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Insisten en ampliar el plazo para que casinos municipales sigan funcionando

La Sala aprobó un proyecto de acuerdo donde solicitan al Ejecutivo que incorpore en el proyecto que modifica la Ley de Casinos una indicación en tal sentido.

4 de junio de 2013

Un contundente respaldo otorgó el Senado al proyecto de acuerdo presentado por los senadores Francisco Chahuán, José García Ruminot, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos Weber, Pedro Muñoz Aburto, Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Gonzalo Uriarte, y que apunta a ampliar el plazo para que los casinos municipales sigan funcionando.


La iniciativa pide al Presidente de la República que incorpore en el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, actualmente en trámite en la Cámara de Diputados (Boletín N°5218-06), una indicación para suprimir el plazo extintivo que la ley en vigor consulta respecto de las concesiones a municipalidades o, en su defecto, lo prorrogue y que, además, haga presente la urgencia para su tramitación.


El proyecto –iniciados en mensaje- ingresó en el 2007 y se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados. Actualmente, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara Baja se encuentra estudiándolo en general.


Cabe recordar que el año 2005 fue publicada la norma que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización  de casinos de juego. Ésta indica que los permisos de operación se otorgarán sólo a sociedades anónimas cerradas, sujetas a las disposiciones de la Ley N° 18.046 y cuyo objeto social sea la explotación de un casino de juego.


Debido a que los municipios de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales administran estas dependencias y cuentan con permisos vigentes, se estableció en esta norma que éstos serán derogados desde la fecha en que las concesiones se extingan definitivamente por cualquier causa y en cualquier caso, a partir del 1 de enero del año 2016.


Considerando que estas municipalidades financian gran parte de su gestión a través de este giro, los parlamentarios manifestaron la necesidad de derogar este plazo, ampliándolo hasta quince años, de manera que los municipios busquen en ese lapso una solución definitiva a la disminución de los recursos que esta medida implicará.

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