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Proponen protección para los datos personales y promocionar una cultura para este fin

La Cámara Alta solicitó a la Presidenta de la República remitir una iniciativa legislativa tendiente a dar protección a los datos personales de Chile, consolidando en el Consejo para la Transparencia las competencias de tuición de dicha normativa.

8 de mayo de 2016

Con la aprobación unánime de un proyecto de acuerdo, el Senado respaldó unánimemente un proyecto de acuerdo, por medio del cual solicitan a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para que remita al Congreso Nacional una iniciativa legislativa tendiente a dar protección a los datos personales de Chile, consolidando en el Consejo para la Transparencia las competencias de tuición de dicha normativa y de promoción de una cultura de  protección de datos  personales en Chile.

 

Imagen foto_00000002En el texto presentado, los legisladores manifiestan que "ha llegado el momento que se enfrente transversalmente y con urgencia la tarea de actualizar la normativa vigente en materia de protección de datos personales. El contexto internacional, las nuevas tecnologías, la protección de los datos en internet y el flujo transfronterizo de datos son desafíos centrales que como país no podemos sino resolver adecuadamente en el Parlamento con urgencia.

 

El acuerdo fue adherido por los senadores Hernán Larraín, Lily Pérez San Martín, Jaqueline Van Rysselberghe, Andrés Allamand, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García Ruminot, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Manuel Antonio Matta, Carlos Montes, Iván Moreira, Jaime Orpis, Víctor Pérez Varela, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica y Andrés Zaldívar.

 

CONTEXTO

 

La Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, data del año 1999, y hasta la fecha ha sido objeto de escasas modificaciones. El legislador no ha introducido cambios sustanciales al modelo desarrollado hace más de 15 años.

 

La estructura y el modelo básico sobre el cual se erige el sistema de protección de los datos personales se mantiene inalterable desde el año 1999. Las carencias de la legislación deben ser suplidas de cara a los desafíos que enfrenta el país. Los avances en la tecnología han impactado fuertemente en la cantidad y forma de manejar y administrar bases de datos entre los distintos órganos de la Administración del Estado y la transferencia internacional de los mismos, esferas que no están resueltas en la ley.

 

"Sin nuevas reglas para los datos personales peligra, no sólo la privacidad de los ciudadanos, sino también la usabilidad de servicios públicos y el desarrollo económico asociado a servicios que requieren de un marco regulatorio idóneo para el tratamiento lícito de los datos", denuncian los autores.

 

ESTÁNDARES OCDE

 

Por otro lado, manifiestan que las directrices de la OCDE que obligan a Chile, deben ser consideradas como estándares mínimos que se puedan complementar con otras medidas que tiendan a proteger y otorgar mayor seguridad a la privacidad y los datos personales.

 

Dichas directrices fijan principios, a partir de los cuales debe establecerse cualquier estatuto que pretenda regular y otorgar una adecuada protección de los datos personales. Estos principios, en la esfera internacional orientan a que "los países miembros deberán abstenerse de restringir el intercambio transfronterizo de datos personales con otros países miembros, excepto cuando el país receptor todavía no observe de forma sustancial estas directrices o cuando la reexportación de tales datos burle la legislación nacional sobre privacidad"; y, en el ámbito nacional, "deberán crear procedimientos o institucionales legales, administrativos o de otro tipo para garantizar la protección de la privacidad y las libertades individuales en relación con los datos personales".

 

A juicio de los congresistas, "la falta de mecanismos de protección de datos se hace evidente desde las fallas y déficits que afectan sustantivamente los derechos de los ciudadanos chilenos. En los últimos años, han salido a la luz pública situaciones preocupantes que ejemplifican este diagnóstico. Son casos en los cuales, de una u otra manera, se ha conocido el inadecuado tratamiento de datos personales que algunos organismos públicos están llevando a cabo, y la insuficiencia de la regulación actual para sancionar y resguardar adecuadamente los derechos que se están viendo vulnerados".

 

HACIA UNA INSTITUCIONALIDAD

 

La protección y el tratamiento de datos personales, en el escenario actual, se encuentra en un nivel precario de aseguramiento, indican los senadores. "Ante cualquier vulneración de los derechos reconocidos en la Ley N° 19.628, queda como única alternativa la de recurrir ante los tribunales ordinarios, mecanismo que dificulta el acceso a la justicia de los ciudadanos. Sin el patrocinio de un abogado, no existe posibilidad de reclamación. Además, el proceso no considera, las peculiaridades de carga probatoria, plazos de tramitación o la celeridad que se requiere en esta materia".

 

Ante esto, actualizar la normativa resulta esencial para prevenir, o al menos poder fiscalizar y sancionar adecuadamente, hechos como los descritos y recoger y regular normativamente el tratamiento de datos acorde a la práctica internacional.

 

Una cultura de protección de datos personales requiere la consagración de un órgano garante, con atribuciones de promoción, resolutorias, normativas y fiscalizadoras y una clara misión de contribuir a difundir su conocimiento.

 

Un cambio de la Ley N° 19.628, sin una institucionalidad adecuada, puede naufragar rápidamente.

 

El Consejo para la Transparencia mediante Oficio N°2160, de 14 de marzo de 2016, dirigido al Senado de la República, ha dado un significativo paso manifestando la disposición en orden a constituirse en el futuro órgano garante en materia de protección de datos personales en Chile, señalando que "esta Corporación pone a vuestra disposición, toda la experiencia institucional y el conocimiento adquirido en la implementación de un derecho fundamental, como lo es el derecho de acceso a la información, con la finalidad de constituirse en una posible solución ante la necesidad de contar con un órgano garante eficiente y eficaz."

 

Por tanto, los poderes colegisladores tienen una oportunidad única hoy de dar un salto en materia de protección de los derechos de todos los ciudadanos. La reforma de la Ley N° 19.628 requiere una acción mancomunada de todos los sectores políticos, de Gobierno y de oposición. A su vez, agregaron, "los colegisladores debemos atender a la experiencia de instituciones como el Consejo para la Transparencia. Su conocimiento práctico y su modelo de gestión podrían constituir la base -con los debidos ajustes institucionales- para asumir el desafío de promover una verdadera cultura de protección de los datos personales en nuestro país".

 

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