Destacan que conductores de taxis colectivos recibirán bono compensatorio para paliar impacto de alzas de combustibles

Como un gran “logro” calificó el senador Alejandro Navarro la resolución de la Contraloría General de la República, quien resolvió que se entregara un bono compensatorio de 4 UTM (es decir, $160.824) a los conductores de taxis colectivos para mitigar impacto de alzas de combustibles que se producirán durante el 2013.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que “hemos cambiado un destino adverso para los conductores de taxis colectivos y eso, por cierto, es un precedente para avanzar ahora en modernizar el sector y en regularizar la actividad, que tras casi tres décadas aún no se cumplen con normas laborales, siendo el ejemplo más representativo la extensión de contratos de trabajo, en donde los conductores permanecen sin beneficios ni de salud ni previsionales”.

Cabe recordar que el Vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, apoyó durante el pasado octubre, cuando estaba en proceso de recuperación médica, a dichos choferes  quienes no habían recibido el bono compensatorio por alza de combustibles.  

En ese sentido, el legislador explicó que el origen conflicto fue “durante el 2012, cuando el servicio de taxis colectivos fue reconocido como Transporte Público, lo que le permitió ser incorporados a la Ley del Subsidio al Transporte Público Remunerado. Sumado a eso, el 27 de septiembre pasado, se publicó la Ley N°20.630 que perfecciona la legislación Tributaria y financia la reforma educacional, en donde se indicó el bono compensatorio a las alzas de los combustibles  para servicios de alquiler y transporte escolar”.

Añadió que “en disposiciones transitorias, Art. 3 se desprendió un reembolso de cargo fiscal de 4 UTM a propietarios de alquiler inscritos en el Registro Nacional de Transporte Público de Pasajeros al 30 de septiembre de 2012. Y si el propietario tiene a uno o más choferes que utilicen comercialmente el vehículo, el bono será pagado exclusivamente a los choferes. Lo que nosotros recibimos de buena manera. Sin embargo, fue en dicho reglamento en donde encontramos la pillería”.

Indicó que  “en ese punto se consideró un requisito que a nuestro parecer era intencionadamente malicioso: que el bono se les entregaría a quienes tengan un contrato de arriendo de vehículo vigente; asunto que en la realidad, no se cumple. Ello, producto de que los conductores de taxis colectivos, que son 4 mil aproximadamente en la Región del Biobío y 60 mil a nivel nacional, hoy viven bajo una añosa e injusta informalidad laboral que, reiteramos, es la inexistencia  del contrato de trabajo que certifique el vínculo laboral”.

Precisó que “por eso, consideramos injusto que los conductores de taxis colectivos no sean los que reciban los bonos, pues son quienes los que pagan el 100% del combustible. Fue con esa convicción que fuimos a Santiago el lunes 5 de noviembre pasado junto a conductores a reunirnos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz”.

En la ocasión, indicó el senador Navarro “le pedimos al ministro Errázurriz explicaciones de por qué el gobierno juega con las ilusiones de los conductores, señalando que entregarán un bono compensatorio equivalente a 4 UTM para aminorar el impacto de las alzas de combustibles, cuando en la letra chica se expresa implícitamente que no podrán lograrlo”.

Fue entonces, producto de esta reunión, que de acuerdo con el senador Alejandro Navarro, “se prometió coordinar el Ministerio de Transporte con Ministro de Hacienda para ver el porqué de la firma de esta norma cuestionada. Se solicitó revisar en Contraloría Nacional el estado de la tramitación y si era posible modificarla, lo que finalmente resultó a favor”. 

Subrayó que “de ahora en adelante, si de regular la actividad laboral de taxis colectivos se trata, hay que establecer quiénes son los que deberían participar, sus derechos y deberes: dueños de líneas, dueños de autos y, por supuesto, los conductores, quienes por años han quedado fuera de consideración por parte de los gobiernos; trato que cambiará y prueba de ello es la rectificación de la norma cuestionada y que los favorecerá con el reembolso”.

NUEVA LEY DE PESCA

En relación al proyecto de ley “larga” de Pesca, en el cual el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por un grupo de senadores de oposición, el senador Navarro manifestó que “considerando los tiempos que se ha dado el Tribunal Constitucional para analizar las presentaciones que cuestionan dicha norma, parece necesario que el propio ministro o el Subsecretario anuncien las medidas que adoptarán durante este período en que no tendremos ley”.

Agregó que “en rigor hay dos opciones posibles: una, que el Ejecutivo  establezca, como señala la ley general de pesca, la veda de todas las pesquerías sometidas a límites máximos, aunque es poco probable que el gobierno quiera adoptar esa medida, pese a todo el discurso sustentable que levantó para vestir su propuesta pro industrial. La segunda alternativa es que se decrete una seudo libertad de pesca, condicionada a que todo lo que se pesque luego se descontará de la cuota que le corresponda a cada empresa”.

El legislador dijo que “lo concreto es que no existe la carrera olímpica que anuncio tan histriónicamente el ministro de Economía Pablo Longueira, primero porque no todos los chilenos tienen permisos de pesca. Como sabemos, debido a las constantes fusiones son cada vez menos lo que los poseen, así que nadie puede llegar y meterse al agua a pescar. Segundo, en el tiempo, debido más a la disminución de la biomasa que por espíritu conservacionista, se ha disminuido el esfuerzo pesquero industrial, es decir, hay pocos barcos, por lo que tampoco hay tanta capacidad para pescar demasiado. Y, tercero, está claro que el club de la pesca que integran Sonapesca y Asipes, se pondrá de acuerdo para cuidar los que considera sus peces”.

Precisó que “sería bueno leer la “letra chica” que el gobierno tiene guardada sobre este tema, porque es perfectamente posible que se genere un vacío, un lapsus o un paréntesis legal, entre la ley de límites máximos de captura que termina su vigencia el 31 de diciembre y la “Ley Longueira”, si es que alguna vez entra plenamente en vigencia, que efectivamente permita la libertad de pesca, como en el pasado, y lo pescado luego no pueda imputarse a la cuota global anual y la cuenta empiece otra vez de cero. Al final, contra su discurso, la Ley Longueira puede terminar siendo la menos sustentable de todas las leyes de pesca que hemos tenido”.