceso; y manifestó su preocupación, porque la nueva norma no regiría para las obras de canalización subterránea. En otro orden aclaró que "no existe conflicto de retroactividad y no se afecta el derecho de dominio".

"Internet ha pasado a constituirse en un servicio básico", recalcó el senador Navarro, para quien la ley de Urbanismo y Construcciones debería incorporar este servicio de manera permanente y aludió a que existen variados programas públicos que fomentan su uso. "Este proyecto apunta a subsanar el monopolio", destacó; no obstante mencionó sus dudas respeto al artículo 7 quater "que deja ventanas" en su aplicación.

A su turno, la senadora Lily Pérez aclaró que para el artículo mencionado por el senador Navarro existió un amplio consenso; "aquí estamos viendo la libertad de elección de los usuarios y que las empresas deben entregar un servicio donde no se pueda monopolizar y creemos que eso ayudará a bajar los costos de los servicios, pero si lo dejábamos establecido como un derecho y servicio social, como es la luz y el agua, encareceríamos los proyectos sociales de vivienda", detalló.

Para los artículos permanentes el senador Orpis hizo público su beneplácito y destacó que en la norma se vele por la libre elección, la prohibición de los contratos de exclusividad y la obligación de los proyectos inmobiliarios de contar con la capacidad necesaria para más operadores. No obstante, criticó los artículos transitorios en materia contractual y su carácter retroactivo y citó lo expuesto por el Tribunal de la Libre Competencia. Ante esto señaló su reserva de constitucionalidad.

Postura contraria manifestó el senador Ossandón y destacó que el proyecto "llena vacíos" en la libre competencia y termina con la exclusividad. A juicio del legislador, tras aprobarse la moción "terminaremos con estas especies de parcelas de telecomunicaciones y barrios completos dominados por un solo operador. Lo importante es que se está mirando hacia el futuro, se descongelan las actuales realidades y se abre posibilidades de que ingresen nuevos actores".

Pese a respaldar el articulado, el senador Montes llamó la atención sobre la irrupción de las empresas operadoras en las viviendas sociales y de sectores medios, donde "instalan sus obras con bajos estándares, con grandes cableados, sin preguntar a nadie y se ha pedido a la Subtel que regule con acuerdo de la copropiedad. En los sectores de mayores ingresos no se acepta esto", criticó, además de advertir donde hay zonas completas donde no hay operadores, por considerar sectores "de alto riesgo".

"Este proyecto va en el sentido correcto", indicó el senador Girardi a su turno y recalcó que se debe entender que en el futuro "internet va a ser de gran importancia como el derecho a la propiedad. Los que tengan internet serán parte del mundo y los que no, quedaran fuera (…) Todo estará conectado", explicó. Asimismo recordó la tramitación del proyecto que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet.

A juicio del senador Harboe, pese a que los servicios de internet no están considerado como básicos, se hace cada vez más imprescindible establecerlo y destacó los alcances del proyecto. "No es aceptable que quienes arrienden o compren se encuentren con acuerdos pre establecidos entre las inmobiliarias y las empresas de estos servicios", indicó, además de agregar que “esto cuenta también para las comunidades de copropietarios en donde -por votaciones- se puede violentar un derecho individual”.

En tanto, la senadora Van Rysselberghe reconoció que le gustaría encontrar un punto medio en cuanto a los derechos de los consumidores y los de las empresas de servicios. De todas formas, insistió en que, “no estoy de acuerdo que se condene a las familias a asumir un servicio que no eligieron, considerando además que estas firmas no se esmeran por entregar un buen servicio”.

Por su parte, el senador Larraín coincidió con su par Jaime Orpis respecto al cuidado que hay que tener con los contratos vigentes. “Modificar estos instrumentos puede tener efectos sobre la propiedad”, advirtió reconociendo que “si el proyecto se aprueba, cualquier empresa podrá ir a los tribunales solicitando que esta ley se declare inaplicable”.

Al concluir el debate, el ministro Andrés Gómez Lobos admitió que esta iniciativa no es del todo satisfactoria, pero “debemos destacar que va en la línea de las exigencias que hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”. A su vez, reconoció que dentro de las materias pendientes está la brecha digital.