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La próxima semana será visto por la Cámara

Presupuesto 2023 listo para ser analizado por las Salas de la Cámara y el Senado

Luego de 4 jornadas consecutivas de análisis y votación de las distintas partidas, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos concluyó este viernes 11, el despacho de la iniciativa, acordando de manera transversal una serie de compromisos que se expresan en un protocolo con el Ejecutivo.

11 de noviembre de 2022

Con el análisis y votación de las últimas partidas y tras 4 jornadas de sesiones la Comisión Especial Mixta de Presupuestos concluyó el despacho del Presupuesto 2023 que ahora deberá ser analizado en las respectivas Salas de la Cámara y del Senado.

 

En la recta final de la discusión, también se suscribió de manera transversal el protocolo que acompaña a la ley de Presupuesto y que “compromete acciones de gestión administrativa y legislativa con el propósito de la mejora continua de las políticas públicas para contribuir a una prestación de servicios oportuna, eficiente y eficaz de parte del Estado a la ciudadanía”.

 

El documento firmado por el Ejecutivo encabezado por el ministro de Hacienda Mario Marcel y por la Comisión Mixta de Presupuestos que preside el senador Juan Antonio Coloma, recoge una serie de observaciones y propuestas transversales en materia de inversión pública, seguridad, políticas sociales, salud, educación, economía, agricultura, energía, transportes y transparencia y eficiencia del gasto público. (Revise protocolo en documentos adjuntos)

Lea las notas relacionadas sobre el debate en la Comisión Especial Mixta de Prespuestos entre el 8 y el 11 de noviembre.

Martes 8 de noviembre: despachan las primeras partidas

Miécoles 9 de noviembre: continuán el debate

Jueves 10 de noviembre (jornada AM) (jornada PM)

Viernes 11 de noviembre ( jornada AM

 

SALUD: 10 MIL PESOS PARA EL PER CÁPITA

Al igual como en otras partidas, el protocolo propuesto por el Ejecutivo permitió la aprobación de los fondos destinados al Ministerio de Salud. En este caso, el Ejecutivo elevó el per cápita de la Atención Primaria de Salud (APS) pasando de los 9 mil 618 pesos actuales por paciente, a 10 mil pesos. La indicación fue aprobada tras las negociaciones realizadas durante la jornada.

 

En Sala, la senadora Luz Ebensperger explicó el debate que se dio en la Subcomisión respectiva detallando que en lo sustancial, el rechazo de la partida pasó por el incremento de solo un 1,04% del per cápita de la APS, es decir cien pesos en dicho guarismo respecto al año en curso.

 

Otras preocupaciones expresadas por los legisladores, entre ellos, los senadores Luz Ebensperger, Iván Flores, Daniel Núñez, Juan Antonio Coloma, Ximena Órdenes, José García y Ricardo Lagos, son la baja de los fondos destinados a las prestaciones institucionales y la inversión sectorial en maquinarias y equipos, el asegurar los puestos de los funcionarios que laboraron la red integrada, los cambios que requiere la COMPIN, la normalización del hospital base de Valdivia, el financiamiento y dependencia administrativa del hospital Clínico de la Universidad de Chile, licitación del nuevo hospital de Illapel, la falta de especialistas en regiones y los dineros para la continuidad del programa Guatita de Delantal.

 

Al momento de votar, se aprobaron los fondos previstos para las inversiones consideradas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales con 14 votos a favor y una abstención; y otras indicaciones de información que habían quedado pendientes.

  

EDUCACIÓN

 

Para el Ministerio de Educación, el senador José Miguel Insulza detalló que el debate estuvo centrado, en gran medida, en contenidos relacionados con educación pública, educación inicial, subvenciones educacionales, nivel de ejecución presupuestaria, educación superior y liceos bicentenarios.

 

En esta línea, varios legisladores, entre ellos los senadores José García, Ximena Órdenes y Luz Ebensperger, recordaron que quedó pendiente todo el presupuesto de educación superior, al igual que subsecretaría de educación parvularia; además llamaron a revisar temas como funcionarios VTF, asignación y bono de universidades de zonas extremas, solución para menores que quedan sin matrícula; y cómo avanzar en solucionar la falta de vacantes en jardines Junji.

 

Así las cosas -y luego de esperar los acuerdos que quedaron establecidos en el Protocolo que acompaña la Ley de Presupuestos- se votaron sendas indicaciones en orden a incrementar el aporte fiscal en la Subsecretaría de Educación, aumento en la asignación a liceos bicentenarios, fondo solidario en educación superior y sistema de acceso a educación superior.

 

Con todo, la partida fue despachada por unanimidad.

TESORO PÚBLICO Y ARTICULADO

 

Cerca de las 21 horas, de este viernes 11, la comisión Mixta de Presupuesto concluyó el estudio de las partidas finales del erario nacional.

 

El Tesoro Público concitó un amplio debate pues durante su paso por la Primera Subcomisión hubo dudas frente a lo que algunos senadores calificaron como "antecedentes incompletos sobre la partida".

 

Asimismo, tras una amplia discusión se aprobó en votación separada la glosa relativa a las pensiones de gracia para víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del 18-O. Al respecto, se hizo hincapié que dichas pensiones benefician, especialmente, a personas que sufrieron heridas que les provocaron daños físicos e incapacidad.

 

Por otro lado, se declaró inadmisible una indicación que buscaba entregar pensiones a víctimas de violencia y que sufrieron pérdidas en sus bienes, hogares y comercios en el marco del denominado estallido social. Si bien diversos legisladores y legisladores se mostraron partidarios de dichas reparaciones argumentaron que lamentablemente esta indicación no fue patrocinada por el Ejecutivo.

Finalmente, el articulado del proyecto de la ley de presupuesto que contiene autorizaciones de endeudamiento y gasto, entre otras materias, se aprobó con diversas solicitudes de información previamente concordadas. También se repuso una norma que está vigente en la actual ley de presupuesto y que dice relación con la autorización de los ministerios de Defensa y Bienes Nacionales, cuando haya enajenación de bienes de las Fuerzas Armadas.  

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