Asegurar el acceso a los libros: las publicaciones deberán tener al menos un ejemplar por cada biblioteca pública del país

El senador Carlos Bianchi y el exsenador Antonio Horvath presentaron un proyecto que modifica la ley N°19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, en lo relativo a la obligación de depósito de impresos en las bibliotecas públicas del país, moción que ahora deberá ser analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En lo concreto, se establece la obligación de depósito de impresos en diversas bibliotecas públicas del país; esto es, "Las personas o establecimientos a que se refiere, el artículo anterior, deberán enviar a la Biblioteca Nacional, al tiempo de su publicación, una cantidad no inferior al total de las bibliotecas públicas catastradas en el país. La Biblioteca Nacional deberá destinar al menos un ejemplar por cada biblioteca pública del país, de la forma que determine el reglamento. Este depósito se podrá realizar por medios electrónicos".

Los legisladores argumentan que solo la Biblioteca Nacional se mantiene como depositario legal de las obras impresas, excluyendo otros actores que podrían ser relevantes.

“Sin embargo, las regiones, provincias y comunas no han tenido un correlato idéntico en cuanto al depósito de ejemplares impresos, debiendo en gran parte, adquirir estas obras con sus propios recursos que habitualmente escasean”, advierten.

Más aún, agrega, “las nuevas realidades que enfrenta el mundo, marcado por interacciones en escenarios de globalidad, de territorios y comunidades virtuales, de naciones reales y estado virtuales. En este espacio, el conocimiento es clave y a todos los usuarios de regiones,  puedan  seguir profundizando  su  ética, sabiduría, virtudes  y  principios de justicia, libertad e igualdad, todas las cuales conviven en las sociedades reales y virtuales”.

“Para el cumplimiento de su servicio, las bibliotecas virtuales deben contar con el material bibliográfico más actualizado en los ámbitos del conocimiento que pueden ser objeto del conocimiento, sea en materia de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Historia, Medio Ambiente, entre otras. Con este material a disposición no sólo científicos e investigadores, sino también de la comunidad, se podrá contar con un servicio de primer nivel, que no sólo será de utilidad como material de consulta, sino también para generar nuevo conocimiento que contribuya a generar una trasformación de las comunidades locales”, rematan.