Incentivo para la inclusión laboral de personas con capacidades distintas: moción pasa a tercer trámite

Por unanimidad, la Cámara Alta despachó a tercer trámite el proyecto de  ley que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad.

La norma responde a mociones refundidas y concitó el interés de los legisladores, quienes manifestaron que el proyecto es "un importante paso para un cambio cultural", con una norma que contempla la discriminación positiva, una revisión cada cuatro años de los resultados de la implementación y la inclusión de cuotas en la administración del Estado y diferentes poderes, además de las grandes empresas privadas.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Baldo Prokurica, Juan Pablo Letelier, Lily Pérez, Hernán Larraín, Carlos Bianchi, Carolina Goic, Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Ena Von Baer, Andrés Allamand, Alejandro García Huidobro, Isabel Allende, Eugenio Tuma, Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán y Ricardo Lagos Weber.   

El proyecto propone:

- Impone a los órganos de la Administración del Estado, al Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, que se encuentren en procesos de selección de personal, el deber de considerar en forma preferente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad.

- En las instituciones señaladas que posean una dotación anual superior a 200 funcionarios o trabajadores, a lo menos un 1% de ésta deberá estar constituida por personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

- Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará los parámetros, procedimientos y demás elementos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones consignadas o para justificar la excusa por parte de los órganos de la Administración Central.

- Corresponderá al jefe superior o jefatura máxima del órgano, servicio o institución correspondiente, el deber de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación de reserva de cupos, cuyo incumplimiento deberá ser justificado fundadamente ante la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad.

- Impone a las grandes empresas privadas que, en lo laboral, se rijan por el Código del Trabajo, el deber de contratar o mantener, en relación al total de sus trabajadores, al menos un 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

- Sólo por razones fundadas y por el período de 12 meses, el empleador podrá excusarse de la obligación a que se refiere este proyecto de ley, lo que deberá informar a la Dirección del Trabajo, con copia al Servicio Nacional de la Discapacidad, debiendo la primera pronunciarse sobre si acoge o rechaza la excepción solicitada.

- Impone al empleador el deber de registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, dentro de los 15 días siguientes a su celebración, a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, a la que le corresponderá llevar un registro actualizado y reservado de esta información, así como la fiscalización de este tipo de contrataciones.

- Establece dos medidas a través de las cuales el empleador podrá alternativamente, y sólo durante los 2 primeros años desde que le sea exigible la obligación a que se refiere este proyecto de ley, darle cumplimiento ejecutando una o ambas de ellas.

- Deroga la norma que permitía, en el caso de la contratación de una persona con discapacidad mental, la estipulación libre de una remuneración sin que se aplicara el piso de las normas sobre ingreso mínimo.

El senador Prokurica consideró que la norma "constituye un avance con la deuda que tenemos con los discapacitados", pero advirtió que hay que establecer claridad con respecto a la "igualdad" ante el proceso de selección. A su turno, el senador Letelier, indicó que con este avance "se marca un antes y un después en la inclusión y la necesaria reivindicación para las personas con discapacidad" y dejó constancia que en los municipios es donde hay más avance con el tema de la inserción.

"Derechamente estamos hablando de una discriminación positiva, de incorporar a través de una norma legal", defendió la senadora Pérez, para quien una alianza entre el mundo laboral público y privado serán claves para seguir avanzando. En la misma línea, el senador Larraín manifestó que "vale la pena subrayar que el proyecto incluye una disposición que obliga a evaluar, cada cuatro años, el funcionamiento de las definiciones" lo que fue compartido por el senador Lagos Weber, quien agregó que "este aspecto debería ser incorporado en otras leyes".

Para el senador Bianchi la inclusión será positiva para el ambiente laboral, "se va a oxigenar, pero espero que no nos quedemos solamente con este 1% y, además, podamos avanzar en pensiones más justas para este sector". Postura similar hizo presente el senador Tuma, quien añadió que "espera un cambio cultural para entregar más oportunidades".

Las senadoras Muñoz y Goic recordaron la tramitación de las mociones y valoraron el trabajo de la Comisión de Gobierno y la indicación sustitutiva que permitió avanzar. "Aquí se eliminan discriminaciones que no tiene justificación y se aseguran las remuneraciones legales", resaltaron.

Otro aspecto fue el que enfatizó el senador Quinteros quien, pese a respaldar el proyecto, llamó a evitar la pérdida de la pensión básica solidaria de invalidez para quienes se integren al mundo laboral.

"Se pone el tema sobre la mesa, se visibiliza", coincidieron los senadores Von Baer, Allamand y García Huidobro y subrayaron que estas herramientas contribuyen a una mejor calidad de vida, lo que también fue expuesto por el senador Coloma, quien además anunció que las abstenciones en el informe, tras las aclaraciones durante el debate, se transformaban en apoyo al proyecto.

La senadora Allende aprovechó de señalar que también se avanza con otras normas relacionadas  y destacó la promulgación del proyecto que permitirá que personas ciegas, sordas o mudas lleguen a ser jueces o notarios.

Las herramientas que se otorgan son lo que permite que se avance en la dirección correcta, destacó el senador Chahuán, quien además recordó mociones relacionadas presentadas años atrás.

El proyecto, que recibió modificaciones en su segundo trámite constitucional, ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, quienes se pronunciarán al respecto.