Impulsan Comisión Especial para estudio de la contaminación en el centro y sur del país

Con 23 votos a favor se aprobó en la Sala del Senado el proyecto de acuerdo para constituir una comisión especial para el estudio de la contaminación ambiental en las zonas Centro y Sur del país, cuyo objetivo es proponer  medidas para recuperar los niveles de calidad ambiental en las zonas saturadas, mitigar los efectos de la contaminación en la población y promover la aplicación de planes de largo plazo que garanticen el derecho a vivir en un medio ambiente sano y saludable.  (Boletín N° S 1670-12).

La iniciativa fue presentada por los senadores Eugenio Tuma, Carolina Goic, Ena von Baer, Alfonso De Urresti, José  García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Felipe Harboe, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira, Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros y Andrés Zaldívar.

 La conformación de esta comisión especial del Senado, fue un compromiso asumido por el senador Tuma durante un Encuentro de Propuestas de Descontaminación, realizado en Temuco, en el mes de mayo. Sobre el apoyo transversal a la iniciativa el legislador dijo que “están avanzando en el camino para buscar soluciones de fondo y terminar con la improvisación ante el problema de contaminación”.

En la misma línea indicó que “se requiere una política pública territorial e intersectorial para enfrentar las causas y efectos en la población y el medio ambiente de esta problemática, porque no es posible que cada invierno los hospitales y consultorios estén repletos de personas que sufren enfermedades respiratorias producto de los elevados índices de saturación. No podemos esperar que vivamos una crisis sanitaria para reaccionar ante un problema que es evidente”.

Explicó que en el Sur del país hay que avanzar en campañas informativas, por ejemplo sobre el uso de leña seca, y además enfatizó que la política habitacional debe ser revisada, específicamente por los  problemas de aislación térmica.

“La mala calidad de muchas viviendas y la construcción de casas deficientemente aisladas generan un uso excesivo de las estufas a leñas, que es una de las principales fuentes de contaminación”, dijo el vicepresidente del Senado. Sobre el trabajo de la comisión especial – que se constituirá en los próximos días- señaló que espera que “se generen propuestas que sean presentadas al Gobierno para construir políticas públicas que combatan la contaminación”.

 Cabe señalar que en el año 2011 el Informe del Ministerio de Medio Ambiente estimó que más de 4.000 personas mueren prematuramente al año por enfermedades cardiorespiratorias, asociadas a la contaminación.

Por otra parte, la Sala también aprobó por 16 votos favorables, 1 en contra y 2 abstenciones el proyecto de acuerdo donde se solicita a la Presidenta Bachelet el inicio de un proceso de renovación de la institucionalidad ambiental, especialmente en materia de participación ciudadana y la revisión, en el contexto de la agenda energética propuesta por el Gobierno, de los supuestos e instituciones sobre los cuales se ha constituido su matriz en los últimos cuarenta años.

La iniciativa impulsada por los senadores Alfonso De Urresti, Isabel Allende, Carlos Bianchi, Guido Girardi, Antonio Horvath, Carlos Montes, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi y Patricio Walker, también expresó su satisfacción por el acuerdo adoptado por el Comité de Ministros respecto de Hidroaysén (Boletín N°S 1672-12).

En esa línea los legisladores aseguraron que “la declaración final de inviabilidad del Proyecto Hidroaysén debe constituir el inicio de un proceso nacional de reflexión, consulta y aporte, en el cual de manera informada, oportuna y participativa, las chilenas y chilenos podamos consensuar no solo una nueva matriz energética sustentable para Chile, sino que, también, el modelo de sociedad que queremos”.

Asimismo, por unanimidad, el Senado visó el proyecto de acuerdo de los senadores Alfonso De Urresti, Pedro Araya, Felipe Harboe, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi y Eugenio Tuma donde solicitan a la Jefa de Estado la elaboración de una estrategia de mediano y largo plazo para limitar el avance de la desertificación, prevenir sus efectos e implementar campañas de información y educación de las consecuencias perniciosas del cambio climático, la erosión y la desertificación. (Boletín N° S 1682-12).

Los legisladores impulsores de la iniciativa señalaron que el proceso global de la desertificación en el territorio nacional, correspondería principalmente a la mitad norte (I a VIII Región) y a la zona austral del país (XI y XII Región).

Asimismo, establecen que “según antecedentes del "Mapa Preliminar de la Desertificación en Chile" (CONAF, 1999), donde se analizaron 290 comunas, el 93% de éstas se encontrarían afectadas en diferentes grados por procesos de desertificación, el resto (7%) no muestra signos activos”.

Agregaron que “los científicos pronostican que de aquí al año 2030, entre las latitudes en que se ubican Anca y Chiloé, ocurrirá un calentamiento promedio de 2 a 4 grados Celsius, con intensificación de la aridez en la zona norte, avance del desierto hacia el sur, reducción hídrica en la zona central, aumento de precipitaciones en la zona sur y disminución de los glaciares”.

De este modo, “el avance del desierto en Chile a regiones semiáridas y australes se ha estimado en 0,4 km. por año (algunos autores señalan hasta 1 km al año), por lo que en 3 siglos más en el escenario más optimista, la IV región estaría incluida en el desierto de Atacama, y en el más pesimista, avanzaría a porciones significativas de la V Región”.

Puntualizaron que “la desertificación afecta en nuestro país a 1,5 millones de personas y contribuye a la migración anual del 3% de la población en las zonas afectadas. En la escala nacional, como las exportaciones agropecuarias y forestales de Chile superan los 12.000 millones de dólares anuales, por cada 1% de disminución en la capacidad productiva del territorio, se pierde permanentemente unos 120 millones de dólares en el PIB, pérdidas que recaen primordialmente en las áreas rurales más pobres”.

Por estas razones, enfatizaron que “la pérdida de fertilidad de los suelos se traduce en menores cosechas y producción ganadera. La precarización de la vida campesina potencia la migración campo-ciudad, con lo que se engrosan las filas de trabajadores no calificados y los cordones de pobreza en torno a las grandes ciudades”.