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Educación Cívica: abogan para que vuelva a las aulas

Los senadores Alberto Espina y Patricio Walker elaboraron una iniciativa para impartir dicho ramo en los establecimientos educacionales. Los controles y contrapesos de los poderes del Estado, el legado de los pueblos originarios y los derechos del consumidor serían parte de sus contenidos

30 de diciembre de 2013

Imagen foto_00000014¿Qué porcentaje de chilenos conoce realmente las funciones de los parlamentarios, alcaldes y concejales? Lo más probable es que muy pocos.

 

Considerando aquello, los senadores Alberto Espina y Patricio Walker presentaron una moción que incorpora la asignatura de educación cívica –como obligatoria- en el currículum de enseñanza básica y media. Ésta será vista por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en los próximos días.

 

Los legisladores argumentan la necesidad de “incorporar en el sistema escolar, mecanismos que permitan formar de la mejor manera a los ciudadanos del futuro, fomentando y propiciando la participación ciudadana a través de un ejercicio consciente de sus derechos y deberes”.

 

Imagen foto_00000016Asimismo, la iniciativa apunta a contribuir al desarrollo integral de la persona, particularmente en la formación de ciudadanos responsables que conocen el sistema institucional. Aquello también permitirá equiparar los estándares educacionales respecto a otras naciones.

 

Los senadores Espina y Walker aseguran que actualmente, en nuestro sistema educativo, cuyo marco institucional es la Ley General de Educación (LGE), no existe la obligatoriedad de entregar ciertos contenidos democráticos mínimos.

 

Respecto a estos últimos, se propone incluir aspectos como los valores y normas de convivencia cívica y pacífica; los derechos y responsabilidades; los fundamentos del sistema democrático; las bases de nuestra institucionalidad; y las funciones, roles, atribuciones, facultades y deberes de los poderes del Estado y autoridades, como las del Presidente de la República y sus ministros de Estado, los parlamentarios, los jueces, los alcaldes, concejales y gobiernos regionales.

 

Otras materias corresponderían a los deberes ciudadanos, las formas de participación, los controles y contrapesos del poder público, las sociedades contemporáneas, el valor y legado de los pueblos originarios, los derechos del consumidor, y las normas básicas del tránsito y trato social.

 

La propuesta advierte que este ramo “no podrá orientarse a propagar tendencia o ideología política alguna”, considerando que los contenidos que contempla podrían influir en la toma de decisiones políticas de cada individuo.

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