Lucro en universidades podría ser sancionado con privación de libertad

Conscientes de la necesidad de asumir que la educación constituye un derecho y no un bien de consumo, los senadores Patricio Walker y Camilo Escalona presentaron un proyecto que pretende sancionar con cárcel y multas en dinero a quienes pretendan lucrar con una universidad.

En la próxima sesión de Sala se dará cuenta de la propuesta que introduce un nuevo tipo penal para sancionar a directores, gerentes y administradores de instituciones de educación superior que generen utilidades económicas con estos planteles, incluyendo así un artículo nuevo en la Ley General de Educación (LGE).

El senador Patricio Walker indicó que “a pesar que el artículo 53 de la LGE establece que las universidades que no tengan carácter estatal serán siempre corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, todos hemos sido testigos de reiteradas denuncias que muestran cómo estas instituciones han vulnerado sistemáticamente el espíritu de la ley, a través de una serie de operaciones con personas relacionadas, convirtiendo al sistema privado de educación en un negocio altamente rentable”.

El parlamentario agregó que “el no al lucro corre el riesgo de quedarse en una mera consigna porque no existe una definición concreta de lo que deberíamos entender como lucro. Por otra parte, la autoridad no cuenta con suficientes atribuciones para realizar una adecuada fiscalización del cumplimiento de la normativa”.

En este sentido, agregó que “por esa razón, se ha propuesto avanzar hacia la creación de una Superintendencia de Educación Superior, proyecto que se encuentra en pleno debate en el Senado. Éste debe ser perfeccionado por la vía de indicaciones y esperamos que esta moción contribuya a abrir -en ese contexto- un ámbito de mejora”.  

La iniciativa a la que se refiere el legislador está en primer trámite y se está a la espera que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología emita su segundo informe, el que será derivado a la Sala para su votación en particular (Boletín N° 8041-04).

“Creemos que una señal clara para el futuro, que complementa y aporta al debate que se está dando en el ámbito de la discusión de esta futura Superintendencia es, derechamente, penalizar la conducta de las personas que participen en la configuración de estas conductas”, indicó el senador.

A su vez, manifestó que “en dichos casos, proponemos introducir en nuestra legislación la aplicación de penas privativas de libertad, presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años); multa de 100 a 1.000 UTM; inhabilitación para que los condenados se desempeñen en el mismo ámbito hasta por 10 años; y comiso de las ganancias ilegales”.

Finalmente, el parlamentario declaró que “creemos que con esta propuesta, que esperamos se convierta prontamente en ley, estamos dando una señal clara y potente para el futuro en orden a evitar que se siga abusando de los vacíos regulatorios que existen en el ámbito de la educación superior”.