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Ley del lobby: luz verde a informe de la Comisión Mixta

Pese a generar reparos con respecto al registro de lobistas y gestores de intereses particulares, la Sala aprobó por mayoría los acuerdos de la instancia. Posteriormente, el informe también fue ratificado por la Cámara de Diputados.

21 de enero de 2014

Tras un amplio debate, la Sala respaldó por mayoría de 24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias surgidas en torno al proyecto de ley que establece normas sobre la actividad del lobby. Luego la Cámara de Diputados aprobó la propuesta con lo cual quedó en condiciones de ser remitida para su trámite de promulgación.  

 

Una de las principales críticas que recibió el texto legal es que carece de la obligación de contar con un registro de lobistas ex antes y el peso de la prueba recaerá en el sujeto pasivo, es decir, las autoridades serán quienes deberán informar los encuentros que sostengan con lobistas y gestores de intereses particulares.

 

Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier hizo presente su reserva de constitucionalidad. Durante el debate intervinieron, además, los senadores: Hosaín Sabag, Eduardo Frei, Isabel Allende, Fulvio Rossi, Carlos Larraín, Jaime Orpis, Carlos Bianchi, Andrés Zaldívar, Ignacio Walker, Camilo Escalona, Alejandro Navarro, Ximena Rincón, Ricardo Lagos Weber, Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro y el Ministro Cristián Larroulet.

 

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA MIXTA 

 

Entre los acuerdos de la Comisión Mixta están:

 

-  Incorpora como sujeto pasivo de lobby a los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma en que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria de cada Cámara.

 

-  Establece que no constituyen lobby las reuniones de carácter público, y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.

 

-  El Consejo para la Transparencia pondrá a disposición del público los registros de lobistas y de gestores de intereses particulares en un sitio electrónico.

 

-   A los registros se podrá ingresar inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se efectúen las actividades. Habrá un registro público de lobistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e instituciones susceptibles de lobby

 

-   Con respecto a la vigencia de la ley, comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento.

 

El senador Sabag destacó que se culmina un largo proceso, que se inició en 2008, e hizo presente que, “pese que en algunos casos se aprobó con votación dividida, existió un amplio consenso en torno a la necesidad de regular la actividad del lobby como apoyo a la transparencia (…). Algunos sectores mantienen desconfianza e incredulidad, pero ha primado la disposición de avanzar, sin perjuicio que se pueda ir perfeccionando a la luz de la experiencia. En la Comisión hemos intentado que prime la transparencia”.

 

EL PESO DE LA PRUEBA

 

Adelantando su voto en contra, el senador Frei realizó una dura crítica a la iniciativa. “Hoy sacamos una ley que tiene errores de fondo, los asesores legales de las empresas no tienen la obligación de inscribirse, e insisto, a no recibir a quienes no están inscritos, cuiden su mail y teléfono celular”, sentenció el legislador, quien recordó que se señaló que se quiso entorpecer el debate, pero “precisamente por como quedó la ley, los lobistas han triunfado, porque no tendrán necesidad de registrarse y el peso de la prueba quedará en los parlamentarios”.

 

“A pesar de las deficiencias que tiene”, la senadora Allende respaldó la iniciativa, pero concordó en la necesidad de crear un registro previo de lobistas, “que nos permitiría mayor transparencia y conocer reamente quiénes se dedican al lobby, remunerado o no. Espero que lo podamos corregir”, sentenció. La legisladora también reprochó que el peso de la prueba recaerá en los sujetos pasivos, lo que se “tengo mis serias dudas de que será efectivo. Espero que esto no sea letra muerta”.

 

“Voto a favor, pero me queda un sabor amargo y espero que la presidenta Bachelet pueda presentar una indicación para mejorarlo”, manifestó el senador Rossi, quien cuestionó la falta del registro previo y el que los asesores de las empresas no tendrán la obligación de informar su actividad de lobby. “Durante muchos años se ha sembrado un manto de duda respecto de la actividad, no solamente parlamentaria, sino que la relación entre la política y el dinero”, indicó y llamó a despejar “las áreas grises”.

 

En tanto, el senador Carlos Larraín hizo presente su voto en contra, “porque es la cristalización de una ideología perniciosa, que es de la trasparencia total y tiene una limitante grave: deja fuera del control a los entes que funcionan sin fines de lucro. Se hace el distingo entre el lobista y el gestor de intereses particulares, pero hay varios que no perciben o declaran no percibirla, porque este es el reino de los pillos, algunos ejercerán sin declaración previa y vamos a seguir con el mismo problema, en cambio las personas honradas tendrán serios problemas de desplegar sus ideas”

 

REGISTRO

 

El senador Orpis, en tanto, se refirió a los dos aspectos más discutidos en la Comisión Mixta, referidos al registro y a que inicialmente se incluía como sujetos pasivos a los secretarios de las comisiones. El senador destacó que para el primer punto existe la opción de un registro ex antes y del ex pos, “me parece correcta esta la opción”. Para la segunda disposición “se concordó que los secretarios de comisiones cumplen un papel de ministros de fe, no toman decisiones”, aclaró.

 

“El lobby que hicieron los lobistas logró que no exista el registro previo, esto nos traerá una situación muy compleja, los lobistas no aparecen como tal”, reprochó el senador Bianchi y alertó que a diario se juntan con instituciones de distintos índole, “o nos cruzamos con distintas personas en los pasillos” lo que según la ley deberá ser informado como lobby. Nos obstante, señaló “vamos a votar a favor, porque la señal en contra no sé si sería  mejor o peor que la explicación”.

 

Postura similar manifestó el senador Zaldívar, ya que la Comisión realizó mejoras al texto, “pero está mal planteado de origen. Se requiere de un registro (…). Tal como está irá en desprestigio del parlamento y de la política”, advirtió y aclaró que “voy a votar a favor, pero este proyecto debe ser revisado, el lobby debe ser el registro activo y la prueba no puede estar en el sujeto pasivo”.

 

Dejando constancia de reserva de constitucionalidad del proyecto y de “llevarlo al Tribunal Constitucional”, el senador Letelier señaló “no entiendo que un proyecto que es malo, que ataca y cuestiona a lo público, que pone el peso de la prueba en los funcionarios públicos, pueda ser un buen proyecto”. A jucio del legislador esta iniciativa “le está haciendo un daño tremendo a lo público. Nosotros vamos a tener el peso de la prueba, será imposible anotar todas las conversaciones”.

 

“Siempre hay una buena razón para postergar la votación del lobby porque este es un proyecto de claroscuros de luces y sombras”, sentenció el senador Ignacio Walker y agregó que era partidario de legislar, a pesar de todas las deficiencias y contradicciones que se realicen al proyecto. “Se necesita legislar en aras de la transparencia y probidad, tanto para el sector público como privado".

 

CRÍTICAS

 

El senador Camilo Escalona se manifestó adverso a la materia y precisó que “este proyecto no tiene consistencia por cuanto no existe el registro público de lobistas y el conjunto de obligaciones que se genera son al sector público. Aquí hay que preguntarse ¿quiénes son los lobistas? Este proyecto como está estructurado no va a funcionar. En el fondo los que siempre sufren bajo el escrutinio social son los funcionarios públicos, y al final siempre son ellos los que serán crucificados por este proyecto”.

 

A su turno, el senador Navarro, señaló "en países como Estados Unidos existen miles de lobistas y esto es un derecho. Por tanto yo quiero un registro de lobistas en el país, y así como el proyecto está no va a funcionar. Todos hemos sido objeto del lobby se hizo un  esfuerzo para tener una ley del lobby y un registro, pero como está este proyecto no convence".

 

La senadora Rincón, por su parte, sostuvo que, “esta es una actividad legítima, sin embargo el problema es que se tiene la percepción de que entrar a regularlo es algo malo y que pasamos de una ley de lobby a una ley de transparencia”. La parlamentaria añadió que “lo que se está obviando y lo medular de la discusión es el tema de la política y su financiamiento y eso es algo que no se quiere discutir".

 

Asimismo, el senador Lagos expresó que el proyecto genera varias interrogantes y planteó que la gente desea que el lobby esté regulado y los actores también lo estén, al igual que inscritos. Por último preguntó el senador, ¿si uno conversa con un Ministro de Corte Suprema o del Banco Central o del Consejo de Televisión es eso es lobby?”.

 

PRIMER PASO

 

Luego, la senadora Alvear reconoció estar en una disyuntiva compleja respecto la votación del informe. Indicó que “es preferible tener algo en vez de nada” argumentando que esta ley sería el primer pie para regular esta actividad. Al mismo tiempo admitió que esta norma no tendrá sentido si no se genera un registro previo de lobistas, perciban o no honorarios, por lo que manifestó su interés que la próxima administración envíe al Congreso Nacional un mensaje en esa dirección que complemente lo aprobado.

 

En la misma línea, el senador Gómez aseguró que el proyecto tiene ripios pero contribuye a trazar reglas básicas que permitan identificar la negociación de intereses. Se mostró satisfecho con el hecho que “obliga a todo el mundo a informar”, sin embargo, advirtió que “no se ha discutido un proyecto sobre transparencia de los recursos de los que hacen uso los parlamentarios y los partidos políticos”.

 

El senador Coloma hizo un llamado a revisar en detalle la iniciativa, puesto que “se estarían cometiendo imprecisiones respecto a lo que plantea la norma”. Así graficó, por ejemplo, que la definición de lobby es acotada y que “no se presta para cualquier cosa”. Aclaró que se explicita qué actos o hechos deben ser publicados, y que en ningún caso esta ley vendría a atentar la representación parlamentaria, por ejemplo, respecto a peticiones verbales o escritas o las presentaciones asociadas a procedimientos administrativos.

 

Finalmente, el senador García Huidobro alertó respecto a la entrada en vigencia de la ley que debería estar operativa tres meses después que se publique el reglamento. En tanto, advirtió la necesidad de incorporar entre los sujetos pasivos a los gerentes de empresas del Estado, quienes son objeto de lobby a diario, dada la cantidad de negocios en que éstos se ven involucrados. Por ello, abogó por generar una norma complementaria.

 

 

 

 

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