A cuatro años del Tsunami: manifiestan posturas por posibles responsabilidades
Mientras el senador Pérez Varela señaló que “se está castigando a funcionarios de segundo orden”; el senador Navarro presentó una demanda contra el Estado por la muerte del vigilante de la Aduana de Talcahuano.
3 de febrero de 2014Tras conocerse que el próximo 31 de marzo, se realizará el juicio abreviado para el ex jefe de turno de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Osvaldo Malfanti, único imputado por el llamado caso Tsunami del 27F, el senador Víctor Pérez Varela manifestó que "el hilo se corta por lo más delgado".
En tanto, el senador Alejandro Navarro informó que presentó una demanda contra el Estado por la muerte del vigilante de la Aduana de Talcahuano, Juan Gutiérrez, quien la noche del terremoto del 27 de febrero de 2010 fue golpeado por el tsunami y encontrado más tarde por sus hijas en calles de la zona.
El senador Pérez Varela señaló que con el acuerdo al que estarían llegando las partes para sancionar a los responsables del llamado 27F, "se está castigando a funcionaros de segundo orden sin responsabilidad política".
En esta línea, el legislador explicó que "hay ex funcionarios de alto rango que aún no son capaces de reconocer que fallaron aquel lamentable día, y que no advirtieron correctamente a la población sobre el tsunami posterior al terremoto".
Para el senador Pérez "a estas personas que ejercían cargos de alta responsabilidad pública les ha faltado humildad para reconocer que se equivocaron, pedir disculpas y pagar con las sanciones que establece la ley".
Así recalcó que "a cuatro años de ocurridos los hechos, tenemos sólo un culpable, que probablemente tiene responsabilidad, pero sin duda que hay ex autoridades que no cumplieron cabalmente con su deber, las cuales guardan silencio".
En otro orden, el Senador Alejandro Navarro informó que presentó una demanda contra el Estado por la muerte del vigilante de la Aduana de Talcahuano, Juan Gutiérrez, quien la noche del terremoto del 27 de febrero de 2010 fue arrastrado por el tsunami y encontrado más tarde por sus hijas en las calles de la zona.
El legislador relató que Gutiérrez, que esa noche cumplía labores de vigilante en dependencias de la Aduana, falleció por no ser avisado de que el mar arrasaría, por lo que no tomó las medidas que le permitieran alejarse y ubicarse en un lugar seguro.
"En estas circunstancias, se transgredió el artículo 4 de la Ley 18.575 que consagra el principio de responsabilidad del Estado por el daño causado por sus agentes en el ejercicio de sus funciones oficiales. Allí se explicita la responsabilidad que atiende a la falta de servicio público o al daño causado el funcionar del Estado. Por lo que la demanda va en dirección a que el Estado por operar de modo tardío, deficiente y, por ende, causó daño, ya sea a nivel particular con actuaciones u omisiones, le corresponde, entonces, a la familia exigirle la completa y reparadora indemnización al Estado". Indicó el legislador.
"Para ello –precisó- patrocinados por el abogado Adolfo Ortega, hemos entablado una demanda civil ordinaria de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco".