Educación Superior y gratuidad: ya es una realidad

Tras arduos debates, el Senado y la Cámara de Diputados, concluyeron la tramitación del proyecto que regula el financiamiento de la gratuidad y crea un sistema de Educación Superior, que estará integrado por un conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en materia de educación superior, así como por las instituciones de educación superior.

En cuanto a su estructura, cabe destacar que el proyecto considera una nueva institucionalidad integrada por la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior y consagra diversas modificaciones al actual sistema nacional de Aseguramiento de la Calidad, es decir, en materia de acreditación.

Además consagra el financiamiento institucional para la gratuidad, disponiéndose al efecto que a él podrán acceder las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con los requisitos señalados en esta ley.

Durante el debate en la Cámara Alta, intervinieron los senadores Ena Von Baer, Andrés Allamand, Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber, Carlos  Montes, José García Ruminot, Juan Pablo Letelier, Fulvio Rossi, Ignacio Walker y Alejandro Navarro. Además de los ministros de Educación, Adriana Delpiano y de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

Los principales puntos del debate fueron: la fórmula para avanzar en el financiamiento institucional de la gratuidad en educación superior que cubre, en la actualidad, hasta el sexto decil de la población, es decir los más vulnerables. Así como las funciones y el alcance de la Superintendencia de Educación Superior.

En la oportunidad, quedaron de manifiesto las distintas miradas y posturas respecto al financiamiento de la gratuidad en el sentido que obligará a los próximos gobiernos a programar el ingreso del séptimo décil y siguientes según la evolución de los ingresos fiscales. En este punto, se hizo el punto de que era "gratuidad en la medida de lo posible" y se aludió al compromiso del próximo gobierno.

Asimismo, se debatió intensamente los efectos de lo que la oposición denomina "fijación de aranceles" a las universidades sobre todo en investigación, puesto que es de público conocimiento que "las casas de estudio del G-9 no lucran". Asimismo hubo voces que advirtieron que, con estas normas, era probable que muchos planteles que adhirieron a la gratuidad finalmente terminen retirándose por falta de financiamiento.

Al respecto, senadores del oficialismo señalaron que los principales aumentos de aranceles los registraban las universidades privadas y defendieron la necesidad de cumplir ciertos parámetros y orientaciones si los establecimientos reciben recursos del Estado.

Otro punto de ardua discusión fue el rol y alcance de la Superintendencia de Educación donde senadores de oposición hicieron presente sus discrepancias en que sea un organismo que norme, fiscalice e interprete puesto que la tendencia ha sido que existan diversos contrapesos y que no sea juez y parte. En esa línes senadores de gobierno expresaron que en muchas decisiones -como por ejemplo la apertura y cierre de una universidad- la decisión final la adopta el Minsiterio de Educación por lo que sí existe un contrapeso. 

La Sala sometió a votación en particular el texto legal, agrupando las votaciones:

Primero, se votaron en forma unánime todas las disposiciones de ley orgánica constitucional que no fueron objeto de modificaciones 

Similar unanimidad concitaron los artículos que fueron despachados con indicaciones con voto unánime.

Por 14 votos en contra y 9 a favor se rechazó una indicación renovada de la senadora Allende que se refería a la organización interna de las juntas directivas de las universidades. Aquí hicieron uso de la palabra los senadores Von Baer, Allamand y Coloma quienes abogaron por la efectiva independencia de estos órganos colegiados; mientras que los senadores Allende Quintana y Lagos Weber explicaron que se trataba de dar una orientación de equidad.

Por falta de quórum (21 votos) se rechazó la solicitud de votación separada que apuntaba a eliminar una disposición relativa a las facultades del administrador provisional ya que en caso de cierre o revocación “requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”.

Hicieron uso de la palabra los senadores Von Baer, Montes, Coloma, Quintana, García Ruminot y Letelier.

Luego, por 18 votos a favor y 9 abstenciones se aprobaron las normas que tienen que ver con los requisitos de las universidades para integrar el Consejo de Rectores, especialmente a las que ingresen en materia de acreditación.

Hicieron uso de la palabra los senadores Von Baer, Coloma, Allamand, Montes y Rossi.

Asimismo, se sometieron a votación separada las disposiciones relacionadas con los controladores y la regulación de los aranceles de las universidades. Aquí se desarrolló uno de los más arduos debates donde se hizo hincapié en el riesgo de desfinanciamiento de universidades del G-9 e instituciones que adscribieron a la gratuidad. Intervinieron los senadores Von Baer, Allamand, Montes, García Ruminot, Coloma, Ignacio Walker, Navarro y Lagos Weber. Además de los ministros de Educación y de Hacienda. Las disposiciones se aprobaron con votación dividida por 13 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

Por último, en el artículo 2 letra i sobre “respeto y promoción de los derechos humanos”, por acuerdo de la Sala, se aprobó por unanimidad la indicación que incorpora el rechazo al acoso sexual y laboral, así como la discriminación arbitraria.