Marcha de camioneros de La Araucanía: senadores evalúan rol del Ejecutivo y pasos a seguir

A nadie dejó indiferente el paro liderado por los camioneros de La Araucanía en protesta por la violencia desencadena en la citada región. Luego que todo el día se pusiera en duda la entrada de los vehículos quemados al centro de Santiago, ésta se llevó a cabo a eso de las 21 horas, tras lo cual los dirigentes se reunieron con el Ministro del Interior, Jorge Burgos.

Al respecto el senador Francisco Chahuán manifestó su satisfacción por la autorización dada finalmente por el Gobierno y valoró la voluntad de diálogo que “impuso el ministro del Interior, Jorge Burgos”.

El parlamentario sostuvo que la idea de llegar a La Moneda tenía que ver con la importancia de entregar una carta a la Presidenta de la República para “visibilizar  la situación dramática de inseguridad ciudadana que se vive en La Araucanía”.

A juicio del legislador, a partir de lo ocurrido se advierten a lo menos tres situaciones relevantes: “en primer lugar, que es necesario y urgente que esta acción no termine con la entrega de la carta en La Moneda, sino que sea la instancia a partir de la cual se creará  una comisión técnica para trabajar junto con la sociedad civil y el nuevo intendente, de manera de restablecer el orden público en dicha región”.

Asimismo, aseguró, de la jornada se extrae que “es necesario que el ministro del Interior se comprometa con ponerle urgencia a la agenda corta antidelincuencia para poder despacharla en el más breve plazo; y tercero, el país ha podido apreciar que hay un doble estándar respecto de las autorizaciones para realizar marchas ciudadanas relacionadas con sectores de trabajadores, como fue el caso de los camioneros, y aquellos que tienen matices político ideológicos”.

Previo a la autorización, el senador Alberto Espina calificó como “inaceptable” y una “decisión arbitraria”, la determinación del Gobierno de no autorizar a los camioneros a marchar con sus máquinas por el centro de Santiago.

“Es inaceptable la decisión arbitrariedad del Gobierno de impedir que una protesta pacífica de los camioneros, que han sido víctimas reiteradamente de ataques violentos e incendios de sus camiones, se les impida poder pasar y transitar por la Alameda para entregar una carta a la Presidenta de la República”, comentó el congresista.

Asimismo, el senador Espina declaró que “es un doble estándar incomprensible del Gobierno ya que la Alameda ha sido facilitada en innumerables oportunidades para cuanta organización ha querido protestar, e incluso cometiendo hechos de violencia, y se le niegue una autorización a quienes son víctimas de la delincuencia”.

Finalmente, el parlamentario entregó su respaldo y solidaridad a “los camioneros porque este es un tema que francamente ha desbordado todos los límites de lo tolerable y por lo tanto, la reacción del Gobierno ha sido profundamente equivocada”.

“Un gobierno cuando no respeta la Constitución y la ley, es señal que va por muy mal camino”. Así se refirió en Chiloé el senador por 

la región de Los Lagos, Iván Moreira respecto de la negativa del gobierno, manifestando que el ministerio del Interior está utilizando una pésima estrategia política respecto de ese tema, reforzando su idea sosteniendo que cuando un gobierno no respeta la Ley en Democracia, es el más estrepitoso fracaso con consecuencias impredecibles.

El parlamentario indicó que la actitud del gobierno siempre tiene consecuencias impredecibles, “y eso quiere decir que quienes están protestando pacíficamente, comienzan a sentir el apoyo ciudadano porque se les está restringiendo la libertad de poder movilizarse pacíficamente”.

También calificó que el gobierno y la Nueva Mayoría tienen un doble estándar en esa materia, porque cuando se trata de la izquierda y los encapuchados sí se les permite manifestar, afirmando que cuando un gobierno prohíbe manifestaciones pacíficas por sus reivindicaciones, eso es propio de los regímenes totalitarios.

“El gobierno se ha manejado muy mal”, sostuvo el senador Moreira, asegurando  que los camioneros de Chiloé también están aportando su grano de arena con la finalidad que el gobierno escuche y concrete medidas y políticas claras para enfrentar el terrorismo que existe en la región de La Araucanía.

En tanto, dirigentes del bloque de oposición (UDI, RN, PRI y Evópoli)  presentaron una carta al Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, en donde expresan “el malestar por la forma en que se ha manejado la solicitud formal de un grupo de transportistas camioneros del sur”, según consta en el escrito.

El senador Hernán Larraín manifestó que “hemos venido la oposición a expresarle al Intendente nuestro rechazo a la resolución que se ha dictado por el SEREMI de Transporte, que con nombre y apellido impide la circulación de transportistas que vienen a Santiago a expresarse en forma libre y pacífica por ser objeto de ataques de delincuentes, que han sufrido en estas últimas semanas”.

“Llamamos al Intendente y al gobierno que anulen esta orden absurda, que es abusiva contra nuestro ordenamiento constitucional (…) Nosotros no vamos a aflojar, no vamos a ceder nuestro derecho para hacer cumplir la Ley al gobierno, que hoy día creemos está yendo más allá de su poder”, advirtió.  

Agregó que, “todos tiene derecho a movilizarse y por eso consideramos que el gobierno está usando un doble estándar, porque hoy día autoriza una marcha de estudiantes que, seguramente van a alterar el orden de la ciudad, pero impide a otros que quieren expresarse libremente en una marcha pacífica”, garantizó el congresista.

Frente a la situación, al Nueva Mayoría como bloque emitieron una declaración que fue firmada por los senadores Isabel Allende, Jorge Pizarro, Jaime Quintana y  Alejandro Navarro.

El texto señala que “entendemos ese reclamo y sabemos que el gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo para terminar con los brotes de violencia y la quema de camiones en esa región”.

Éste agrega que “El trabajo coordinado ha permitido desde el Gobierno, a través de las policías, realizar 60 diligencias policiales desde el 10 de diciembre a la fecha, en el marco de la investigación de diferentes delitos asociados al transporte de carga en todo el país (receptación, hurto, robo con intimidación, asociación ilícita, entre otros).

Respecto a La Araucanía, durante 2015 se han registrado 9 acciones incendiarias, en donde el Gobierno se ha hecho parte querellante en cada una de ellas, de manera de poder ser parte activa en las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

El gobierno comprometió además, un seguro para pequeños empresarios, que estará disponible a partir de diciembre y; 26 nuevas cámaras de seguridad para la ruta 5 Sur en La Araucanía.

Aunque nosotros condenamos sin ambigüedad las acciones de violencia ejercidas sobre los transportistas y respaldamos las acciones emprendidas por el gobierno para hacer frente a esa situación, no podemos dejar de decirle al país que Chile tiene un tema de fondo que no se resuelve con medidas de seguridad u orden público,: a saber, la situación que enfrentan los pueblos indígenas y en particular, el pueblo mapuche, que se relaciona con el respeto a su cultura y tradiciones y a la devolución de tierras y cómo resolver lo que sido una deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos indígenas.

Asimismo, nos parece altamente incoherente e inconsecuente que una Asociación Gremial que exige cumplimiento de las leyes en materia de seguridad, realice acciones que atentan contra el orden público y contra el estado de derecho. Nos parece particularmente insólito que los transportistas no hayan aceptado el ofrecimiento del gobierno de que ingresara un camión y fuera recibida toda la directiva para dialogar. Esto demuestra su absoluta inflexibilidad, intransigencia y su nula voluntad de arribar a soluciones constructivas.

Por ese camino, lo único que se consigue es un circuito de violencia que no va al tema de fondo

Por todo lo anterior, respaldamos al gobierno en su decisión de no aceptar que se quebrante la ley ni el estado de derecho por parte de cualquier asociación o gremio”, termina el documento.