Reforma Educacional pasa su prueba en la Sala del Senado y es visada en general

Tras más de 9 horas de ardua discusión, la Sala del Senado aprobó por 23 votos a favor y 15 sufragios en contra, la idea de legislar del proyecto en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. (Boletín Nº 9366-04).

De este modo, la iniciativa calificada como la reforma estructural a la educación más importante de los últimos 25 años, quedó con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 02 de enero 2015.

Asimismo, tras una breve discusión sobre si la iniciativa sería enviada a Comisiones Unidas de Hacienda y Educación se zanjó la decisión en la misma Sala aprobando por 11 votos contra 6, que el texto vaya a las instancias unidas.

Durante la primera parte, el debate estuvo centrado en aspectos reglamentarios por diferencias surgidas para la consideración de normas como orgánicas constitucionales e hicieron uso de la palabra los senadores Andrés Allamand, Andrés Zaldívar, Alberto Espina, Hernán Larraín y la Ministra Ximena Rincón.

Tras reunión de Comités, se acordó por unanimidad que el proyecto se discutirá en general y se sancionará en una sola votación, respetando el quorum orgánico constitucional, es decir, 22 senadores.

En la sesión extraordinaria argumentaron su postura los senadores Fulvio Rossi, Ignacio Walker, Andrés Allamand, Ena Von Baer y Jaime Quintana.

En la jornada vespertina intervinieron los senadores Eugenio Tuma, José García Ruminot, Carlos Montes, Baldo Prokurica, Jacqueline Van Rysselberghe, Víctor Pérez Varela, Alfonso De Urresti, Patricio Walker, Alberto Espina, Rabindranath Quinteros, Lily Pérez, Iván Moreira, Adriana Muñoz, Manuel José Ossandón, Carlos Bianchi, Alejandro Guillier, Alejandro García Huidobro, Carolina Goic, Antonio Horvath, Juan Antonio Coloma, Pedro Araya, Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, Alejandro Navarro, Andrés Zaldívar, Jaime Orpis, Juan Pablo Letelier, Hernán Larraín, Jorge Pizarro y Francisco Chahuán. Asimismo en medio del debate, hizo lo propio el Ministro de Educación.

En lo fundamental el proyecto de ley persigue, según se señala en sus fundamentos:

- Avanzar en terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de que el Estado de Chile garantice a toda su población el derecho a una educación de calidad.

- Para ello la iniciativa se sustenta en tres ejes que consisten en el fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiamiento compartido, aspectos que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar, de manera efectiva, la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos e hijas, impidiendo la existencia de barreras económicas o de otro tipo para la educación de ellos.

- En definitiva, puntualiza el Mensaje, se busca avanzar hacia un cambio en el paradigma de la educación, a fin de reconocerla como un derecho social fundamental, poseedora de un valor público y republicano innegable, y que por tanto debe ser garantizada por el Estado asegurando su provisión gratuita en el contexto de un sistema mixto.

El senador Rossi en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, realizó un detallado informe sobre la norma y destacó el número de audiencias de los diversos actores relacionados; en tanto, al argumentar su voto reforzó que es "imprescindible hacer esta reforma, porque tenemos un serio problema de calidad" y criticó que en el actual sistema el aprendizaje de un niño está determinado "por la herencia de cuna" y las escuelas son "tremendamente homogéneas". El legislador llamó a erradicar "la educación como un bien de consumo". Asimismo rechazó lo que calificó como "una serie de mitos que se han usado en el marco del debate".

En la misma línea, el senador Ignacio Walker destacó las 56 personas e instituciones que aportaron al debate. "He confirmado que los objetivos, fundamentos y justificaciones de este proyecto han quedado acreditados, razón por la cual voy a votar a favor", sentenció; no obstante, adelantó que durante la discusión en particular "hay mucho paño por cortar y tenemos confianza en que las indicaciones que tiene que presentar el Ejecutivo recogerá muchas de las sugerencias que hemos hecho en la Cámara y en el Senado".

Posición contraria hizo presente el senado Allamand, quien criticó fuertemente algunas declaraciones realizadas por el Ministro de Educación y manifestó que varios expositores dejaron constancia que la norma obliga a optar entre la opinión de los padres y el interés general, es decir, "una completamente falsa disyuntiva y este proyecto trata de ir contra la voluntad de padres de clase media (…) este es el verdadero telón de fondo de una propuesta prisionera de la ideología y de la arrogancia (…) y afecta al corazón de la libertad de enseñanza".

Asimismo, la senadora Von Baer recalcó que "si no mejora la calidad, no se ocupa de la educación pública, entonces ¿cuál es la lógica de esta reforma? es de ideología de izquierda y busca que predomine el Estado en la educación, ahogando al sector particular subvencionado". Además, reprochó que el copago terminará en 2034, "por lo que la educación gratuita no va a ser realidad". La precisó, además, que la educación cuesta entre 150 mil y 200 mil pesos, y que el aporte llegaría solo a los 90 mil, "los expertos dicen que con esto no se logrará calidad". Asimismo hizo "un homenaje a aquellos sostenedores que han dedicado su vida a la enseñanza" y que hoy se ven en una situación de sospecha.

Por su parte, el senador Quintana acentuó las más de 70 horas de discusión en general que hubo en la Comisión y aseguró que “los padres velan por el interés de sus hijos y el interés general es responsabilidad del legislador”. "El propio académico Fontaine insiste en que el lucro solo ha generado dificultades a la educación en Chile", señaló; en otro orden aportó que según datos del SII son unos 400 millones de dólares al año "las utilidades de uno de los grandes grupos económicos del país y cabe precisar que la subvención general no rinde cuenta, porque no es tributable".

El senador Tuma aseguró que “el proyecto pretende recuperar la educación como un derecho, que es la idea central del paquete de esta reforma, que parte en la iniciativa que hoy discutimos”. En cuanto a la realidad que vive la región de La Araucanía –que representa-, reconoció que “el 60% de los establecimientos corresponde a particulares subvencionados que han permitido llevar educación a las zonas rurales (...) No veo lucro en la mayoría de esas escuelas”, dijo abogando por la fiscalización.

Luego, el senador García Ruminot detalló la inversión que implica esta reforma, la que calificó como “improvisada”. Aseguró que este set de modificaciones implica en régimen, mil millones de dólares, no obstante admitió que “habrá más gasto fiscal a cambio de nada”. En esa línea garantizó que los fondos que iba a entregar la reforma tributaria (3% del PIB), no serán tales debido a la desaceleración económica que han provocado estos mismos cambios; junto con criticar “la mirada parcial que se está dando a estos temas”.

Para el senador Montes, la discusión no avanza porque “la derecha se opone a cualquier cambio”, argumentando que “se busca generar un nuevo paradigma que termine con la escandalosa desigualdad generada en dictadura, lo que nos permitiría volver al curso histórico”. A su parecer, la clave está en “definir los conceptos de educación y calidad; plantear las bases de la educación pública; y terminar con el modelo de mercado”. Asimismo enfatizó que la base es “que los recursos públicos se usen solo para educar, puesto que no hacerlo es un delito”.

El senador Prokurica entregó cifras del Mineduc, detallando que de los 3 millones de escolares, el 53% estudia en el sistema particular subvencionado; y que entre el 2003 y el 2013, la matrícula de las escuelas públicas cayó un 27%. “Comparto los objetivos del proyecto pero critico que se restrinja la libertad de enseñanza, particularmente cuando se le negará a muchos sostenedores continuar con los proyectos educacionales que han impulsado por años”, explicó.

Como “de una soberbia intelectual atroz y de una irresponsabilidad impresionante” calificó la senadora Van Rysselberghe el proyecto en discusión. “Hicimos una reforma tributaria para solucionar estos problemas de los que se habló en la campaña (…) Además no se sabe en qué se van a usar estos dineros” declaró asegurando que el Oficialismo no reconoce el rechazo que despierta en la ciudadanía la norma, argumentando que “se declara que la gente no la entiende, y eso me parece de una soberbia suma”.

En la línea de la intervención anterior, el senador Pérez Varela planteó que esta propuesta “está llena de paradojas”. Recordó así la visita a Finlandia del titular de la Mineduc, donde presentó el paquete de reformas, pero “no nos contó cómo le fue porque allá jamás habrían hecho cambios como estos”. A su vez, el legislador criticó “que se confundan los conceptos de lo público y lo estatal” junto con admitir que “también está provocando incertidumbre la desmunipalización”.

“No tenemos una educación a la altura de lo que merece esta sociedad, estamos ante una educación que segrega, selecciona y tiene lucro, generando gehttos”, sentenció el senador De Urresti. El legislador indicó que no quiere, como padre y como legislador, que se siga discriminando, por lo que respaldó fuertemente la reforma. “Hay muchos que se han enriquecido a costa de recursos públicos, para terminar con la selección vamos a estar disponibles y a un cambio de educación para una sociedad más igualitaria”, recalcó.

A su turno, el senador Patricio Walker aclaró que “efectivamente, este proyecto no resuelve todos los problemas de la educación, la calidad no queda 100% resuelta, pero sí resuelve algunos de los problemas que hoy existen. (…) Tenemos mucha ilusión que sea un proyecto contundente para detener la baja de matrícula pública”. El legislador adelantó que presentarán indicaciones, especialmente, para evitar el cierre de colegios y dejó constancia de que se debe avanzar en no exigir al sostenedor ser dueño de la infraestructura  y que se permita el arriendo regulado, entre otros.

Aludiendo a la baja adhesión pública que tiene la reforma, el senador Espina argumentó que se debe a que “los apoderados se han dado cuenta que el núcleo de la reforma es erróneo” e invitó a escuchar al sector. Asimismo, hizo presente que el 70% de los colegios particulares subvencionados son de profesores que están teniendo un emprendimiento, por lo que valoró aún más su existencia. “Lo primero que plantea el proyecto es impedir la legítima ganancia de un emprendimiento”, a lo que se declaró contrario, porque existen instituciones que pueden fiscalizar y adelantó que el mensaje posee vicios de constitucionalidad, por lo que hizo público su rechazo.

En tanto, el senador Quinteros indicó que comprende que los cambios siempre inquietan, “pero aquí estamos hablando de la educación de todos los chilenos” sin distinción y criticó que se asuma que la enseñanza es un bien de consumo “y por más de 30 años el modelo ha profundizado la brecha que divide la sociedad. (…) Contrariamente a lo que señala el discurso de los detractores, esta no es una reforma contra de la educación particular subvencionada, no va contra el derecho de las familias para elegir la educación de sus hijos”, opinó.

Luego, pese a que declaró que “comparte” el terminar con la discriminación, ir eliminando el copago y promover la inclusión, la senadora Pérez San Martín anunció su rechazo porque “no comparto la forma, ni el fondo como se ha ido tramitando este proyecto”, ya que a su juicio no se garantizan los suficientes recursos para una educación de calidad, encontrándose lejos de los estándares recomendados; además para la legisladora se deberían considerar los talentos y méritos de los alumnos, “es parte de la libertad de los alumnos y padres”, acentuó

Haciendo un llamado a transparentar los reales objetivos de fondo de la reforma, el senador Moreira criticó la propuesta, “no me vengan con cuentos, esta es una discusión ideológica”, y denunció que de haberse querido cambiar el sistema, se hubiera hecho hace 20 años atrás. “Aquí se está tratando de hacer, de manera simulada, reducir el marco de acción de los padres en la educación de sus hijos”. En otro plano, en su calidad de senador evangélico “no puedo permitir que una reforma como esta perjudique a muchos establecimientos educacionales particulares subvencionados que promueven los principios y valores cristianos”, reveló.

La senadora Muñoz hizo énfasis en que “el origen de esta profunda reforma a la educación que lleva adelante la Presidenta Bachelet fueron las movilizaciones estudiantiles del año 2006”. Admitió que pese a que “va a costar desmontar este sistema instalado desde la dictadura. El amplio respaldo a la Presidenta y la representación parlamentaria exige avanzar en las grandes reformas comprometidas”.

“Nunca me ha gustado ni tampoco demonizo el lucro en educación”, dijo el senador Ossandón quien aseguró que “echarle la culpa a los colegios particulares subvencionados, o al copago de la segregación es una mentira”. Indicó que los colegios particulares subvencionados han cumplido una tremenda labor y aseguró que el problema es que “partimos al revés” porque a su juicio “primero se debió partir por mejorar la educación pública”.

El senador Bianchi dejó constancia que “no hay duda que se requiere una reforma en educación”, no obstante, advirtió que el lucro se da en “áreas más concentradas” pues “en Magallanes hay numerosos sostenedores que tomaron la decisión de llevar adelante emprendimientos donde hay pasión y éxito”. Por eso manifestó que se requiere que el Estado fiscalice y que cumpla su labor avanzando en una reforma a la educación pública”.

A su turno, el senador Guillier apuntó a las muestras de “desesperación” y “perjuicio” que han surgido durante el debate. “La reforma a la educación es una necesidad” y recordó que la educación pública fue “expresamente abandonada en el diseño de régimen militar”. Argumentó que “si bien podríamos haber empezado por otro lado hoy las cartas están sobre la mesa”.

Una opinión distinta expresó el senador García Huidobro quien aludió a las declaraciones de la Presidenta Bachelet en el sentido que se debería haber partido por una reforma a la educación pública. Añadió que “durante el programa de gobierno, en ningún momento se dijo que iban a desaparecer los colegios particulares subvencionados ni que iba a haber una tómbola para ingresar a colegios por lo cual, las personas que tienen a sus hijos en estos establecimientos están en la incertidumbre total”.

La senadora Goic puntualizó que “éste es uno de varios proyectos que nos permiten abordar la reforma educacional y la decisión que debemos tomar es si estamos de acuerdo con el sentido de este proyecto”. Agregó que “el debate no ha sido fácil, ha estado lleno de mitos y difusiones públicas que más bien buscan confundir”. Por ello, recalcó que “este no es un proyecto en contra de educación particular subvencionada, por el contrario lo que hace es reconocer la provisión mixta”.

El senador Horvath anunció su voto favorable reconociendo que “llegamos a un acuerdo con el Mineduc, el que se comprometió a plasmar varias de nuestras observaciones en indicaciones”. Entre los temas que serían sometidos a debate estarían el aumento de las rentas de los profesores, la desmunicipalización, la disminución de alumnos en la sala de clases y la evaluación docente. A su vez, recordó que en el 2012 presentó una propuesta para terminar con el lucro en el sistema que sería la base de lo que hoy se debate.

Para el senador Coloma, “resulta inentendible querer terminar con un sistema educacional (particular subvencionado) que es el más demandado con el fin de dárselo a la estructura municipal”. En su opinión, resulta insólito que “queramos barrer con el sistema aplicado en los últimos 30 años”. Asimismo, garantizó que “acá no se quiere desmunicipalizar, sino estatizar la educación” planteando que “esta reforma tenía todos elementos para que se alcanzaran acuerdos, pero los errores estuvieron en la presentación de los proyectos asociados”.

El senador Araya reconoció que esta norma enfrenta la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Así manifestó que “la libertad de los padres de elegir el colegio en que pondrán sus hijos, descansa en su limitada capacidad de pago”. Desde una óptica personal, comentó que desde pequeño se le enseñó que la única forma de progresar es contar con educación, tras lo cual admitió que “tengo la convicción que esta es una reforma necesaria”.

A juicio del senador Girardi, la única forma en que Chile alcance su desarrollo será “que la educación esté en sintonía con el proyecto país”. Responsabilizó así de la desigualdad en el modelo educativo, “a la derecha que ha impuesto la educación como un bien de consumo que potencia el estatus”.  Al mismo tiempo, criticó los múltiples proyectos educativos, abogando para que éstos se unifiquen en función de las necesidades territoriales, tal y como ocurre en las naciones del primer mundo.

Como un proyecto que “no será uno más”, sino que concentrará una larga y difícil discusión, catalogó el senador Lagos Weber, para quien el mensaje en cuestión “es parte de una reforma más grande y constructiva. Este es un gobierno transformador para las familias, nuestros hijos y para la sociedad”, argumentó. El congresista coincidió con los aspectos fundamentales de la norma y adelantó que existirán acuerdos para seguir avanzando, además de hacer una reseña de la historia de la educación en Chile, explicando la realidad en la materia.

“El problema de la educación en Chile no es un problema pedagógico, sino que ideológico, porque queremos llegar hacia una sociedad más igualitaria”, defendió el senador Navarro. “Cuando en 1980 la dictadura traspasó la educación pública a los municipios, lo hizo a conciencia de la destrucción de ésta. Se hizo un daño a la educación y también a los profesores”, señaló y criticó a los “conservadores de siempre” que ha sabiendas han empobrecido las escuelas y se creó el gran negocio de la educación. Y desmintió tajantemente que “este sea un proyecto que quiera destruir a los sostenedores”.

Por su parte, el senador Zaldívar planteó que no entiende a quienes votan en contra en general, “porque he escuchado a todo el mundo decir que se necesita hacer una reforma educacional y es necesaria afrontarla en su integridad para lograr una buena educación de calidad para nuestros hijos”. Incluso, agregó, cuando se discutió la Reforma Tributaria, parte de la oposición se abrió espacios para votarla a favor y uno de los fundamentos era la reforma educacional. Asimismo, explicó que “cuando se aceptó el copago era porque el Estado no estaba en condiciones de aportar recursos; hoy es un error, estamos en otra condición”.

A juicio del senador Orpis esta norma debería haberse discutido en particular y en general en el primer informe, “porque es la única manera de hablar de objetivos precisos y no apostar a qué es lo que se va a legislar”, asimismo advirtió que este mensaje debió haberse tramitado en conjunto con la educación pública y la calidad “para mí es un todo indisoluble que me habría dado muchas más luces”. El senador coincidió con la exposición, en la Comisión de Educación, de la investigadora del CEP, quien al abordar el lucro hizo presente que la evidencia nacional e internacional, señalan que no tiene impacto en la calidad de la educación.

Haciendo alusión a que fue “uno de los pocos que votó contra el financiamiento compartido, porque desde los 90’ tengo discrepancias profundas con el sistema educacional”, el senador Letelier refutó las críticas y argumentos de sus pares de la Alianza que califican la reforma educacional de “estatizante”. “Lo que se requiere es llevar nuestro modelo educacional a otro que garantice calidad, integración y resultados educativos”, dijo el legislador y agregó que “tenemos una crisis en el actual modelo y se requiere la reforma que fortalezca la educación pública”.

A su turno, el senador Larraín recalcó que “esta reforma tal como está en nada mejorará la educación” y peor aún “no hay inclusión porque se persigue y jibariza la acción del sector privado”. A continuación detalló 10 vicios de inconstitucionalidad que refleja el texto legal, entre los que se cuentan el derecho a la educación y la libertad de elección de los padres; la autonomía de los establecimientos. No obstante, aunque no hizo reserva anunció su intención de corregir durante el debate en particular estos aspectos.

El senador Pizarro insistió en los objetivos de la reforma y resaltó que “todos queremos garantizar calidad en la educación pública porque el diagnóstico en sociedad es que Chile es tremendamente desigual, segregador e injusto”. Aclaró que no son los sostenedores los que garantizan gratuidad en educación y manifestó que el problema es que “como sociedad debemos ponernos de acuerdo en cómo garantizamos calidad sabiendo que no lo hacen ni los particulares subvencionados ni los municipalizados”.

El senador Chahuán echó de menos temas como la dignificación del profesorado, la carrera docente con evaluación incorporada y la educación de adultos en el debate de esta reforma. “Ni una palabra para evaluar el impacto de la jornada escolar completa”, dijo y se está improvisando en una reforma estructural. Junto con entregar una serie de cifras que dan cuenta del aumento de la matrícula en la educación particular subvencionada, donde muchos sostenedores son profesores que encabezan estos emprendimientos. Por ello, llamó al gobierno a “no golpear a la clase media”.