Sanciones al transporte de desechos hacia vertederos ilegales: una norma basada en la experiencia práctica

En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones que presido, dedicamos varias sesiones a estudiar con detención la iniciativa que busca sancionar el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos o ilegales. Escuchamos a los actores directamente interesados en solucionar esta problemática. Entre ellos, oímos a la Asociación Chilena de Municipalidades y también a la Asociación de Municipalidades de Chile. Todos ellos son partidarios de darle curso a este proyecto en los términos que actualmente está redactado.

También hemos considerado el parecer de los abogados especialistas y hemos tenido a la vista la legislación comparada en el tratamiento de desechos, como la existente en España, la Unión Europea y Estados Unidos. A esta labor también se suman varias indicaciones aportadas tanto por senadores como por todos los miembros de nuestra Comisión.

El resultado de la discusión legislativa ha dado un producto que, a mi juicio, es sumamente adecuado para poner fin, en cierta medida, a las escenas que vemos normalmente en calles y predios transformados en basurales ilegales de algunas comunas del país. Especialmente, en las periferias de las ciudades.

En cuanto a su contenido, debo reconocer que este proyecto no soluciona el cien por ciento de los problemas, pero le da una tremenda herramienta a los municipios. No hay que mirar en menos a las municipalidades. La ordenanza que deberán dictar los municipios, busca facilitar la materialización de esta propuesta ya que las realidades son completamente distintas.

Cuando yo fui alcalde de Puente Alto, gastábamos mil camionadas mensuales recogiendo escombros. Esto no es menor para ciertas comunas grandes de la periferia. Esas mil camionadas significaban maquinaria para recoger escombros y luego depositarlos en vertederos.

Este es un proyecto al que le hicimos muchas indicaciones sobre la base de una experiencia absolutamente práctica. Y estoy seguro que va a ser de utilidad.

Muchas veces, se habla que gran parte del material corresponde a electrodomésticos en mal estado, pero en realidad la gran problemática de esto, son los escombros con basura, con material orgánico. Corresponden a desechos de empresas contratistas, no se trata de constructoras. El material es generado en obras pequeñas y medianas, así los contratistas no piden permiso municipal para retirar y depositar donde corresponde dichos escombros. Por lo tanto, no son controlados por la Ley General de Urbanismo.

Esto pasa en la mayoría de los municipios. Distinto es el caso de comunas como Las Condes o Vitacura donde no se genera este problema, porque ahí es muy difícil construir sin permiso municipal por la cantidad de fiscalizadores que existe. Para poder construir en esas comunas -y así debería ser en cualquiera parte de Chile- uno tiene que justificar con un contrato de disposición final, el traslado de los escombros, y si no se hace, las sanciones son muy duras.

Dicho lo anterior, el proyecto busca solucionar el problema práctico que la mayoría de las comunas periféricas tienen. Además contempla la protección de lugares que son bien nacional de uso público, porque muchos ríos, como el Maipo y parte del Mapocho, se están transformando en verdaderos basurales.

Nuestra experiencia es que en la Región Metropolitana, por ejemplo en las comunas de La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto y La Florida, esto opera a través de carretoneros. Y el control del carretón es ultracomplicado porque el conductor no tiene licencia de conducir debido a que el municipio y Carabineros están imposibilitados de llevarse el animal, y la única forma de sancionar es requisar el carretón.

En la comuna de La Pintana existe un proveedor de más de 200 carretones y 200 caballos -es un tremendo negocio-. Es responsable en gran parte, de la suciedad y desorden que se observa en el área sur de Santiago, y es imposible fiscalizarlo con la ley actual.

Y por último, también quiero destacar la importancia que tendrá la participación de los vecinos y los dirigentes vecinales. Las grabaciones y las fotografías que ellos puedan hacer, van a ser parte de las pruebas que se usarán para sancionar a quienes correspondan.