Lamentan que autores de hechos de violencia y desmanes queden en libertad
El senador Alberto Espina se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick en La Moneda, a quien solicitó colocar urgencia al proyecto de ley que aumenta las penas a quienes actúen encapuchados en las manifestaciones.
13 de septiembre de 2013
Como “una vergüenza y un insulto para los millones de chilenos decentes que entienden que uno puede tener diferencias en la vida política, religiosa o de otra naturaleza, pero que no incurren en actos de violencia“, calificó el senador Alberto Espina la decisión de dejar en libertad al centenar de detenidos por estar involucrados en los desmanes del pasado 11 de septiembre.
El integrante de la Comisión de Constitución, Alberto Espina indicó que de las 130 personas que pasaron a control de detención, sólo uno quedó en prisión preventiva.
En este contexto, el parlamentario condenó los actos violentos protagonizados por decenas de encapuchados y llamó a legislar para endurecer las penas con una “iniciativa legal que busca sancionar con penas más duras de las ridículas que existen hoy para impedir que estos encapuchados se rían de todos los chilenos como lo hacen habitualmente”, expresó.
Precisó que “estas son las cosas que desprestigian al sistema judicial y lo único que hacen es demostrar dos cosas: que los jueces de garantía apliquen la ley como corresponde y no la vulneren cada vez que dejan en libertad a estos sujetos en circunstancias que debieran quedar en prisión preventiva a lo menos por un tiempo porque constituyen un peligro para la sociedad”.
Lamentó que “cada vez que en Chile se produce una manifestación o protesta, que en sus orígenes puede tener legitimidad, deriva irremediablemente en saqueos, asaltos, ataques a Carabineros, y bombas incendiarias“.
Por ello, emplazó a sus pares a “aprobar el proyecto de ley del Gobierno que es absoluta y completamente razonable ya que lo único que hace es decir que cuando una persona participa en un acto público y realiza actos de violencia, como por ejemplo, atentar contra buses de transporte, contra servicios básicos, o impedir la libre circulación mediante violencia de la ciudadanía por calles que pertenecen a todos los chilenos y eleva la pena -que hoy es ridícula de 61 días a 541 días- a 61 días a 3 años”.
Finalmente, solicitó al Gobierno que “sin dilaciones ni justificaciones de ninguna especie a este proyecto de ley le ponga suma urgencia y no se la quite aunque el Senado tenga que trabajar sábado y domingo porque esto es mucho más importante que un fin de semana”.