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Anuncian proyecto de ley que busca terminar con las dilaciones injustificadas en los juicios orales

Según adelantó el senador Alberto Espina, la Iniciativa legal será ingresada al Congreso Nacional para su discusión.

14 de octubre de 2013

Junto al ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, el senador Alberto Espina dio a conocer los aspectos que contendrá el proyecto de ley que impulsará con el apoyo del Gobierno y que busca terminar con las dilaciones injustificadas en los juicios orales que se ha traducido en sucesivas suspensiones y demoras por más de dos años.

 

El legislador explicó que las modificaciones son al artículos 10 y 269 del Código Procesal Penal (CPP) con el objeto de impedir el uso abusivo de las normas señaladas, lo que en la práctica ha significado que los juicios se demoran más de dos años para recién realizar la audiencia de preparación del juicio oral.

 

MODIFICACIONES 

 

El Senador explicó que el artículo 269, que se refiere a la comparecencia del fiscal y del defensor, establece que si éste último no comparece el Tribunal deberá designar un defensor de oficio al imputado y dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo de no más de cinco días, con el objeto de permitir que el abogado designado del imputado se interiorice del caso.Imagen foto_00000002

 

“En la práctica lo que ocurre muchas veces es que renuncia el abogado defensor pocos días antes de la audiencia de preparación del juicio oral e invoca que el plazo de cinco días es muy breve para interiorizarse del juicio, y por lo tanto solicita la suspensión del mismo, en reiteradas oportunidades, invocando lo dispuesto en el artículo 10° del CPP que corresponde a la cautela de garantías. Esto último se aplica por el Tribunal cuando a juicio del juez estima que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorga las garantías judiciales consagradas en la Constitución y las leyes”, señaló.

 

El uso abusivo de estas normas se ha traducido en que juicios producto de incendios o ataques, por ejemplo, al Fundo San Leandro, al Fundo Brasil, a un bus de Tur Bus o al peaje de Quino, han tenido en promedio más de 19 suspensiones demorándose cada uno de ellos casi tres años para llevar adelante las audiencias del juicio oral, todo lo cual afecta gravemente la correcta administración de justicia ya que implica debilitar la prueba, ya sea porque hay testigos que con el transcurso del tiempo se desisten de declarar, y otros medios probatorios se ven afectados. 

 

“En el caso del brutal asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay es inconcebible que hayan transcurrido más de ocho meses y aún no se puede efectuar la audiencia de preparación del juicio oral, lo que en la práctica perjudica seriamente uno de los pilares de la administración de justicia cual es resolver los casos en tiempo oportuno y que no se dilaten indefinidamente”, sostuvo.

 

Ante este escenario, el senador, junto al ministro Chadwick, propusieron agregar al artículo 269 del CPP un nuevo inciso que establezca que “en caso alguno podrá el juez suspender la audiencia por una cantidad de días superior a la indicada en el inciso segundo de este artículo”. Por su parte, también propone modificar el artículo 10 del CPP agregando un nuevo inciso que establece que “no tendrán lugar la cautela ni el procedimiento tratados en este artículo cuando la afectación sustancial de los derechos del imputado se deba a una acción u omisión  directa o indirecta del propio imputado o de su abogado defensor y, especialmente, en el caso a que se refiere el artículo 269° de este código”.

 

Finalmente el congresista señaló que “una cosa es el legítimo derecho de los imputados por un delito a contar con una adecuada defensa, y otra muy distinta es que se haga uso y abuso de normas legales con el propósito exclusivo de dilatar los juicios, ya que esto último atenta directamente en contra de la correcta administración de justicia y los derechos de las víctimas, que ven con impotencia como se posterga reiteradamente los juicios en contra de los presuntos culpables de los delitos”, concluyó.

 

Por su parte, el ministro Andrés Chadwick sostuvo que “la opinión pública ha tomado conocimiento de que distintas situaciones y procesos penales que se llevan especialmente en la zona de La Araucanía, se ha producido una gran demora con el propósito de dilatar la preparación de los juicios orales, y con ello ir demorando y demorando los distintos juicios”.

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