Presentan proyecto de ley que entrega facultades especiales para enfrentar cierre de universidades

Con el fin de permitir que el Ministerio de Educación pueda proceder e  intervenir en los casos de situaciones similares a lo que se ha producido en la Universidad del Mar, los senadores Andrés Zaldívar, Ricardo Lagos Weber e Ignacio Walker presentaron un proyecto, en primer trámite, que establece la figura del administrador delegado con “funciones que incluso permiten licitar la continuidad de giro de las universidades”.

Cabe señalar, que el texto legal, fue remitido a la Comisión de Educación  para su posterior estudio.

Al respecto, el senador Zaldívar sostuvo que la iniciativa dispone todo un sistema que aclara cómo el Estado responde frente a esta emergencia que se ha producido en estos momentos respecto de la Universidad del Mar, a objeto que el próximo tiempo se pueda intervenir en dicho caso de la casa de estudios y además, si  existiera cualquiera otra situación similar en el futuro.

En ese sentido, el parlamentario comentó que “lo importante es que el Estado de Chile tenga el suficiente instrumental como para responder e impedir que los dañados sean los estudiantes y los trabajadores del sistema educacional”.

Además, el senador Zaldívar aclaró que “espera que el gobierno tome nota y ojalá que lo incorpore dentro de la legislación”.

Los autores de la moción señalaron que se requiere con urgencia una reforma integral que aborde sistemática y simultáneamente “el marco regulatorio para la educación superior; una nueva institucionalidad que garantice el cumplimiento de dicho marco regulatorio, en especial la prohibición de lucro; un nuevo sistema de financiamiento tanto para los estudiantes como para las instituciones, a fin de reequilibrar los aportes del Estado y las familias; y un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y acreditación”.

No obstante, reconocieron que “dichas reformas tomarán su debido tiempo. Sin embargo, en el intertanto el Estado no puede renunciar a su deber de garantizar el derecho a la educación de aquellos estudiantes que quedan en desamparo cuando la institución de educación superior en la que están inscritos ve cancelada su personalidad jurídica y pierde su reconocimiento oficial debido”.

Precisaron que “éste es el caso que actualmente enfrenta la Universidad del Mar, donde más de 22.000 alumnos, además de miles de trabajadores, están expuestos a la incertidumbre que significa el cierre de la institución producto de las gravísimas falencias constatadas por el MINEDUC y ratificadas por el CNE”.

De ahí que resulta “indispensable que el Estado garantice y resguarde la continuidad de estudios de los alumnos que se vean afectados por situaciones como la señalada, por cuanto ellos son en realidad víctimas de un inadecuado sistema de aseguramiento de la calidad por parte del Estado”, explicaron.

Por ello, los legisladores indicaron que la iniciativa propone “el establecimiento de facultades excepcionales para garantizar la toma de control de estos planteles, a fin de garantizar la continuidad de los estudios y el proceso de titulación de los alumnos afectados; el pago de remuneraciones de los académicos y trabajadores en general, así como el ejercicio de acciones para la recuperación de los recursos que, en vulneración de la ley, no hayan sido reinvertidos en las universidades, el destino de los muebles o inmuebles propiedad de las corporaciones. En general, toda acción destinada a garantizar el interés público asociado a la continuidad de un servicio educativo de calidad”.