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Acuerdo de Escazú: Valoran suscripción de tratado y advierten resguardos en la legislación nacional

Senadores de distintas sensibilidades políticas respaldaron la decisión de la actual administración, aunque persisten los reparos de algunos respecto de la eventual colisión de normas con la legislación chilena.

18 de marzo de 2022

La decisión del gobierno de suscribir el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, "Acuerdo de Escazú", deberá ser ratificada en el Congreso, donde el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, anticipó que existe el compromiso de la Cámara Alta de tramitarlo con celeridad y acuciosidad.

 

"Nos parece que esta es una señal de cómo Chile vuelve a ubicar el rol que le corresponde a nivel internacional, que es la promoción del multilateralismo y el diálogo entre los Estados a través de acuerdos que se hagan cargo de un desafío global como es el desafío ambiental. Además, restituye la imagen que Chile ha ejercido en el pasado en el liderazgo regional para promover este tipo de entendimientos", dijo el legislador.

 

Agregó que "estamos hablando de un acuerdo muy relevante en lo que respecta al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, más aún cuando enfrentamos un fenómeno tan complejo como el calentamiento global en donde se requiere de una institucionalidad acorde".

 

En opinión del parlamentario "creo que hay mayoría en ambas cámaras para aprobar esta iniciativa"

 

LEGISLACIÓN VIGENTE

Por su parte, el senador Francisco Chahuán manifestó su disposición favorable a que Chile firme el tratado medioambiental, no obstante, indicó que es necesario que se tomen ciertos resguardos legales, para garantizar su correcta aplicación en suelo nacional, respetando las leyes vigentes.

 

"El tratado no admite reservas, pero sí se podrían formular declaraciones interpretativas, las cuales tendrían que ser presentadas por el Ejecutivo. Esto significa que los tribunales no podrían aplicarlo en forma directa, sino que sería necesario dictar legislación para implementarse. Así se evita que cada juez lo interprete a su propia manera, generando incertidumbre y conflictos con nuestra legislación…acá tenemos que evitar entregarle un cheque en blanco a los tribunales para interpretar el acuerdo de Escazú", dijo el senador.

 

CONTROVERSIA

 

A juicio del senador José Miguel Durana, es fundamental que se vea "cómo conversan las normas de la institucionalidad ambiental chilena con las normas del Acuerdo de Escazú. Hay normas que lamentablemente son muy ambiguas, muy amplias que obligan a generar obligatoriedad en sus procesos, lo que nos va a llevar a controversias internacionales y también a la judicialización de cada uno de estos procedimientos medioambientales".

 

Agregó que "lamentablemente el Acuerdo de Escazú no permite reservas técnicas y eso es lo que vamos a tener que conversar con el Ejecutivo porque no nos podemos someter a generar incertidumbres jurídicas más allá de las que tenemos en nuestro país".

 

CELERIDAD

En tanto, los senadores Matías Walker y Alfonso De Urresti solicitaron agilizar la tramitación que permita ratificar el acuerdo.

 

"La idea es que el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, pueda mandatar a las ministras de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, para que puedan priorizar y agilizar la tramitación de la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile, ojalá completándolo antes del próximo 22 de abril, fecha en que se realizará en Santiago su Primera Conferencia de las Partes (COP), impulsado por nuestro país durante años, como una forma de demostrar el compromiso permanente del Estado con la democracia, los derechos humanos y la sustentabilidad", afirmó el senador Walker.

 

En esa línea, el senador De Urresti dijo que la suscripción del Acuerdo "es una señal clara y precisa de compromiso del Estado de Chile con la defensa del medio ambiente, con los defensores ambientales y además, el propio Estado de Chile impulsó, por lo tanto es coherente".

 

En su opinión "hay un falso temor y se ha construido un mito respecto de lo que puede implicar para Chile. Obviamente son compromisos desde el punto de vista internacional, pero son estándares que se elevan desde el punto de vista de la protección ambiental, de los defensores ambientales, la protección y el intercambio de información entre distintos Estados".

 

ESPERANZA

 A su turno, la senadora Isabel Allende dijo "este es un día de esperanza para el país. Fortalece nuestro compromiso con la democracia ambiental y la protección de nuestro medioambiente. Estoy segura de que aprobaremos rápidamente este acuerdo, y que pasaremos a integrar este concierto de países que han adherido de él, cumpliendo con los compromisos internacionales ambientales".

Agregó que "tenemos más de 128 conflictos ambientales en el país. 227 dirigentes ambientales han sido asesinados, y gran parte es de nuestro continente. Lamentablemente en Chile no estamos ausente de estas agresiones, y por ello este tratado es tan relevante y progresista, al garantizar un entorno seguro para las personas y el medioambiente".

 

DECISIÓN POLÍTICA

 

En tanto, la senadora Paulina Núñez valoró la decisión de impulsar este Tratado Internacional señalando que "todo aquello que vaya en la línea de proteger no solamente el cuidado del medio ambiente en nuestro país, sino que de colaborar en normas internacionales para que entre todos podamos hacerle frente a un cambio climático que es real y que requiere de estos acuerdos internacionales, lo vamos a valorar".

 

La legisladora anticipó que integrará la Comisión de Medioambiente y que una vez que se hayan constituido esperan recibir al Ejecutivo y también a integrantes del Comité Político "porque esta es una decisión política que no se tomó con anterioridad y que valoro que se esté impulsando".

 

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