El Estado tiene que hacerse parte de la búsqueda de una solución

Junto a varios senadores pedimos que se realizara una sesión especial en el Senado para analizar la situación de la Universidad del Mar, porque nos parece crítica y grave.

Por una parte, está la situación de los controladores, a los cuales pedimos el mayor rigor de la ley y las investigaciones, pero por otra, está el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar, que ascendían a 18 mil -hoy día están en el rango de los 11 mil- y también de los académicos y funcionarios.

He estado trabajando junto a los académicos y funcionarios, porque durante largo tiempo estuvieron adeudadas no solamente sus remuneraciones y sus cotizaciones previsionales. Se hicieron gestiones para que finalmente se pudieran pagar con los fondos que estaban retenidos del CAE las remuneraciones de los funcionarios y académicos, con listas expresas para los efectos de evitar que ni un peso fuera al pago de los controladores o al pago de los arriendos.

En segundo lugar, se han hecho reuniones también en el Ministerio de Educación, para poder asegurar la liberación de esos recursos para el pago de las remuneraciones para el segundo semestre de los funcionarios y académicos.

Estamos hablando de un orden de 11 mil estudiantes y de cerca de 4 mil 500 funcionarios y académicos. Y por tanto hay que hacerse cargo de la realidad que a ellos les ha tocado vivir.

No obstante, también hay que distinguir las situaciones y las soluciones de las cuales el Estado debe hacerse parte. Básicamente porque esta universidad, tal como también hay otras universidades que hoy día están siendo investigadas, obtuvo una acreditación por parte del Estado.

Y por tanto las miles de familias que finalmente optaron por alguna de estas universidades que hoy día están siendo objeto de un proceso judicial, no tienen pecado, sino más bien confiaron en el respaldo que les dio el Estado en esa acreditación.

En ese sentido, presentamos un proyecto de ley, tal como lo hizo un grupo de diputados, para establecer la posibilidad de entregar facultades para que el Ministerio de Educación pudiera intervenir estas universidades.

La situación de los alumnos es bastante compleja, puesto que si vemos situaciones puntuales, por ejemplo, los alumnos del campus de San Fernando o de Quillota, que son alumnos vespertinos y que no tienen posibilidad alguna de ser reubicados por las condiciones excepcionalísimas en las que estudian.

También está la situación puntual de los estudiantes de medicina, que están viviendo en el peor de los mundos, junto con los estudiantes de enfermería y kinesiología,  porque la resolución N° 240 establece la prohibición de que, independientemente de lo que pase con la universidad el próximo año, puedan desempeñar prácticas profesionales.

He planteado que el Estado pueda hacerse parte en la búsqueda de las alternativas de solución para los estudiantes de la universidad, pero también respecto de los funcionarios y académicos.

Es por lo mismo, que quiero pedir al Estado que efectivamente pueda asumir una responsabilidad. Acá hubo personas que confiaron justamente en el sello y la acreditación que el Estado les dio a esas universidades.

Lo que ha ocurrido respecto de la Universidad del Mar y de otras universidades, debe ser un ejemplo en términos de mano dura y el rigor de la ley y de la investigación de todos y cada uno de los hechos, tal como el Ministerio de Educación ha emprendido las acciones después de la denuncia efectuada por ex Rector Raúl Urrutia, pero también en la búsqueda de una solución para los afectados.

Lo que no puede ocurrir es que los estudiantes salgan de una universidad cuestionada para irse a otra universidad privada que pueda estar cuestionada, porque sería salir del fuego para caer a las brazas. De hecho ya hay alumnos que venían de la UTEM, que fueron recogidos por la Universidad del Mar, y respecto de ellos hay una revictimización.

Por ello he pedido también que se liberen los cupos de matrícula para las universidades estatales en las condiciones, obviamente, especialísimas.