Diputados formalizaron la acusación contra el ministro Beyer

Siguiendo el cronograma establecido por el Senado para conocer los antecedentes de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer; los diputados Marco Antonio Núñez, Manuel Monsalve y Fuad Chahín formalizaron los argumentos del libelo en razón de haber infringido la constitución, las leyes y dejar estas últimas sin ejecución.

El primero en hacer uso de la palabra fue el diputado Marco Antonio Núñez (escuche el audio aquí) , quien realizó una presentación cronológica de los hechos que sustentan la acusación. Algunas de las principales fechas expuestas fueron:

15 junio 2011.- 52 diputados requirieron una Comisión Investigadora que celebró 25 sesiones, recibiendo a más de 70 invitado, lo que finalmente arribó en la acusación.

14 dic 2011.- El Contralor Ramiro Mendoza en sesión de la Comisión Investigadora expresó que “las potestades fiscalizadoras, normativas y regladoras del sector las tiene el Ministerio de Educación”. El diputado Núñez sostuvo, que en virtud de ello, hay una función fiscalizadora, reguladora que no se aplicó.

28 de septiembre de 2011.-  El entonces Ministro de Justicia Teodoro Ribera manifestó que “en cuanto a la fiscalización y supervisión de las entidades de educación superior éstas también corresponden al Ministerio de Educación”, lo que reforzaría la presentación.

2 septiembre de 2011.- Los abogados y académicos de la Universidad de Chile: Carola Canelo, Miguel Gonzáles y Joaquín Polit presentaron una solicitud para que se fiscalice el cumplimiento de le ley que rige a las universidades privadas y aplique las sanciones pertinentes. Se requería al Ministerio una serie de antecedentes administrativos y financieros. Con esto, según el diputado “se sustenta que se advirtió tempranamente que se infringía el ordenamiento jurídico (…) y esto último llevó a determinar que esta era la causal para dar inicio a una auditoría a la Universidad del Mar; es decir, el Ministro tenía y tiene el poder de fiscalizar”.

14 junio de 2012.- El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, presentó formalmente dos denuncias referentes a posibles infracciones, entre ellas de la Universidad Santo Tomás. Ante este hecho el legislador señaló que el ministro Beyer en medios de comunicación nacional cayó en contradicciones.

30 mayo 2012.- El entonces rector Raúl Urrutia presentó carta de renuncia a la Universidad del Mar, aludiendo que en el mismo período en que no se cancelaron imposiciones, sí se pagaron 600 millones a los controladores, directa o indirectamente, a través de sus inmobiliarias. “Estos mismos hechos son los que habían sido informados por los académicos de la Universidad de Chile y en el momento en el que se le requirió (al Ministro) que realizara su rol”, dijo el diputado Núñez.

En su opinión “todas estas citas cronológicas son suficientes para formarse la más absoluta convicción de que aquí se ha infringido la Constitución y las leyes, en particular el no respetar el principio de probidad (…) tenemos la absoluta convicción de que el destituido Ministro de Educación Harald Beyer Burgos debe ser declarado culpable”.

INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE PROBIDAD

El diputado Manuel Monsalve (escuche el audio aquí), fue el encargado de desarrollar el primer capítulo de la acusación contra el Ministro, que lo imputa de infracción al principio de probidad. Esto es, “la dimensión de falta de veracidad, por cuanto el Ministro expresó reiterada y sistemáticamente durante el 2012, lo mimo que su defensa, no tener facultades para sancionar e investigar las denuncias efectuadas por personas naturales e instituciones, en relación a la fragante vulneración de la ley que prohíbe al lucro”, detalló el diputado.

El legislador también aludió a la presentación de los abogados y académicos de la Universidad de Chile: Carola Canelo, Miguel Gonzáles y Joaquín Polit; al abogado y académico de las Universidades de Chile y Adolfo Ibáñez, Fernando Atria, con lo que se establecen precedentes para establecer que el Ministro tiene facultades fiscalizadoras.

“El ministerio tiene una facultad sancionatoria que lo transforma, en este respecto, en una suerte de superintendencia, afirmó el profesor Atria en la Comisión investigadora; es curioso por eso que el Ministro insista en que el Ministerio no es una superintendencia y cuando ésta se cree alguien tendrá el poder de fiscalizar”, pero aquí agregó el diputado Monsalve, “lo importante no es cómo se llaman los órganos del Estado, si no qué facultades le entrega la ley”.

Cabe señalar que detalló los casos de las universidades del Mar y Santo Tomás y las irregularidades que se habrían producido en la entrega de la garantía estatal a diversas universidades privadas, a través del crédito con aval del Estado.

“Como he demostrado el ministro tienen facultades fiscalizadoras, que ha negado y utilizado en forma tardía. Durante meses el señor Beyer ha buscado convencer a la opinión pública, al Parlamento y al país que carece de facultades para fiscalizar el lucro en las universidades, faltando a la verdad; ha afirmado que no existen denuncias al respecto, nuevamente faltando a la verdad; ha actuado tardíamente en el uso de sus facultades afectando severamente el cumplimento de la ley y la defensa del derecho constitucional a la educación como se evidencia en el hecho dramática de miles de estudiantes de la Universidad del Mar”, manifestó.       

FALTA CONTROL JERÁRQUICO

El segundo capítulo, tal como lo manifestó el diputado Monsalve, “se dio lugar por una serie de actos y omisiones que han significado un grave perjuicio a estudiantes, en especial a los estudiantes de la Universidad del Mar”, entre ellas la gran cantidad de universidades que fueron acreditadas durante 2010.

Uno de los puntos expuestos fue sobre la gestión de Juan José Ugarte, en la división de Educación Superior del Ministerio de Educación, “es un hecho público y notorio que durante el 2010 fueron acreditadas, sin justificación aparente, todas las universidades que participaron en dicho proceso. Lo que nos imaginamos debe haber sido estudiado por el Ministerio, ya que constituiría un salto en la calidad nunca visto”.

“El aumento –precisó el diputado-  tuvo lugar durante la presidencia subrogante de Luis Eugenio Días, quien actualmente se encuentra formalizado por los delitos de cohecho y delitos tributarios. (…) Lo acontecido con la Universidad del Mar se encuentra estrechamente relacionado con el gobierno; Ugarte no asistió a la sesión donde se acreditó dicha casa de estudios”.

Por otra parte, manifestó la situación que afecta al Sistema Nacional de Información de la Educción Superior, que depende del Ministerio de Educación y a través del cual se debe desarrollar y mantener un sistema de información de educación superior, que contenga los antecedentes para la adecuada aplicación de políticas públicas.

Al respecto, abundó el legislador, “es deber del ministerio el mantener la información y el Ministro, al no hacer correcto uso de este institución, no hace más que dejar sin ejecución las leyes, por lo que le cae la responsabilidad pertinente. El ministro no ejerció la tutela jerárquica sobre sus subordinados”.

“No puede admitirse por este Senado la tesis de la absoluta irresponsabilidad del Ministro por hechos ocurridos en su cartera, menos cuando la naturaleza delictiva de éstos son de tal gravedad que han puesto en tela de juicio el sistema de acreditación y a numerosas universidades privadas. No se puede pasar por alto, el sistema universitario vive un escenario de incertidumbre por el poco diligente actuar de un Ministro que ha buscado, por todos los medios, encubrir el lucro en la educación superior”, argumentó.

OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Por su parte, el diputado Fuad Chahín (escuche el audio aquí),  se refirió al capítulo tercero de la acusación, explicando que se funda en la negativa del Ministro de investigar y sancionar a las universidades privadas que desarrollaron actividades lucrativas, lo que contraviene la ley.

En lo que se refiere a faltas contra la Carta Fundamental, el congresista citó diversos artículos aludiendo a los ámbitos de la competencia ministerial y el principio de probidad. Describió que el ministro justificó su imposibilidad de investigar las denuncias por lucro, en la presentación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior. A su vez, el parlamentario aludió al hecho que no se dejó por escrito en el dictamen de cierre de la Universidad del Mar, que la causal era el lucro.

Estas normas habrían sido contravenidas en la medida que el secretario de Estado no habría velado por el cumplimiento de las normas de su sector, el no haber investigado denuncias concretas, y la vulneración de los principios de celeridad y exclusividad.

En cuanto a dejar las leyes sin ejecución, el diputado mencionó la Ley General de Educación donde se indica que las universidades que no son creadas por ley deben constituirse y funcionar como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro.

Finalmente, hizo un llamado a los senadores a evaluar el mérito de los argumentos. “El acusado no sólo tenía la obligación de hacer cumplir las normas, sino que también de tomar en consideración las denuncias concretas de las que tomaba conocimiento. Él abdicó de sus facultades y no aplicó las leyes…Se dijo que esta acusación iba a debilitar las instituciones, por el contrario, el incumplir la ley, las debilita”, sentenció.