Incentivos a la forestación: valoran aporte del instrumento de bonificación pero quieren analizar sus consecuencias ambientales y sociales

La falta de una Conaf pública que pueda administrar y fiscalizar los recursos destinados a incentivar la forestación y los impactos a nivel ambiental y social que tiene esta actividad, fueron algunas de las inquietudes que surgieron durante la primera jornada de debate del proyecto, en segundo trámite, que modifica  y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el Decreto Ley N° 701 de 1974.

A petición de los senadores Mariano Ruiz- Esquide e Isabel Allende, en nombre de sus respetivos Comités, el texto legal que busca promover la forestación de 590 mil hectáreas en 20 años, quedó con segunda discusión.

Durante el debate intervinieron los senadores Hernán Larraín, Antonio Horvath, Juan Antonio Coloma, Hosaín Sabag, Baldo Prokurica, Alejandro García Huidobro, Isabel Allende y Mariano Ruiz Esquide. Además del ministro de Agricultura subrogante, Álvaro Cruzat.

El senador Larraín, en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura, entregó una detallada cuenta del proyecto, así como de las diversas audiencias que se efectuaron para escuchar a todos los sectores involucrados. Asimismo explicó que se trata de extender una bonificación relativa a predios forestales que expiró hace unos meses y que ha significado que este año no se esté usando dicho instrumento. Precisó que existe además el acuerdo que durante el debate en particular la iniciativa sea vista en Comisiones Unidas de Agricultura y Medioambiente.

Por su parte, el senador Antonio Horvath, manifestó que esta iniciativa es fundamental para enfrentar la erosión y deforestación del territorio y precisó que la capacidad de crecimiento de las plantaciones forestales es reconocida como un medio para captar dióxido de carbono. Agregó que en Chile aún existen 2,3 millones de hectáreas susceptibles de ser forestadas, que corresponden a terrenos degradados que se encuentran principalmente en manos de pequeños y medianos propietarios. Por ello, señala, el proyecto pretende  incorporar dichos suelos al desarrollo forestal esperando forestar del orden de 590 mil hectáreas en los próximos veinte años.

El senador Coloma manifestó la “convicción de que este proyecto es extraordinariamente importante para el mundo forestal y más ampliamente para los sectores agrícolas del país, pensando particularmente en la zona centro sur de chile. Si hay una política pública exitosa, desde todo punto de vista es la de incentivo forestal”. También destacó que “la capacidad de producción de nuestros bosques es mayor de lo que había hace 10, 20 o 30 años atrás”, si se produce esta positiva ecuación público privada el resultado es muy positivo, en amplios sectores de Chile.

A su turno, el senador Sabag aclaró que “hace mucho tiempo que los grupos grandes no tienen derecho a participar de la bonificación del decreto 701, es más esas grandes empresas ninguna está plantando nuevos bosques, están solamente forestando lo que explotan y se están yendo del país”. También señaló que estas grandes empresas no están comprando terrenos porque en Chile es más caro, en comparación con otros países como Brasil y Uruguay. Destacó lo conveniente de modificar este decreto y focalizarlo para los más pequeños y fundamentalmente para los suelos.

Por su parte, el senador Prokurica manifestó que “tengo mis dudas de que haya otra norma en nuestro país que haya creado tanto beneficio, no sólo en la reforestación, en la creación de trabajo, en la reparación del medio ambiente, en el ataque de lo que es la  descertificación, en el desarrollo y en otras áreas, que el decreto 701. Chile es el único país de toda américa que puede decir que hoy día tiene mayor superficie que antes forestada”. Asimismo valoró  que se focalizan las bonificaciones y adicionalmente se creó un registro de operadores forestales, además de incorporar medidas y beneficios especiales para las comunidades indígenas.

El senador García Huidobro, destacó la iniciativa y señaló que “es una revolución en el sector forestal agrícola para aquellos que no tenían otras posibilidades de forestar o de atajar la erosión de sus campos”. Sin embargo, llamó a “analizar la situación de los terrenos que están en manos del Estado y que no tienen un cuidado sustentable, que no están con posibilidad de reforestarse y nos debemos hacer cargo de ellos, falta esa visión. No vamos a bonificar al Estado, pero hay que buscar la manera de solución este tema y abordarlo en la discusión en particular”.

Una visión distinta entregó la senadora Allende, quien a nombre de su Comité, del Partido Socialista justificó la petición de segunda discusión porque “hay una evidente contradicción pues no contamos con una contraparte técnica que maneje los recursos. “No contamos con una Conaf pública y ojalá este proyecto hubiese pasado por la Comisión de Medioambiente y tuviera una mirada distinta porque originalmente fue muy economicista y los beneficiarios fueron los grandes propietarios forestales quienes no siempre tuvieron una buena convivencia con los trabajadores”.

Coincidió con su par, el senador Ruiz- Esquide quien se mostró contrario al proyecto y explicó que propuso al Ejecutivo “prorrogar por un año la actual ley de modo de darnos un tiempo para analizar estos temas. Pero el gobierno dijo que no”. A su juicio hay razones fundadas para no votar el proyecto por ejemplo, no se pueden entregar US$700 millones a una entidad que no es pública y además por periodo de 20 años.

Finalmente, el ministro de Agricultura subrogante, Álvaro Cruzat, indicó que el proyecto tiene por objeto modificar y extender los incentivos a las forestaciones, uniendo las diversas dimensiones del desarrollo sustentable. La premisa del proyecto es que el fomento forestal contribuirá a mejorar la condición ambiental del desarrollo nacional.