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Insisten que América Latina debería fortalecer oficinas técnicas presupuestarias para mejorar la fiscalización

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7 de septiembre de 2012

ImagenCon gran expectación los parlamentarios latinoamericanos analizaron la presentación del ex senador Jaime Gazmuri quien abordó los resultados de una investigación realizada para el BID, donde analizó la realidad  de las oficinas técnicas de apoyo presupuestario de Brasil, México, Perú, Ecuador, Venezuela y Chile.

 

Cabe señalar, que dichas conclusiones fueron difundidas durante la Mesa "Las oficinas técnicas de América Latina y el Caribe", en el marco del VIII Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo, que se llevó a cabo en la Sala de Sesiones, del Congreso Nacional, sede Santiago.

 

Junto al ex senador Gazmuri participaron en la instancia de discusión el diputado colombiano y presidente de la Comisión Cuarta Constitucional, Juan Felipe Lemos; el diputado hondureño e integrante de la Comisión de Presupuesto, Romeo Silvetri y el representante del Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea y del Banco Interamericano de Desarrollo, Seongbak Wi.

 

En la oportunidad, el ex senador Gazmuri comentó que "en general, en América Latina todavía los parlamentos tienen una participación importante, pero relativamente formal de la ejecución presupuestaria. El poder de los presidentes de la República en dicha región es aún muy fuerte en materias presupuestarias, eso ocurre también en el caso de Chile, si el Congreso no aprueba la Ley de Presupuesto, rige la anterior".


En cambio, añadió  "en Estados Unidos, sino se aprueba el presupuesto por parte del Parlamento, no hay sueldos para el mes siguiente, y eso obliga, obviamente, a llegar a un acuerdo.  En México, existe un debate y recuerdo cuando ocurrió una vez un rechazo, se implementó igual la Ley de Presupuestos".

 

Además, precisó  "las facultades que a veces tienen los parlamentarios no los utilizan bien y parte de ello, es porque existe una disimetría entre la información de los gobiernos y los congresos. Obviamente, los gobiernos presentan los presupuestos y cuentan con una capacidad administrativa, técnica y profesional muy grande; mientras, los parlamentos normalmente no lo tienen".

 

Para el destacado experto nacional "los parlamentarios no tienen porqué ser expertos en finanzas y presupuestos, ellos son los representantes de la ciudadanía. Pero sí poseen criterios para discernir los temas políticos que están detrás de las opciones fiscales".

 

Por lo tanto, argumentó el ex legislador "la idea de fortalecer las oficinas técnicas independientes del Ejecutivo que dependan del Parlamento es algo fundamental para incrementar su rol de control.  Existe en la actualidad, una tendencia en América Latina que apunta a mejorar esa función, todos entienden que los gobiernos necesitan más control, fiscalización, transparencia y auditorias y el órgano llamado constitucionalmente a eso, es el Parlamento".

 

Enfatizó que "el Parlamento por una parte aprueba el presupuesto y por lo tanto, una vez al año puede pedir cuenta al Ejecutivo de cómo ha sido el gasto, y no solamente el cumplimiento numérico, sino también la calidad de éste. Además, posee una facultad de fiscalización durante todo el año y en muchas partes, se está empezando a contar con la función de informar de todo ese proceso a la ciudadanía".

 

REALIDAD CHILENA

 

Para el ex senador Jaime Gazmuri, nuestro país se ubica "en una categoría completamente intermedia" con respecto a la realidad de la oficina técnica presupuestaria.

 

En ese sentido, el ex parlamentario agregó que "sólo México y Brasil cuentan con Oficinas Técnicas totalmente desarrolladas e implementadas. En el caso de este último país, existe una oficina técnica en la Cámara de Diputados y el Senado, que trabajan muy unidas y que posee bastante capacidad analítica, cuyos profesionales son elegidos por concursos públicos".

 

Añadió que "en el 2003, propuse una iniciativa para que la Comisión Mixta de Presupuesto de Chile funcionara todo el año y no sólo durante el periodo destinado a la aprobación presupuestaria, que se inicia en septiembre, cuando el Presidente de la República envía la ley, y eso se aprobó".

 

No obstante, puntualizó que "lo que hay en Chile es una Unidad Presupuestaria, que hace un seguimiento, ordena la información, pero no tiene una capacidad de análisis económico propio, porque es una oficina pequeña. Lamentablemente, nuestro país no cuenta con una Unidad de Análisis Técnico parlamentario independiente".

 

En relación a la Ley de Presupuesto que ingresará antes de fines de septiembre al Congreso Nacional de Chile, indicó que "lo que se debería hacer, aunque sé que no tiene la capacidad, es que los legisladores constatarán que los presupuestos macroeconómicos sean coincidentes con los que deberíamos tener. Pero para eso necesitamos de una Oficina Técnica Presupuestaria que no poseemos. Entonces, para este año no vamos a poder discutir si la estimación del cobre está bien o no o si la recaudación del  IVA es correcta o no, es decir, en el área de ingresos, el Congreso Nacional tiene muy poco control".

 

Subrayó que "para ello, se necesita lograr una fuerte voluntad política, porque con sólo doce profesionales bastaría. No se trata de crear grandes burocracias, sino contar con unidades pequeñas con un alta capacidad profesional en materias económicas y de finanzas".

 

REALIDAD COLOMBIANA

 

En tanto, el presidente de la Comisión Cuarta Constitucional de Colombia, diputado Juan Felipe Lemos comentó que "en nuestro país desafortunadamente no existe una oficina técnica presupuestal, a diferencia de México, Brasil, Perú y Honduras que ya tienen organizados esos cuerpos consultivos, al interior de cada uno de sus Congresos".

 

El legislador agregó que "a pesar que no contamos con una oficina técnica presupuestaria, nuestro régimen legal sobre presupuesto en Colombia en bien intencional y eso quedó demostrado gracias a las declaraciones del BID, que señaló que poseemos un sistema presupuestales más avanzados de América Latina. Cada congresista colombiano tiene asignado cerca de $25 millones, es decir, como US$14 mil mensuales para contratar un equipo asesor, dependiendo de la especialización".

 

Lamentablemente, enfatizó que "en la gran mayoría de los casos ese escenario que la ley le entrega a cada congresista, a través del trabajo legislativo, no se utilizan para conforman equipos técnicos, sino para efectos políticos. Sin embargo, la estructura presupuestal de Colombia en materia legal, permite que la discusión sea amplia: cuatro comisiones dos del Senado y dos de la Cámara de Representantes, que al momento de discutir el Presupuesto General de la Nación, trabajan unidas".

 

Añadió que "posteriormente, se conforma la Comisión Conjunta del Presupuesto del Congreso que tiene el objetivo de debatir y aprobar el respectivo presupuesto de cada vigencia".

 

 

 

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