Muertes en el Sename: presentan querella criminal apelando a Unicef y la Corte Interamericana de DD.HH.
El senador Chahuán dijo haber recibido “otros antecedentes escalofriantes, por lo que tenemos la obligación de ponerlos a disposición de los fiscales”.
6 de octubre de 2016
Una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de la muerte, lesiones y vejámenes de niños y jóvenes ocurridas en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) presentó el senador Francisco Chahuán en una acción que solicita la intervención de la Unicef y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo ocurrido durante los últimos diez años en establecimientos de la institución y su auxiliares.
El legislador junto con anunciar el líbelo interpuesto ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, aclaró que “difiere de otras porque alude a la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990 y al sistema de protección interamericano de los derechos humanos”.
En concreto, el texto pide oficiar a la Unicef para que se acompañen todas las recomendaciones y resultados de las auditorías realizadas en la última década y que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga lo propio ante la Comisión Interamericana de DD.HH. para los efectos de activar el procedimiento que corresponda.
El senador Chahuán agregó que han recibido “otros antecedentes escalofriantes, por lo que tenemos la obligación de ponerlos a disposición de los fiscales para establecer las responsabilidades penales correspondientes”.
El texto hace hincapié en una seguidilla de vejaciones que desde el punto de vista técnico tienen una serie de consecuencias inmediatas. Una de ellas es que al tratarse de hechos violatorios de los DD.HH. de infantes niños y jóvenes, estos son declarados inamnistiables e imprescriptibles, que no procede archivar ni sobreseer.
Asimismo, el libelo piden acciones coordinadas con las brigadas investigadoras de delitos contra Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, Carabineros y el fiscal a cargo de la causa; se solicita que la Unicef entregue informes y auditorías al Sename de la última década y coordinación con el sistema interamericano de protección de DD.HH. y que el Estado, a través de la Cancillería tome nota del asunto y se dirija a la Comisión en Washington y Costa Rica.