Manifiestan preocupación por la posible extracción de petróleo en Reserva Mundial de la Biosfera en Ecuador

Los senadores Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, Guido Girardi y Fulvio Rossi presentaron un proyecto de acuerdo con el que solicitan al Presidente de la República que exprese al Gobierno del Ecuador su preocupación por la decisión de poner término a la iniciativa Yasuní-ITT, para dar paso a la extracción de petróleo en una zona declarada Reserva Mundial de la Biósfera.

A través de esta petición -que será sometida a votación próximamente- los legisladores hicieron presente analizar la posibilidad de “dejar sin efecto la decisión, o bien, busque una fórmula alternativa, como la extensión del plazo para obtener la justa compensación económica de la comunidad internacional, instándola a contribuir efectivamente a dicho objeto, todo ello, con el fin de mantener la referida zona libre de actividades extractivas, de modo que su rica biodiversidad permanezca intangible”.

Esto, detallan los promotores del proyecto, “dada la importancia que la mantención de la citada zona intangible representa no sólo para el Ecuador, sino que para todo el universo, la mencionada decisión presidencial ha concitado una gran oposición entre sus ciudadanos, máxime si se considera que la Constitución de ese país contempla una abundante normativa sobre el resguardo de la biodiversidad, protección del medio ambiente y conservación de la biósfera”.

Se hace presente, además, que diversas naciones han expresado sus reparos a esta decisión, ya que se afectaría esta reserva única en el mundo.

“Estimamos que nuestro país, que concurrió con tanto entusiasmo a contribuir económicamente con la Iniciativa Yasuní-ITT, no puede permanecer indiferente ni ajeno a esta decisión, más aún si se tiene presente que nuestra propia Constitución Política consagra como uno de los derechos fundamentales, el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo asimismo que es un deber del Estado vetar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, manifestaron los senadores.

El Parque Yasuní, ubicado en la región amazónica del Ecuador, consta de 982.000 hectáreas de superficie y es considerado la zona de mayor diversidad biológica del mundo, en la que se encuentran más de 2.000 especies de árboles y arbustos; alrededor de 567 especies de aves; cerca de 180 especies de anfibios y reptiles y aproximadamente 400 especies de peces de agua dulce.

En 1979 fue declarado Parque Nacional por el Gobierno de Ecuador, para preservar las especies en peligro de extinción y en 1989, la UNESCO declara al Parque Nacional Yasuní como Reserva Mundial de la Biosfera, en virtud de lo cual las únicas actividades que se pueden desarrollar para garantizar el equilibrio y la no contaminación son “actividades cooperativas compatibles con prácticas ecológicas racionales, como la educación relativa al medio ambiente, la recreación, el turismo ecológico y la investigación aplicada básica”, según se establece en las Estrategias de Sevilla, dictadas en la Conferencia de Expertos realizada en España, en marzo del año 1995.

Sin embargo, en dicho territorio se encuentran grandes reservas de crudo, en razón de lo cual, en el año 1998 se decretó Zona Intangible a un sector del parque entre los cuadrantes Ishpingo, Tiputini y Tambococha, con el fin de mantener la reserva de la biósfera alejada de la explotación petrolífera que se realiza en otras zonas de la selva amazónica ecuatoriana y a contar de 2007 se le denominó como iniciativa Yasuní-ITT.

A partir de ese año, el Presidente Rafael Correa propuso condicionar la intangibilidad de esta zona, con un mecanismo de recaudación por parte de la comunidad internacional de 3.500 millones de dólares en un lapso de trece años, suma equivalente al 50% de las utilidades que percibiría el Ecuador si explotara dicho recurso, estimadas en unos 350 millones de dólares anuales.

A cambio de dicha compensación económica por parte de los demás países, que se mantendría en un fideicomiso especial, el Estado ecuatoriano se comprometía a dejar represado bajo tierra en la citada reserva ecológica, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo, para evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, que se producirían por la quema de combustible fósil.

De acuerdo al compromiso adquirido por el Gobierno del Ecuador, los fondos que se captarían por esta operación, se reinvertirían para financiar el manejo de 19 áreas protegidas, establecimiento de un plan de reforestación nacional y el cambio de matriz energética.

En este contexto, explican los senadores que promueven la iniciativa en Chile, “nuestro país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue el primero en contribuir a ese fondo, en el año 1911, con un aporte de 100 mil dólares, mediante un acuerdo suscrito con el representante del Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD) ante el Ecuador, que actuaría como Agente Administrativo del fideicomiso”.

Sin embargo, agregaron, “pese a lo anteriormente expuesto, el 15 de agosto recién pasado, el Presidente Rafael Correa ha anunciado el término de la iniciativa Yasuní-ITT, en razón de que al haber transcurrido tres años de la creación del fideicomiso mencionado, sólo se han obtenido trece millones trescientos mil dólares, motivo por el cual ha decidido iniciar la extracción de crudo en la Zona Intangible, para cuyo efecto solicitó a la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de ese país, la autorización para declarar de interés nacional la extracción de crudo que se intenta”.

Por último, del texto del proyecto se desprende “que la autorización que dicha norma contempla, se encuentra actualmente en proceso de “socialización”, por parte de la Asamblea Nacional, esto es, la fase de consultas a la ciudadanía, previas al pronunciamiento de los asambleístas que la Constitución contempla”.