Un “dique de contención” para la pesca ilegal: proyecto que moderniza Sernapesca listo para cumplir su tercer trámite

Con la masiva asistencia en las tribunas del hemiciclo, de funcionarios del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y de representantes de pescadores artesanales, el Senado despachó a tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio y que tiene por objeto modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal.

Los ejes de la discusión estuvieron centrados en la necesidad de modernizar y fortalecer este servicio que es vital para la fiscalización de la actividad productiva y la proporcionalidad de las sanciones en el caso de infracciones no solo en la extracción sino especialmente: en el procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización a gran escala de los productos.

Los parlamentarios hicieron presente que -en materia de sanciones- se requieren criterios acordes con "la capacidad económica de los infractores, de modo de no perjudicar a la pesca artesanal o a pequeños algueros". No obstante, hubo senadores como Ximena Rincón y Alejandro Navarro, que en lo relativo a las enmiendas en materia de sanciones votaron en contra, puesto que a su juicio, se requería de una revisión más exhaustiva pues las normas no asegurarían ni volúmenes de pesca ni excepciones. 

Otro tema que surgió en el debate tuvo que ver con aspectos reglamentarios, en especial, la obligatoriedad de consulta a las comunidades indígenas que eventualmente pudieran verse afectadas. Allí, senadores como Alejandro Navarro y Francisco Huenchumilla hicieron presente sus inquietudes y la senadora Yasna Provoste incluso pidió reactivar la Comisión Bicameral del Convenio 169, ante lo cual el Ejecutivo recordó que el proyecto ingresó en la anterior administración y dicha consulta que establece el Convenio 169 de la OIT, no se contempló.

Tampoco estuvo exento del debate la modificación a la Ley General de Pesca, donde la senadora Isabel Allende recalcó la necesidad de "terminar con la altísima concentración de los industriales". No obstante, su par, el senador Iván Moreira, recordó que la actual oposición fue gobierno y "tuvo mayoría los últimos 4 años en el Congreso y sigue teniéndola para poder modificar esta legislación".

Cabe recordar que durante el estudio en particular, el mensaje fue analizado por las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y la de Hacienda.

Durante la sesión se realizaron dos sufragios, tras la solicitud de la senadora Rincón de votación separada, en lo que dice relación con la modificación de la ley de pesca y las responsabilidades penales.

Con todo, se aprobó por unanimidad lo que determinaron los legisladores como “primera parte del proyecto”, concerniente a las modificaciones de Sernapesca, para lo cual intervinieron los senadores Rabindranath Quinteros, Felipe Harboe y Jorge Pizarro, todos ellos detallaron los principales cambios para fortalecer al Servicio, en su facultad fiscalizadora y el aumento del 23% de su planta de funcionarios.

Asimismo, destacaron que se deja atrás lo que hoy sucede con la ley: “castiga la extracción ilegal, es decir al pescador, pero no se abordan las etapas posteriores como el procesamiento y comercialización, las que son muy relevantes y que lo convierten en uno de los tráficos más lucrativos que tenemos en el país (…) Con este proyecto se sanciona la poscaptura”, valoraron.

Para Sernapesca se incluye una asignación de fortalecimiento de la función pública por el desempeño de labores de monitoreo, control y vigilancia de la actividad pesquera y de acuicultura, para el personal de planta y a contrata del Servicio; y se incrementa la dotación máxima de personal en 253 cupos.

La norma, además, define la pesca ilegal como toda actividad pesquera extractiva efectuada en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, sea utilizando o no embarcaciones nacionales o extranjeras, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente. También se considera como pesca ilegal el uso de recursos hidrobiológicos contraviniendo la normativa nacional vigente en las actividades de transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de éstos.

Conjuntamente, fortalece el proceso fiscalizador del Servicio y amplía la capacidad operativa, permitiendo que en el ejercicio de sus labores de fiscalización éste pueda usar toda clase de medios tecnológicos disponibles; entre otros refuerzos de la función.

Luego, se dio paso a la votación separada, en donde -pese a las diferencias (36 votos a favor y 2 en contra)- los legisladores destacaron el avance de fiscalización y reiteraron la importancia de incluir a los distribuidores en las sanciones por la pesca ilegal.

En la misma línea, repudiaron que este ilícito sea “tan rentable” a nivel mundial, por lo que condenaron esta práctica rotundamente.   

A juicio de la senadora Ximena Rincón, existe falta de integralidad de la legislación de pesca. “Antes de ampliar las obligaciones, sanciones y penas, es necesario redefinir las reglas del juego entre agentes industriales y los artesanales”, indicó y agregó que “no se incorporan en las sanciones la caducidad de la licencia de pesca, porque ese el verdadero castigo disuasivo para las grandes empresas”. Por lo mismo, fundamentó su voto en contra a las normas que delinean las sanciones.

Sin embargo, los senadores Alfonso De Urresti y Felipe Harboe precisaron que en el artículo 119 bis se establece claramente “la posibilidad de caducidad a los industriales (…) La empresa ahora se sanciona por pesca ilegal, con la caducidad, que es donde duele y también hay graduación para los pescadores y sanciones corporales más altas que la legislación vigente, separando lo penal de lo administrativo”, se detalló.

A su turno, el senador Iván Moreira recordó que “en su minuto tuvimos aprensiones, por qué no se presentaron dos proyectos distintos, uno para el Servicio y otro para la pesca ilegal”. Además, advirtió que se estima que anualmente, de manera ilegal, hay cerca de 320 mil toneladas en las principales  pesquerías en Chile, lo que les deja ganancias cercanas a los 300 millones de dólares.

Mismas cifras fueron expuestas por la senadora Carmen Gloria Aravena, quien señaló que “la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita en magnitud a nivel mundial (…) y puede representar a más del 15% de la pesca en el mundo”. Asimismo, reslató que “esta no es una ley en contra de los artesanales, sino que todo lo contrario”.

Haciendo presente su voto en contra para las normas sobre la ley de pesca y sanciones, el senador Alejandro Navarro indicó que “no parece justo que la modernización de un servicio se cargue a la pesca ilegal”, además de cuestionar que la definición de “trabajo ilícito” resulta amplia y puede ser interpretada, advirtió. Por otro lado, hizo presente que el proyecto no contemplaba la consulta a los pueblos originarios, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Se sumó a esta inquietud, el senador Francisco Huenchumilla quien precisó que "toda norma jurídica requiere certezas" y "si un proyecto afecta los términos del Convenio 169 es obligación del Ejecutivo hacer la consulta y dicha obligación no se termina una vez presentado el proyecto. En tanto, el senador Juan Pablo Letelier precisó que no hay que olvidar que esta ley tiene como fin en un 99% resolver la situación de los trabjadores de Sernapesca y, adicionalmente, genera procedimientos... que en nada afectan los derechos de pueblos originarios".

Asimismo, el senador José Miguel Insulza hizo presente su apoyo a "los trabajadores y sindicatos de la pesca industrial que son perjudicados por maniobras de monopolio. Ellos también se ven afectados y he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones de trabajadores y creo que cuando hablamos de consultar a las minorías y armonizar con el Convenio 169 tambien deberíamos considerar las opiniones de estos sindicatos".

Los senadores Kenneth Pugh y José Miguel Durana abogaron por el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca puesto que reconocer la labor de un organismo que cuenta con "una dotación mínima y permite al Estado fiscalizar un recurso que nos permitirá alimentarnos mejor".  Asimismo destacaron que se incorporan sanciones a la pesca ilegal y "hoy quienes resultan más duramente sancionados son los pescadores más pobres que viven de la pesca artesanal".

En la misma línea, las senadoras Isabel Allende y Yasna Provoste precisaron que se estima que la pesca ilegal cuadruplica el volumen de la pesca lícita, por lo cual hace mucho al país, por lo mismo insistieron en la gradualidad, proporción y reincidencia de las infracciones. "Hoy, se imponen multas a la pesca artesanal, pero sin salida alternativa y creo que este proyecto empareja la cancha pues se endurecen las penas a los que procesan, elaboran o comercializan el producto ilegal". 

En cuanto a las sanciones el senador Iván Moreira dejó constancia de las aprensiones que existen puesto que "actualmente se sabe que la responsabilidad recae en los gerentes de planta, pero no tengo claro qué pasará cuando la elaboración y comercialización sea realizada por familias chilotas que cocen en sus casas choritos y cholgas". Además, el senador Alejandro Guillier expresó sus dudas sobre las obligaciones y costos de la modernización tecnológica que esta legislación implicará para los pequeños pescadores en cuanto a trazabilidad de sus productos.