Buscan construir dos monumentos para recordar a las víctimas del aborto en Chile

Autorizar el levantamiento dos monumentos- uno en la Plaza de la Constitución en Santiago y otro frente al Congreso Nacional, en Valparaíso- en memoria de las víctimas del aborto en nuestro país, es el objetivo del proyecto de ley que fue originado en una moción por el senador Francisco Chahuan.

Con ello, la iniciativa legal fue derivada a la Comisión de Educación para su análisis.

En lo fundamental, el texto legal establece que se autorizará “la construcción de monumentos en memoria de las víctimas inocentes de abortos, los que se emplazarán en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de La Moneda, y en un lugar destacado de las dependencias con acceso de público, del edificio del Congreso Nacional, en Valparaíso”.

Añade que el financiamiento de las obras se obtendrá “mediante colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas se efectuarán en las fechas que determine una Comisión Especial”.

Precisa que dicha comisión estará integrada por “diez miembros, que desempeñarán sus funciones ad honores, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley”.

Añade que la Comisión Especial estará compuesta por “dos senadores y dos diputados, elegidos para sus respectivas Cámaras; más un representante del Ministro del Interior y de Salud; Conferencia Episcopal de Chile; Iglesias Evangélicas de Chile;  Colegio Médico de Chile y Colegio de Matronas de Chile”.

Señala que “la Comisión Especial  tendrá las siguientes funciones: determinar la fecha en se harán las colectas públicas;  precisar el sitio exacto en que se ubicarán los monumentos en los lugares designados, en coordinación con el Ministerio del Interior, y Presidentes de ambas ramas del Congreso Nacional; llamar a concurso público de proyectos para el diseño y ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo y abrir una cuenta corriente bancaria especial para gestionar el referido fondo”.

ARGUMENTOS

Al respecto, el autor del proyecto, senador Francisco Chahuan explicó que “el drama inherente al aborto es una cuestión sin discusión. Más aún, cuando lo dramático del acto afecta no sólo a la madre de la criatura sino que, especial y definitivamente a esta última, absolutamente indefensa ante su agresor, que actúa sobre seguro, y ante la imposibilidad más absoluta y radical de defenderse por parte de la víctima”.

Expresó que “de esta forma se viola de manera flagrante el legítimo derecho a defensa consagrado en todo proceso judicial. Especialmente, en este caso, cuando se trata de un ser inocente que grita en silencio la defensa de su propia existencia”.

Argumentó que “las víctimas inocentes de los abortos, esto es, aquellos que no alcanzaron a nacer, a causa de las maniobras desarrolladas para impedirlo, merecen no solo nuestro reconocimiento, sino que también el del Estado, que por mandato constitucional está obligado a proteger la vida del que está por nacer, como lo consagra el articulado de la Carta Fundamental”.