Sala comenzará revisión de proyectos sobre concesiones eléctricas y probidad pública

Tres proyectos encabezan la tabla que analizará este martes 30 de abril la Sala del Senado: el relacionado con las concesiones eléctricas, el de televisión digital terrestre y el que regula la función pública desde el punto de vista de la probidad.

CONCESIONES ELÉCTRICAS

El proyecto que otorga concesiones eléctricas (Boletín N° 8270-08), se encuentra en segundo trámite y ha sido revisado por la Comisión de Minería y Energía que ya emitió un primer informe. En la Sala deberá votarse el texto en general, lo que significa que los senadores conocerán las ideas centrales de la iniciativa.

En lo sustancial, la propuesta, iniciada en mensaje, ha sido resumida por el presidente de la citada Comisión, el senador Baldo Prokurica, como un “diseño de transporte que va a significar expropiar una franja que consiste en el lugar en que van a pasar las torres y cables, con el fin de traer la energía desde lugares donde se está generando hacia los lugares de consumo”.

De hecho, se busca simplificar los requisitos que hoy se solicitan para solicitar una concesión eléctrica provisional, como por ejemplo, adecuando los plazos de ese proceso donde intervienen la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el solicitante y los posibles afectados.

Otros temas que se agilizarían son el perfeccionamiento del mecanismo de oposición y formulación de observaciones, de los sistemas de notificaciones, de tasación de inmuebles y de solución de conflictos entre concesiones, y el establecimiento de un procedimiento judicial de carácter sumario para conocer las reclamaciones.

Este proyecto tiene un carácter emblemático puesto que constituye una de las piezas esenciales que implica implementar la llamada Carretera Eléctrica Pública.

TELEVISIÓN DIGITAL

El proyecto que permite la introducción de la televisión digital terrestre (Boletín N° 6190-19) también está en segundo trámite, pero a diferencia del anterior, se encuentra en discusión en particular, es decir, la Sala deberá continuar con la revisión de cada artículo y de las indicaciones realizadas por los parlamentarios.

Dada la complejidad de la norma, las comisiones de Transporte y Telecomunicaciones; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Hacienda han estudiado su contenido, emitiendo cada una un informe con observaciones.

La iniciativa contempla la separación regulatoria entre la autorización para emitir contenidos audiovisuales y la concesión del espectro radioeléctrico para el transporte de señales de televisión, como un servicio intermedio.

De esta forma, se entrega al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad de asignar las señales, manteniendo en el Consejo Nacional de Televisión la asignación de todas las autorizaciones para ponerlas en el aire, además de las facultades de supervigilancia de los contenidos.

La norma plantea un nuevo esquema que transforma al concesionario tradicional e integrado y concentrado, habilitado para transmitir una sola señal, en el operador de una plataforma multimedial de transmisión de servicios que les permite flexibilizar el modelo de negocio, ya sea a través de contenidos segmentados, transporte de señales, transmisión de datos, u otros semejantes.

PROBIDAD PÚBLICA

Finalmente, el proyecto de probidad en la función pública (Boletín N° 7616-06) también está en segundo trámite, y la Sala deberá votarlo en general, luego que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización emitiera un primer informe.

El texto regula el ejercicio de la función pública desde la perspectiva del cumplimiento del principio de probidad, constitucional y legalmente reconocido. Con este fin, reconoce como mecanismo principal en la prevención de los conflictos de interés de los funcionarios públicos, la estructuración de una declaración de intereses y patrimonio.

En general, la norma busca potenciar la regulación de las declaraciones ya existentes, mejorándola en los aspectos que señalaremos a continuación.

Adicionalmente, recoge en un solo cuerpo normativo, la regulación vigente sobre declaración de intereses y patrimonio, la actualiza y establece nuevas obligaciones para las autoridades y funcionarios.

El proyecto también unifica la normativa actual relativa a la materia, estableciendo en este mismo cuerpo legal la regulación concerniente a otras autoridades que no forman parte de la Administración del Estado, y que hoy en día se encuentra dispersa en diversos textos legales.

A su vez, el proyecto regula nuevos mecanismos de prevención de conflictos de interés en la función pública, estableciendo la obligación de ciertas autoridades de constituir un Mandato de Administración Discrecional de Cartera de Valores, y en ciertos casos, la obligación de enajenar determinados activos.