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Discrepan por norma que dispone que los resultados de evaluaciones SIMCE se entreguen en forma agregada

El efecto de dicha indicación, aprobada en el marco de la tramitación de la ley de presupuesto 2015, es que se terminaría con la difusión de los resultados SIMCE por establecimiento, por lo cual parlamentarios de la Alianza recurrieron a la Contraloría.

1 de diciembre de 2014

Imagen foto_00000016Como una norma necesaria para “pasar de una educación de mercado a un derecho social” y como “atentatoria del derecho de los padres a obtener información de los colegios donde quieren matricular a sus hijos” fue calificada la disposición que evitaría la difusión masiva de los resultados SIMCE por establecimiento, en el marco de la Ley de Presupuestos 2015. (Revise las partidas e indicaciones aquí)

 

Mientras el senador Carlos Montes autor de la indicación defendió el texto incorporado en la Ley del erario nacional como “una señal para que las comunidades escolares trabajen sin la presión que significa esta camisa de fuerza”; sus pares Hernán Larraín, Ena Von Baer y Andrés Allamand pidieron a la Contraloría que anule dicha disposición por considerarla “inadmisible y poco transparente”.

 

La indicación que dio origen al texto legal aprobado por las Salas incorpora en la glosa relativa a la Evaluación de los Logros del Aprendizaje (SIMCE) un párrafo que dice: “los resultados de estas mediciones y de aquellas que habiendo sido rendidas no han sido difundidas a la fecha de publicación de esta ley, solo podrán informarse en cifras agregadas de carácter nacional, regional, provincial y comunal referidas a la totalidad de establecimientos educacionales para el nivel y territorio de que se trate y en informes específicos dirigidos a cada establecimiento que consignen los contenidos deficitarios respectivos”.

 

CONTRALORÍA

 

El senador Larraín calificó esta disposición como “de oscuridad y  falta a la transparencia”. Además, “requiere de iniciativa presidencial, de quórum elevado y del control obligatorio del Tribunal Constitucional. Nada de esto está sucediendo, es por eso que queremos corregirla y revertirla. El primer camino que hemos seguido es pedirle al Contralor que no tome razón de este proyecto de ley de presupuesto porque hay normas que están atentando en contra del orden legal nacional en perjuicio además, del derecho de los padres a conocer el resultado de sus hijos. Adicionalmente estamos dispuestos a recurrir al Gobierno para que busque algún mecanismo de veto u otra fórmula que impida que esta ley siga caminando o al Tribunal Constitucional para impedir la publicación de una norma contraria al derecho”.  Aseveró que paralelamente, ha estado en conversaciones con la Presidenta del Senado, Isabel Allende, “quien ha advertido esta situación y que está en el ánimo de buscar colaborar para resolverlo”.

 

Imagen foto_00000018Desde la Comisión de Educación, la senadora Ena Von Baer advirtió que: “nosotros teníamos los antecedentes (de esta indicación) y se declaró inadmisible en la Cuarta Subcomisión Especial Mixta, lo que pasó acá, es que por un error de la secretaría, se sumó dentro de indicaciones de información, cuando no lo es. Es una indicación que pasa por encima de la Ley General de Educación, y adicionalmente en vez de entregar más información a los padres y apoderados, les entrega menos.  Nosotros nunca vamos a avalar una ley que quite la posibilidad a los papás de tener toda la información necesaria para tomar una buena decisión”.

 

Finalmente, el senador Andrés Allamand quien también integra la Comisión de Educación fue más crítico y advirtió que “tenemos una economía con un tremendo frenazo, estamos tramitando reformas estructurales a pata de caballo, con una enorme improvisación”. “La conducción del Ministerio de Educación en términos globales no puede ser peor: la agenda corta con los profesores no ha ido a ninguna parte, el proyecto de Reforma Educacional va a tener que ser reformulado de todas maneras, durante la interpelación quedó claro que el Gobierno desconoce aspectos esenciales para este proyecto. La pregunta esencial fue cuánto es el monto y cuántos son los colegios que lucran, frente a eso, el Ministro miró hacia el techo y dijo “no tengo idea”.

 

FACTOR DE DISTORSIÓN

 

Una visión distinta defendió el senador Montes ya que a su juicio, estas mediciones sobre logros del aprendizaje fueron perdiendo su rol “para convertirse en un instrumento al servicio del mercado y la segregación y un factor que ha distorsionado completamente el proceso educativo al haberse transformado en el centro y prioridad de muchos colegios”.

 

Por ello estimó de vital importancia que “en el marco de la reforma estructural desde una educación de mercado a una en que sea considerada como un derecho social, se incorpore, como tercer eje, una rediscusión del concepto de educación y de calidad, complementando los otros dos pilares que son la redefinición del rol de la educación particular subvencionada y el fortalecimiento de la educación pública”.

 

Asimismo descartó que esta medida prive de información a los padres y a los planteles. “El texto aprobado permite a la Agencia de la Calidad de la Educación entregar, por una parte reportes territoriales necesarios para las series de investigación y, por otra, informes pormenorizados a los colegios sobre los logros de cada uno, que es lo que requieren los padres y más aun lo que necesitan los colegios para mejorar”.

 

 

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