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Instan a la Superintendencia de Servicios Sanitarios evaluar concesiones tras masivos cortes de agua potable

Alejandro Navarro señaló que "está demostrada la incapacidad de Aguas Andinas para garantizar un servicio de agua potable estable para la población".

24 de abril de 2017

Imagen foto_00000013“Por tercera vez, en menos de un año (entre abril de 2016 y abril de 2017), se decreta el corte masivo del suministro de agua potable en 27 comunas de la Región Metropolitana debido a la turbiedad de las aguas, afectando a más de 800 mil usuarios", así lo afirmó el senador Alejandro Navarro quien llamó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a evaluar las actuales concesiones.

 

Para el legislador "la falta de servicio sistemática, sin que se hayan tomado las medidas necesarias, amerita la cancelación del contrato de concesión con Aguas Andinas, por lo que estamos revisando los contratos de licitación, así como todas las acciones jurídicas y legislativas para poner fin a la concesión, por lo que espero que el Congreso y el Gobierno no permanezcan inmóviles".

 

Puntualizó que "esta situación tiene una doble causalidad que no ha sido transparentada por las autoridades; por un lado el sedimento con metales pesados que acarrea el rio Maipo cuando hay lluvias desde el proyecto energético Alto Maipo de Aes Gener, que hace que el agua pierda potabilidad, lo que ha sido comprobado científicamente por el Dr. Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico y de lo cual existen contundentes informes".

 

Recordó que en Abril de 2016 presentó una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, entidad que se limitó a señalar que los hechos denunciados serían investigados (ORD ID-545-2016), resolviendo finalmente abrir un proceso sancionatorio, sin incorporar la contaminación de las aguas del río Maipo, lo que causa una profunda extrañeza toda vez que la propia empresa reconoce que el agua se corta producto de la turbiedad.

 

Asimismo, criticó la falta de inversión de la empresa privada para prevenir estas situaciones, acusando que "entre 2014 y 2016 los consumidores pagaron una cuota extra en sus cuentas de agua para financiar mejoras en la red que garantizarían la entrega de agua en casos de este tipo de catástrofes. Lo recaudado alcanzó los US$ 10 millones, pero los cortes no se detuvieron".

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