Más facultades para la Dirección General de Aguas (DGA) vuelven a Comisión de Recursos Hídricos

Con 32 votos a favor, la Sala dio luz verde a las ideas matrices del proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones que cursa su segundo trámite.

Con este resultado, hasta el 19 de enero, el Ejecutivo y los senadores tendrán plazo para presentar indicaciones a la propuesta que volverá a ser debatida en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los legisladores Adriana Muñoz, Baldo Prokurica, Isabel Allende, Eugenio Tuma, José García Ruminot, Jorge Pizarro, Antonio Horvath, Víctor Pérez Varela, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Juan Antonio Coloma, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira y Alejandro Navarro.

Tras la votación, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga agradeció la votación.

En el debate, los parlamentarios valoraron el perfeccionamiento de la institucionalidad de la Dirección General de Aguas, sin embargo algunos senadores de oposición hicieron ver que los otros proyectos en trámite relativos al agua, por ejemplo, los cambios al Código de Aguas (Boletín N° 7543-12), no contarán con su respaldo.

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto adecuar las instancias institucionales y normativas que regulan el uso del agua, para garantizar la seguridad hídrica y aplicar una efectiva administración integrada de este recurso, que permita una gestión eficiente, eficaz, sustentable y participativa del recurso.

Contenido:

- Aumenta el campo de fiscalización de la Dirección General de Aguas al reconocerse explícitamente que un cauce de río tiene, no sólo un elemento superficial, sino que también forma parte de él su elemento subterráneo, quedando la Dirección automáticamente facultada para fiscalizar cualquier acción de intervención ilegal de un cauce en cualquiera de sus dos niveles.

- Fortalece las herramientas que permitan a la Dirección General de Aguas contar con la información necesaria respecto de la cantidad de agua que se utiliza y en qué se usa, y así poder generar políticas eficaces para una adecuada administración de los recursos hídricos y fomentar una efectiva operación y gestión de los derechos de aprovechamiento de aguas.

- Establece la obligación de medición y envío de información de caudales por parte de los propietarios exclusivos de los acueductos a las organizaciones de usuarios de aguas.

- Se perfecciona competencia de la Dirección respecto de los cauces, la utilización de las aguas de drenajes y la información respecto de su uso, la medición de caudales y niveles freáticos y transmisión de esa información en zonas de prohibición y restricción en la gestión de aguas subterráneas, junto a la especificación de la información requerida en los procedimientos de inscripciones y transferencias.

- Elimina la obligación de los notarios de informar respecto de los contratos que hubieren otorgado, toda vez que la información fehaciente es aquella que consta en los respectivos registros de los Conservadores de Bienes Raíces.

- Determina que los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar a la Dirección General de Aguas, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acto que se realice ante ellos, la información de las inscripciones relativas a los derechos de aprovechamiento de aguas y sus antecedentes.

- La Dirección General de Aguas deberá informar, al menos dos veces al año, a las organizaciones de usuarios respectivas todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que se hayan practicado en el Registro.

- Elimina la autorización judicial para solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando se ordene la paralización y destrucción de obras ilegales, de modo tal de facilitar las labores de fiscalización que ejerce la Dirección.

- Aumentan las multas por falta de mantención de canales y obras mayores.

- Crea la sanción de caducidad de los derechos de agua en caso de duplicidad de título.

-Incrementa el monto y crea sanciones para algunos casos relacionados con la entrega de información falsa o manifiestamente errónea.

-Dispone que son beneficiarios del sistema de drenaje todos aquellos que lo utilizan para desaguar sus predios y de este modo aprovechar las aguas provenientes de los mismos, quienes deberán informar las características del sistema, la ubicación de la captación y el caudal drenado a la Dirección General de Aguas.

- Establece que si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos, mediante resolución fundada.

MUÑOZ

“Este proyecto contempla varios cambios respecto a la fiscalización que realiza la Dirección General de Aguas (DGA), particularmente en cuanto al robo de este recurso. La idea es que este organismo pueda recopilar la información necesaria para mejorar su gestión”.

PROKURICA

“La disposición de agua es muy baja desde la región Metropolitana al norte, y ahí se ubica más del 60% de la población. Este proyecto va en la línea correcta porque se fortalece la DGA, pero es necesario desarrollar la debida infraestructura. Lo que echo de menos es que se impulse una campaña de educación para el uso racional”.

ALLENDE

“La DGA necesita contar con más y mejor información. Ahora, con esta ley, las organizaciones de usuarios deberán construir y mantener un sistema de la extracción de agua para entregar estos antecedentes al organismo. También hay un vacío de la información jurídica, de allí que deberá darse cuenta de los dominios y derechos”.

TUMA

“Quiero valorar que en este proyecto se cumplan los compromisos que muchas veces hemos suscrito con la ciudadanía, porque le hemos dicho que vamos a modifica el Código de Aguas y este recurso será un bien de uso público. Tenemos un serio problema de desertificación”.

GARCÍA RUMINOT

“Con esta norma buscamos mejorar la efectividad de los tipos penales en materia de aguas. En la Comisión Especial se han hecho cambios importantes al texto. Creo que el Ministerio de Bienes Nacionales también debería informar aquellas aguas a su cargo. Tengo dudas respecto de la proporcionalidad de las multas”.

PIZARRO

“Se busca fortalecer la institucionalidad pública del organismo que vela porque se aplique el correcto uso del agua. En cuanto a las multas, vienen elevaciones importantes, todo para evitar que se sigan vaciando las cuencas. La discusión ha estado mal influenciada, se confunden conceptos. Se dice que con estos proyectos se terminan con los derechos y eso no es cierto”.

HORVATH

“Quiero destacar los tres ejes de esta ley que son la información, la fiscalización y las sanciones.  Me parece que debe haber una proporcionalidad mejor entre el daño causado y la compensación. Hay que reforzar la necesidad de hacer eficiente el uso del agua con un debido manejo integral de cuencas”.

PÉREZ VARELA

“Este proyecto ha tenido buena recepción de todos los sectores. Expresar que quien discrepa con el proyecto de Código de Aguas, tergiversa la información, creo que es equivocado. La institucionalidad del agua en Chile es débil porque está distribuida en muchas manos que no resuelven los problemas”.

CHAHUÁN

“Se hace necesaria una gestión eficiente de las herramientas de la DGA considerando cómo avanza la desertificación por Chile. Quiero advertir que esto podría generar una excesiva judicialización. Podrían ponerse en marcha los tribunales contenciosos administrativos para evitar este temor”.

DE URRESTI

“La escasez hídrica cruza a todo el país. Lo fundamental es que se cumpla que el agua debe ser para el uso humano. En cuanto a la fiscalización, es básico que la DGA tenga la capacidad normativa necesaria, también es valorable que ahora   Carabineros pueda ayudar en la gestión. Valoro a su vez, el sistema de multas”.

COLOMA

“En la discusión en particular debería verse le informe de la Corte Suprema respecto al proyecto. El documento hace reparos respecto a la reclamación de aguas que debe hacerse solo en la capital. Así se propone que las resoluciones del director nacional de aguas puedan ser reclamadas en la Corte de Apelaciones de Santiago pero también en las de Apelaciones del lugar donde ocurre el hecho”.

LETELIER

“En el Congreso estamos debatiendo tres proyectos asociados al tema del agua. Es una irresponsabilidad política la campaña del terror que hace el director de la SNA, Patricio Crespo, diciendo que se quiere expropiar los derechos de agua a los agricultores, ocultando el problema de fondo que es poner fin a los especuladores de un recurso escaso”.

MOREIRA

“Cuando se dice que el agua es de todos los chilenos por ser bien nacional de uso público, no se puede invocar eso para expropiar el derecho de los agricultores. En este caso, la realidad hídrica depende mucho de la zona del país y estamos frente a un proyecto razonable. Igual creo que se deberían hacerse cambios de manera más gradual”.

NAVARRO

“Hay una mayoría que somos partidarios de devolver el agua a manos del Estado, de todos. Eso lo veremos en un próximo proyecto. Mientras en esta norma, quiero hacer ver que no participaron representantes de la sociedad civil, personas que hacen uso del recurso y encabezan proyectos. Las empresas hidroeléctricas tienen prioridad en el uso y eso debe cambiar”.