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Transformación de IP y CFT en entidades sin fines de lucro pasa su primera prueba

Ahora el texto volverá a la Comisión de Educación y Cultura donde se harán mejoras a su articulado.

7 de septiembre de 2016

Imagen foto_00000014Con 21 votos favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Sala aprobó las ideas matrices del proyecto en primer trámite que permite la transformación de los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) en personas jurídicas de aquellas regidas en el título XXXIII del Libro I del Código Civil, es decir, sin fines de lucro.

 

Con este resultado, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura deberán revisar el contenido de la propuesta que será perfeccionada mediante indicaciones.

 

En la sesión, hicieron uso de la palabra los senadores Ignacio Walker, Rabindranath Quinteros, Alejandro Guillier, Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Andrés Allamand, Jaime Quintana, Ena Von Baer, Alfonso De Urresti, Andrés Zaldívar, Hernán Larraín y Alejandro Navarro. A su vez, en distintos momentos intervino la Ministra de Educación, Adriana Delpiano.

 

Entre los temas del debate estuvieron el traspaso de Inacap a la CPC en los 80, la necesidad de fortalecer la educación técnica, el acceso a la gratuidad y la ley de educación superior.

 

PROYECTO

 

Imagen foto_00000016El proyecto de ley, iniciado en sendas mociones de los senadores Ricardo Lagos, Carlos Montes y Andrés Zaldívar la primera, y de los senadores Juan Pablo Letelier y Jaime Quintana, la segunda, tiene por objeto facilitar la transformación de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica en personas jurídicas sin fines de lucro, a fin que sus estudiantes puedan acceder al beneficio de la gratuidad, en la medida que dichos planteles cumplan también con los requisitos de calidad y otros exigidos por el Ministerio de Educación.

 

Contenido:

 

- Permite que los Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica, que actualmente se encuentren constituidos como sociedades (civil o comercial) y que, además, cuenten con reconocimiento oficial, sean autónomos y se encuentren acreditados, se transformen en personas jurídicas sin fines de lucro, regidas por el Código Civil, mediante la reforma de sus estatutos constitutivos, manteniendo inalteradamente su personalidad jurídica, sin solución de continuidad.

 

- Regula el procedimiento de transformación de estos organismos educacionales, permitiendo que éstos sean absorbidos por fusión con o en una corporación o fundación de derecho privado sin fines de lucro.

 

-Determina que las sociedades que se hayan transformado en corporaciones de derecho privado sin fines de lucro mantendrán su reconocimiento oficial, autonomía y acreditación y se entenderá que la corporación que se forme sucede a la persona organizadora del respectivo Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica para todos los efectos legales, especialmente en términos académicos ante el Ministerio de Educación.

 

-Estipula que la modificación o los antecedentes sobre la fusión o transferencia de derechos y obligaciones, según corresponda, deberán registrarse en el Ministerio de Educación.

 

-Define que los centros de formación técnica o institutos profesionales que, sin utilizar la transformación o fusión antes referidas, se reorganicen como personas jurídicas sin fines de lucro mantendrán su reconocimiento oficial, autonomía y acreditación vigentes, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos que establece este proyecto de ley.

 

DEBATE

 

IGNACIO WALKER

“La norma permite transformar a IP y CFT en personas jurídicas sin fines de lucro. El origen está en la reducción del presupuesto del año pasado, que rige hoy, sobre la glosa de educación. Se trata de 97 instituciones con más de medio millón de alumnos. Hay 16 CFT que persiguen fines de lucro y 15 IP en la misma calidad. Se trata de un cambio voluntario”.

 

QUINTEROS

“Esto nace de la refirma educacional que dispone que las instituciones de educación deberán ser entidades sin fines de lucro. Así varias universidades han hecho el cambio, pero no todos los planteles de la enseñanza técnico profesional. En una sesión pasada, se plantearon dudas pero creo que los temas de fondo deben verse en el marco del debate del proyecto de educación superior”.

 

GUILLIER

“Quiero destacar el crecimiento de la matrícula de este sector, sobre todo porque faltan 600 mil profesionales técnicos en el país. Entiendo este proyecto como un intento de sacar el lucro de este segmento para generar una estructura orgánica que capture fondos. Creo que el lucro en este sector es legítimo y legal, por lo que deben establecerse las figuras para que ese patrimonio no se pierda”.

 

ALLENDE

“Los dineros públicos deben invertirse en educación y nunca se deben desviar a fines distintos. Este es el trasfondo de la reforma del sector. Hay que considerar que los sectores más vulnerables son los más beneficiados por la educación técnica profesional. Comparto la idea de avanzar, de manera que esta organizaciones puedan pasar a esta categoría respetando su tiempo de acreditación”.

 

LETELIER

“Este proyecto permite a estas instituciones pasar a este nuevo estado. No creo en la educación superior gratuita universal. Pienso que deben haber exigencias de entrada. Creo que hay universidades y CFT de dudosa calidad, y terminan endeudando a estas personas de manera brutal. Tenemos serios reparos con Inacap, no sobre su calidad, pero sí respecto a su patrimonio”.

 

ALLAMAND

“Algunos sectores nos han hecho ver que este proyecto no sirve porque incorpora condiciones que son inviables. Cuando partimos con el debate no sabíamos qué iba a pasar con el proyecto de educación superior. Existía la fantasía de la gratuidad al 2020 para todos. Pero hoy sabemos que para el 2017 está previsto el 50%. Es falso que esta norma sea voluntaria, porque aquellos que no cambian su estatus, no pueden acceder a la gratuidad. Además el texto es inconstitucional”.

 

QUINTANA

“Creo que la pregunta que debemos hacerlos es si ¿alguien cree que a una institución que hoy lucra, se le pueden entregar recursos del Estado, después de lo que pasó el 2011? Acá no estamos discutiendo la gratuidad. Esto es un pequeño proyecto e incluso simbólico. Es una alternativa voluntaria con tres modalidades, no se obliga a nadie”.

 

VON BAER

“Me da vergüenza que el próximo año se inicie el año académico de dos universidades que no se sabe dónde van a funcionar, ni que carreras van a impartir. La razón por la cual se tramita con rapidez este proyecto, es que nuevamente vamos a ver el tema de la gratuidad en una glosa. En esta solo se verán beneficiadas las universidades, mientras que los IP y CFT quedarán fuera. Esta es una decisión de este Gobierno”.

 

DE URRESTI

“Este es un proyecto que busca el término del lucro en la medida de lo posible. En los 80 cometimos un error de diseño cuando cambiamos la conformación de Inacap que alteró la administración del instituto. Me voy a abstener en este proyecto para que abordemos de una vez por todas, la situación de Inacap. Hoy es una institución capturada por los gremios de la producción”.

 

ZALDÍVAR

“Creo que hay que relevar Inacap y no me parece lo que se ha dicho acá. Lo que hay que ver ahora es este proyecto del que soy autor. Los propios interesados nos pidieron buscar esta solución. Estos institutos nos solicitaron ser entidades sin fines de lucro. Si queremos tener una educación de calidad, vamos a exigir que todos se acrediten”.

 

LARRAÍN

“El Inacap es una institución sin fines de lucro, ahora si se quiere estatizar, que se diga. Esto puede ser riesgoso. Una institución tan valiosa como esa está pasando malos momentos. Este proyecto tiene un problema básico. El no tener fines de lucro se transforma en requisito para acceder a la gratuidad y eso es tergiversar el sentido de la ley. Estamos frente a una iniciativa que no sabemos qué fin persigue y quiero hacer reserva expresa de constitucionalidad”.

 

NAVARRO

“Cuando discutíamos la ley sobre becas en el gobierno de Piñera, nos decían que no podíamos obligar a acreditarse porque eso significaba intervenir en la propiedad. Ahora queremos discriminar entre buenas y malas universidades, pero no hacerlo con los estudiantes de más y menos recursos. También quiero recordar el paso de Inacap a manos privadas, lo que fue nefasto en los años 80”.

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