Senado despachó veto del Presidente de la República a la Ley de Presupuestos 2013

Por 24 votos a favor y 1 en contra se aprobó la única de las cinco observaciones que envió el Presidente de la República al proyecto de Ley de Presupuestos 2013 y que apunta a perfeccionar la redacción de una glosa del Ministerio de Educación que se refiere traspaso de recursos para gastos de infraestructura en universidades privadas.

Mientras que las restantes 4 observaciones, se rechazaron por 13 votos contra 12, sin embargo y, al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, no se obtuvo el quórum necesario para insistir en el texto que salió del Congreso.

Es decir, las observaciones relacionadas con el Programa de Desarrollo Integral de Arauco, los programas de empleo y el pago de beneficios para trabajadores de la ex empresa carbonífera Schwager,  ya no son parte de la Ley de Presupuesto.

Durante el debate intervinieron los senadores José García Ruminot, Andrés Zaldívar, Francisco Chahuán, Alejandro Navarro, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber, José Antonio Gómez, Jaime Orpis, Mariano Ruiz-Esquide, Ximena Rincón, Hernán Larraín y Camilo Escalona.

El debate estuvo centrado, por un lado, en la necesidad de asumir la situación que enfrentan los beneficiarios de los programas de empleo en regiones como Biobío y Valparaíso que cumplen faenas laborales sin tener acceso a sus derechos. Y, por otro, en cuidar los marcos institucionales vigentes, en materia de facultades exclusivas del Ejecutivo para abordar estos temas de legítimas demandas sociales pero que requieren financiamiento.

Por ello, la Sala del Senado, acordó solicitar a la Comisión de Trabajo que redacte un proyecto de acuerdo, donde se elabore una petición para los programas de empleo y el pago de beneficios.

EL DEBATE

El senador García Ruminot, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que la instancia acordó no pronunciarse sobre las materias que fueron objeto de rechazo en la Cámara Baja, ya que “entendimos que la votación no tendría ningún efecto práctico”.

En tanto, el senador Andrés Zaldívar solicitó pronunciarse sobre el veto presidencial y someter a votación el numeral 2 de las observaciones y aprobarla favorablemente y, respecto a los otros 4 dejar constancia de la votación del Senado.

A su turno el senador Francisco Chahuán, señaló que "uno de los temas de mayor preocupación es que solo en dos regiones del país Valparaíso y Biobío los programas de empleo siguen siendo administrados por los municipios y, en ese contexto los trabajadores son considerados beneficiarios, por lo que se considera incompatible la entrega de bonos propios de los trabajadores". Por ello, anunció reserva de constitucionalidad, en el caso de los PGE de Valparaíso.

En la misma línea, el senador Alejandro Navarro, recalcó que en el caso de la región del Biobío los programas de empleo surgieron en el marco de una profunda crisis económica y una cesantía estructural. “Por lo tanto, ponerles límites, me parece un error. Hay que facilitar la inversión pública y privada para generar empleo de buena calidad”, dijo.

A su turno, el senador Lagos Weber, precisó que los PGE son una ayuda económico importante para regiones como Valparaíso donde durante muchos años no ha habido buenos indicadores de empleo. Hay mujeres que dependen de estos programas, dijo y que requieren que se les reconozcan sus derechos.

El senador Gómez puntualizó que “el veto presidencial es un instrumento que existe y el gobierno ha hecho uso de su facultad”. Sin embargo, indicó que el problema de fondo es que “existe un sistema que a centenares de mujeres en la V Región las hace ser beneficiarias y no trabajadoras y, por eso se vulneran todos derechos desde punto de vista laboral. No es un tema de este gobierno sino que debemos resolver la situación”.

El senador Orpis calificó de legítimas las preocupaciones y las demandas expresadas a raíz de los programas de empleo. “Me hago cargo del tema y hay que buscar una solución”, dijo. Sin embargo, aclaró que aquí el asunto es distinto porque “el origen del problema que abordaban las 4 observaciones es que se presentaron indicaciones parlamentarias que, de acuerdo a la Constitución, son de iniciativa del Presidente de la República y, si por algo se ha caracterizado Chile, es porque hemos fortalecido nuestras instituciones y solo los países con instituciones fuertes son capaces de mirar al futuro”.

Una opinión distinta manifestó, su par, el senador Ruiz- Esquide quien advirtió que “no he visto ninguna actitud que exceda los límites constitucionales. Me preocupa que responsabilicemos al Parlamento”, dijo. Añadió que en lo personal “respeto la Constitución tal como está porque es la que existe y creo que hay que cambiarla porque no da más”. No obstante añadió que hubo un esfuerzo grande para resolver los temas de empleo en la zona carbonífera de Lota y Curanilahue y criticó la “insensibilidad del gobierno para dar solución a estos temas aunque sea parcial”.

La senadora Rincón se refirió a los programas de empleo y recordó que hubo un acuerdo entre los dirigentes de la Octava Región y las autoridades regionales. Asimismo recalcó que “no puede ser que los municipios estén dando respuesta a temas que son permanentes y que se contrate en forma precaria a trabajadores de los programas de empleo para realizar labores que son propias de sus funciones, sin que se respeten los derechos de esos beneficiarios trabajadores”.

El senador Hernán Larraín advirtió que si bien este es tema que aflige en forma concreta a un gran número de personas y que debe ser atendido a la brevedad, “creo que la solución a problemas de esta naturaleza no pueden hacerse a costa de nuestra institucionalidad”. “Estamos ante un hecho esencial que es que las autoridades se sometan a atribuciones que la Constitución y las leyes les dan. A nosotros se nos está vedado incidir en materias presupuestarias” y por ello pidió separar los temas.

Ante esta situación y, tras someter a votación el veto presidencial, el Presidente del Senado, Camilo Escalona informó sobre el acuerdo de solicitar a la Comisión de Trabajo que elabore un texto de un proyecto de acuerdo que “nos represente a todos y que acoja los temas pendientes de los programas de empleo y los beneficios que reclaman los trabajadores de regiones como la V y la VIII”.