Proponen cambios para fortalecer la actual ley del donante universal

Luego de conocerse la muerte de León Smith, el niño de cuatro años que esperaba un trasplante de corazón; el tema de la donación de órganos volvió a la agenda de los medios de comunicación.

En ese tenor, el integrante de Comisión del Salud, el senador Guido Girardi se reunió con autoridades del Ministerio de Salud (Minsal), encabezadas por su titular Carmen Castillo, a quienes les planteó realizar un proceso de revisión a la actual ley de Donante Universal “para hacer una norma que incentive de manera mucho más importante la donación de órganos”.

El legislador recordó que en Chile hay sólo siete donantes por un millón de habitantes, mientras que en Latinoamérica el promedio es superior a 10 y en España se alcanza casi a 40 donantes por cada millón de personas. “No se le puede atribuir sólo al egoísmo o individualismo el tener un 600% menos de compromiso con la vida. Se requiere una política de Estado más decidida que revierta esta situación”, enfatizó.

El senador recordó que la actual ley establece que todo chileno es donante y que para renunciar a esa condición debe hacerlo en una notaría, “de manera que fuera luego de un acto reflexivo y no por un impulso”.

Pese a ello ocurren muchas muertes que podrían evitarse si hubiese más donantes. “Todos los días fallecen personas de diferentes causas y algunos con muerte cerebral son potenciales donantes, pero debemos trabajar aspectos culturales y sociales que restringen la donación”, afirmó el parlamentario.

Por eso el legislador considera “necesario ampliar la actual Ley del Donante Universal y agregando la del Receptor Universal y establecer que en el caso de dos pacientes -en similares condiciones- que necesiten trasplantes se priorice a aquel que es donante por sobre quién no lo es. Es un tema controvertido, pero necesario de discutir porque es necesario hacer conciencia que una sociedad solidaria se tiene derechos, pero también responsabilidades”.

El senador Girardi también propuso debatir “la posibilidad de, tal como se hace en otros países, la entrega de estímulos o reconocimientos simbólicos a las familias de los donantes” y no descartó, “incluir beneficios sociales como subsidios habitacionales o becas. Hay que discutir esto porque no podemos seguir como estamos”.

Sin embargo, estima que también es necesario producir profundos cambios institucionales como “fortalecer el sistema de procuramiento de órganos a partir de establecer una alerta temprana cada vez que Samu o bomberos se encuentren con un caso de muerte cerebral. De manera que al llegar el potencial donante al centro de atención que sea derivado, haya un neurólogo -que confirme su condición- y un completo equipo quirúrgico y de procuramiento que aborde a la familia de manera respetuosa, compasiva e inteligente y eso requiere entrenamiento”.

Otro escollo complejo es la falta de camas críticas, “muchas veces un potencial donante debe ser retirado de la cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para privilegiar a un paciente vivo. Hemos planteado incorporar formalmente al sistema de compra de camas a los pacientes con muerte cerebral para así poder concluir el diagnóstico y el proceso de procuramiento, situación que hoy no ocurre y por la que se pierden valiosos órganos”, explicó.

El senador también señaló necesario “hacer obligatorio que todos los recintos asistenciales, tanto públicos como privados, deben tener sistemas de procuramiento. Actualmente entre el 70 a 80% de los donantes provienen del sistema público”.

El senador Girardi agregó que planteará “al gobierno, y no sólo el Minsal, la necesidad de hacer campaña permanente en los medios de comunicación y redes sociales para generar una nueva ética y visión valórica que termine con mitos, prejuicios y temores que son producto de la falta de información”.

Consultado sobre la posibilidad de revisar la norma que restringen los donantes vivos a los lazos familiares, manifestó ser partidario de mantenerlo así “porque si no se abre una puerta hacia la venta y tráfico de órganos, lo que a mi juicio debe estar totalmente proscrito”.

En cuanto a la situación en que quedan familias como la de León, que aparte del dolor de la pérdida deben enfrentar un gran deuda, el parlamentario señaló que “me parece que este tipo de casos deben ser de responsabilidad del Estado o sólo el 1% de la población podría acceder a un trasplante. Estas situaciones tan dramáticas tienen que tener garantizado el 100% de cobertura, pues le puede suceder a cualquiera. Una sociedad solidaria, humana, justa debiera hacerse cargo… y si no existen los instrumentos legales, hay que crearlos”.