Personas con discapacidad representarán el 1% del sector público y el privado: proyecto de inclusión se convirtió en ley

Por unanimidad (29 votos a favor) la Sala del Senado ratificó el informe de la Comisión Mixta para el proyecto de ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, lo que fue destacado por los legisladores, quienes manifestaron la importancia y los nuevos desafíos sociales que plantea la integración. Luego, la Sala de la Cámara hizo lo propio con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida para su trámite de promulgación.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Fulvio Rossi, Carolina Goic, Baldo Prokurica, Víctor Pérez Varela, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi y Francisco Chahuán, además de los Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza y del Trabajo, Alejandra Krauss.  

Los parlamentarios también hicieron énfasis en la necesidad de profundizar las medidas e incentivos para la integración social, así como las medidas de fiscalización de las políticas de inclusión.

La moción impone a los órganos de la Administración del Estado, al Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, que se encuentren en procesos de selección de personal, el deber de considerar en forma preferente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad.

En las instituciones señaladas que posean una dotación anual de 100 o más funcionarios, a lo menos un 1% de ésta deberá estar constituida por personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación que establece este proyecto de ley.

Permite a las personas con discapacidad celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, hasta los 26 años de edad.

Prohíbe dentro de la Administración Pública, todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, o aquéllas basadas en motivos tales como de raza, situación socioeconómica, idioma, opinión política, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo.

Extiende la obligación de reserva de cupo de al menos un 1% para personas con discapacidad, que cuenten con la debida calificación y certificación de tal, a todas las empresas del sector privado que cuenten con 100 o más trabajadores.

Impone al empleador el deber de registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, dentro de los 15 días siguientes a su celebración, a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, a la que le corresponderá llevar un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información.

Establece medidas alternativas para las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación de reserva de cupo.

Deroga la norma que permitía, en el caso de la contratación de una persona con discapacidad mental, la estipulación libre de una remuneración sin que se aplicara el piso de las normas sobre ingreso mínimo.

QUINTEROS:

"Resulta gratificante ver cómo el país se moderniza con este proyecto. Es difícil encontrar un hogar en que no se recibida esta noticia con alegría. Pero donde está el verdadero desafío no es en su discusión, ni es su promulgación, sino que cuando se materialice, llegar a este propósito requiere el compromiso de todos".

MUÑOZ:

"En mi calidad de presidenta de la Comisión Mixta quiero decir que este no fue un debate fácil, nos costó más de tres sesiones, especialmente por el guarismo del 1% a ser incluido. La Comisión acordó eliminar la disposición que pactaba remuneraciones parciales, sino que fuera total. Esta propuesta resume más de 11 mociones parlamentarias presentado en esta materia".

ROSSI:

"Resaltar la importancia de este proyecto, no solo es una señal potente para fomentar y promover la inclusión laboral de personas que tengan capacidades diferentes, sino que empezar a trabajar en temas previos, como la ausencia de una oferta suficiente de instituciones que entreguen herramientas laborales y capacitación para enfrentar con éxito el mundo del trabajo, hay que promover el cambio cultural".

GOIC:

"Lo que sustenta este proyecto es como vamos cambiando una cultura, podemos desarrollarnos en potencial con capacidades que son distintas. Es un espíritu propositivo y no una imposición de una cuota, tomando en cuenta el espíritu de todas las personas y acordar un guarismo que podamos cumplir y que a medida que se va cumpliendo la ley poder revisarla".  

PROKURICA:

"Quiero felicitar a los diputados autores de este proyecto por haber empujado y permitidos que este proyecto se tramitado aprobado. La OMS ha dicho que un 15% sufre algún tipo de discapacidad, y en Chile es un 20% de la población algunos más leve, pero sufren una discriminación que producto de la legislación, no son admitidos, especialmente en la administración pública". 

PEREZ VARELA:

“Este proyecto da un paso importante para que las personas con discapacidad puedan tener la oportunidad de empezar a trabajar en sector público y privado. Pero, sin duda hay que dar otros pasos, generando otros mecanismos y estableciendo obligaciones y regulaciones pero también incentivos para que las empresas busquen nuevas alternativas que permita incorporar a personas con discapacidad”.

NAVARRO:

“Lo que hay que garantizar es una mayor inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral, pues se compite en desigualdad de condiciones. Es un sector que llega al 10% de la población… Apoyamos esta iniciativa pero espero que el Estado garantice que va a haber fiscalización y espero que esta norma se cumpla”.

BIANCHI:

“Cuán injusta es nuestra sociedad y qué atrasados estamos en materia de inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad, incluso hasta para acudir a realizar un trámite”.. “Este proyecto establece la inclusión en el sector público y privado, en especial empresas con más de 100 trabajadores, pero creo que nada impide que se contrate a alguien que puede ser un gran aporte”.

CHAHUAN:

“Con este proyecto estamos generando mayores condiciones de equidad para las personas con discapacidad. Espero que esta Mesa también pueda imitar los buenos ejemplos, tales como los de la Cámara, en el sentido de incorporar también al Senado a personas con alguna discapacidad”.