Piden a la mesa del Senado poner en tabla ley Emilia para su pronto despacho

Tras la declaración de culpabilidad del responsable de la muerte de la pequeña Emilia Silva, el senador Francisco Chahuán solicitó a la mesa de la Cámara Alta poner en tabla, para la próxima semana, la llamada Ley Emilia, que endurece las penas en caso de accidentes asociados a la conducción con consumo de alcohol y drogas y manifestó su confianza en la posibilidad de reponer la indicación que establece sanciones mayores de las que fueron finalmente aprobadas en la Comisión de Constitución.

El parlamentario explicó que lo que corresponde ahora es que el proyecto sea votado en particular en la sala del Senado, luego de lo cual volvería a la Cámara de Diputados; de aprobarse en dicha instancia, sólo restaría su promulgación.  “Esperamos que así ocurra, para contar con una Ley Emilia lo antes posible”, sostuvo.

Agregó que “hemos pedido que se renueven las indicaciones que nos permitan partir en los 3 años y un día de privación de libertad –para las lesiones gravísimas- y dar una señal clara para la lucha que ha dado Benjamín y Carola, los padres de Emilia, quienes pretenden que la muerte de su hija contribuya a generar un nuevo marco legislativo.”  Por lo mismo, dijo Chahuán, “creemos que es muy importante que podamos endurecer estas penas, de manera de recuperar el espíritu original del proyecto”.

Al respecto, precisó que éste planteaba aumentar las penas en caso de muerte, haciendo la distinción respecto de los casos en que se provoquen lesiones graves o gravísimas.   Sostuvo que “si bien en dicha instancia (la Comisión) se ablandaron las penas, de todas maneras son más severas de las que hoy existen”.

Vale señalar que la indicación presentada por los senadores Chahuán y Espina plantea que en caso que el conductor ebrio cause la muerte de alguna persona, el piso de la sanción sea de 5 años y un día y llegue a los 10 años (presidio mayor en su grado mínimo), sin ningún tipo de margen por parte del juez.  Esto, a diferencia de lo que establece la iniciativa que está en trámite, que deja a discreción del magistrado la graduación de la condena.  Actualmente la pena máxima por este delito son 5 años de cárcel.