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Parlamentarios discrepan por despidos de funcionarios públicos

Mientras senadores de la Alianza expresaron su desacuerdo con esta política, los de la Nueva Mayoría indicaron que las desvinculaciones se enmarcan dentro de la legalidad.

14 de marzo de 2014

Encontradas reacciones dieron a conocer parlamentarios por los anunciados despidos de funcionarios de distintas reparticiones públicas luego que asumiera la nueva administración del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

 

CONVICCIÓN

 

Imagen foto_00000020El senador Jaime Quintana calificó las desvinculaciones como “un proceso de cambios en puestos de alta confianza ya que el programa de la Presidenta Bachelet necesita gente con convicción”. 

 

“Lo que ocurre en estos días es que personas de confianza que llegaron en la última etapa del Gobierno de la derecha están siendo desvinculados y esto es porque el  programa de gobierno de la Nueva Mayoría requiere convicción”.

 

El parlamentario agregó que es difícil que en el caso, por ejemplo de la educación, se pueda trabajar con personas que no tengan convicción respecto a la educación gratuita. “Resulta difícil imaginar que en la reforma educacional que contempla gratuidad, pueda ser elaborada por funcionarios que están en el  primer nivel  de Alta Dirección Pública y que no creen en la educación gratuita”, puntualizó.

 

Añadió finalmente el senador Quintana, que “lo que hacemos es utilizar las herramientas legales para poder llevar a delante las transformaciones con los titulares que tienen convicción y la camiseta bien puesta”.

 

RESPETO POR LOS CARGOS

 

Imagen foto_00000002En tanto, el senador Ignacio Walker aseguró que los cargos de Alta Dirección Pública deben ser respetados “lo más posible”, ajustándose a los criterios de eficiencia y modernización, descartando que el despido de funcionarios del aparato estatal denunciado por la Alianza, se trate de un “revanchismo político”.

 

“Evidentemente que no hay ningún revanchismo político, primero hasta ahora han sido los cargos de confianza política (…) estoy seguro que el Gobierno será especialmente cuidadoso en tratar de conciliar lo que es la confianza de un funcionario, con lo que es la necesidad de consolidar un sistema de profesionalización y modernización del Estado y para eso, insisto hay que ser particularmente respetuoso del sistema de Alta Dirección Pública”, aseveró el presidente de la DC.

 

DEFINIR UNA POLÍTICA

 

Desde la otra vereda, el senador Hernán Larraín emplazó al Gobierno de Bachelet para que explique su política en materia de despidos y reemplazos de los funcionarios públicos, debido a la destitución de algunos de ellos.

 

“Queremos que exista una política coherente con lo que ellos (Nueva Mayoría) han planteado cuando en el Gobierno pasado se efectuaron cambios. Eso es lo que la ciudadanía espera y sobretodo la estabilidad del trabajo público”, declaró.

 

Añadió que es comprensible que una nueva administración implique nuevas personas para dirigir el país. “Es lo que han ganado democráticamente, avalamos y respetamos las decisiones que el Gobierno pueda tener. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque una cosa es cambiar a las personas de confianza y otra muy distinta es cambiar a personas que han ganado, por Alta Dirección Pública o por concurso, su cargo en la administración pública”.

 

CATASTRO DE CASOS

 

Imagen foto_00000006En la misma línea, el senador Víctor Pérez informó que están realizando un catastro de los casos, declarando que "me ha llamado la atención que, hasta el momento, hay un número superior al que creíamos".

 

El congresista declaró que "en esta contabilización no están incluidos los cargos de confianza, porque nosotros consideramos que es legítimo que el nuevo gobierno instale a estas personas, pero dentro de las que no son de confianza, en la reunión de hoy me informaron que en el país hay más de cien personas que ya han sido desvinculadas", acotó.

 

El parlamentario agregó que "esto me parece extremadamente grave porque en los ministerios todavía no se instalan las nuevas personas, entonces si esto sigue creciendo, me parece que es una muy mala señal",

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

 

Imagen foto_00000004Por su parte, el senador Francisco Chahuán solicitó el pronunciamiento de la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, (ANEF), respecto de las solicitudes de renuncia efectuadas por el gobierno entrante a los funcionarios públicos elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública.

 

El representante de la Región de Valparaíso sostuvo que “claramente en estos casos no ha habido ninguna evaluación de desempeño” y afirmó que en muchos de ellos ni siquiera han sido los nuevos ministros quienes han informado de las resoluciones”.

 

El legislador manifestó la importancia de que ambas entidades sindicales  se pronuncien en torno a las carreras de estos funcionarios y, particularmente, de los elegidos a través de dicho sistema”, precisando que “en la región de Valparaíso ya se han registro varios casos que se inscriben en esta situación”.

 

DESMANTELAMIENTO

 

Para el senador Juan Antonio Coloma (UDI) es preocupante que a pocas horas de instalado el gobierno, el país advierta una especie de "desmantelamiento" de la administración pública, "algo que todos los chilenos tenemos que cuidar".

 

"Ganar un Gobierno no significa ganar un botín y vemos con preocupación que en distintos lugares llega información de que personas, que no son de confianza política, están siendo destituidos. Un ejemplo, a los tres primeros minutos de asumido este Gobierno, funcionarios de Alta Dirección Pública y por ende nombrados por organismos públicos como Impuestos Internos, Aduanas y Chile Compra, fueron destituidos y nombrados ya sus reemplazos, no hablamos de ministros, de seremis ni de personas de confianza, donde una situación así –de despidos- se entiende", argumentó.

 

ALERTA

 

Por su parte el senador Baldo Prokurica, declaró estar en "alerta" frente a la compleja situación que está afectando a varios funcionarios públicos en la Región de Atacama y en el país recordando , " que  la Alta Dirección Pública, nace durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, como resultado del escándalo del caso MOP-GATE, con la finalidad que en la administración pública no entre cualquiera y se produzca un filtro, que por lo demás –tiene un costo de aproximadamente unos $15 millones por cada concurso de selección- que se van a la basura cuando se producen estas exoneraciones políticas como las que están ocurriendo", indicó.

 

A lo anterior, el parlamentario añadió, "hay que sumarle que a aquellas personas que postularon por la Alta Dirección Pública –y obtuvieron sus cargos y llevan más de una año en sus trabajos-, este nuevo gobierno para poder exonerarlos irregularmente, tendrán que pagarles el resto del tiempo que les queda para cumplir el plazo de cuatro años que estaba establecido en sus contratos", expresó finalmente el legislador.

 

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