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Proponen incorporar como territorios especiales a aquellos geopolíticamente estratégicos

Con esto, el Estado deberá velar por su desarrollo económico y social y promoverá políticas de poblamiento y conectividad. La moción será analizada por la Comisión de Gobierno.

22 de noviembre de 2013

Imagen foto_00000003Los senadores Jaime Orpis, Carlos Bianchi, Antonio Horvath y Hernán Larraín, presentaron una reforma constitucional  que incorpora como territorios especiales, bajo el estatuto jurídico que determine una ley orgánica constitucional, a los territorios geopolíticamente estratégicos así definidos por el Presidente de la República, moción que pasó a la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado.

 

Par los legisladores “resulta fundamental que los gobernantes asuman visiones geopolíticas para potenciar todo el territorio nacional pero muy especialmente las zonas geopolíticamente estratégicas” y propusieron que para estos territorios el Estado vele por su desarrollo económico y social y promueva políticas de poblamiento y conectividad.

 

Asimismo, se propone que los territorios serán definidos mediante Decreto Supremo por el Presidente de la Republica y la administración financiera, inversión pública y tributaria se regirá por los estatutos especiales que establecerá una ley orgánica constitucional.

 

VISIÓN GEOPOLÍTICA

 

“En general salvo excepciones, en nuestro país no han existido visiones geopolíticas estratégicas que tengan que ver con el desarrollo o el poblamiento de esos territorios”, indicaron los senadores.

 

Y señalaron que sólo los territorios insulares de Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández están sujetos a un estatuto especial.

 

“Los Estatutos Especiales – explicaron- podrán considerar normas que provoquen un reordenamiento de las instituciones públicas, que potencie el máximo la presencia de un fuerte aparato público desconcentrado.”

En este sentido, los congresistas señalaron que en el caso de los territorios insulares se propició una administración más eficiente para alcanzar el desarrollo a través de una relación directa con el gobierno central de ambos territorios insulares.

 

Asimismo, en el proyecto de ley se menciona que en 2012 se materializó una nueva reforma, a través de la ley 20.573 “que profundiza el contenido de este estatuto especial. Con el propósito expreso de proteger el medio ambiente y propender al desarrollo sustentable de dichos territorios, podrá restringirse el ejercicio de los derechos de permanencia o de residencia en dichos territorios y podrá limitarse la libre circulación de personas hacia dichas localidades”.

 

Al respecto, expresaron los congresistas, “si la uniformidad en materia de administración regional se rompió para buscar una administración más eficiente en los territorios insulares y se profundizó por razones medio ambientales, con mayor razón debería romperse la uniformidad administrativa respecto de los territorios que efectivamente son geopolíticamente estratégicos. Allí la eficiencia debe ser máxima y debe existir una permanente observancia y preocupación del nivel central por garantizar su poblamiento, desarrollo o la conectividad”.

 

“La institucionalidad debe hacerse cargo de este elemento tan fundamental como lo hizo respecto de los territorios insulares. El potenciar el desarrollo y el poblamiento de territorios geopolíticamente estratégicos no puede depender de la mera voluntad de un gobernante. Nuestra historia nos muestra como Chile ha tenido visión muy limitada, parcial y discontinua en estos territorios”, recalcaron.

 

NORTE Y SUR

 

Lo senadores recordaron que “la Región de Tarapacá fue la última en incorporarse a la soberanía nacional. Lo hace en 1883 a través del tratado de Ancón. La soberanía sobre Tacna y Anca quedó pendiente. Logró materializarse cuarenta y seis años después con el tratado de 1929, partir del cual Anca definitivamente pasa a formar parte del territorio Nacional y desde el 1883 nunca ha existido una visión de conjunto para abordar la situación de Anca e Iquique”.

 

Asimismo, hacen presente, entre otros ejemplos, la importancia productiva, económica y humana de la zona; sin embargo, se preguntan, ¿fue planificado o pensado el desarrollo de Iquique de los últimos 38 años como territorio geopolíticamente estratégico? En absoluto. La Zona Franca y su posterior desarrollo fue una coyuntura geopolítica pero no una visión geopolítica”.

 

Y precisan que la “falta de visión geopolítica no sólo ha ocurrido en el norte del país sino también en el sur. Es inexplicable lo que ocurre que en Tierra del Fuego. Mientras la población Argentina supera los 100.000 habitantes y Ushuaia se ha transformado en la puerta de entrada del turismo Antártico, el lado Chileno no supera los 6904 habitantes y aún no se termina de construir la comunicación terrestre hasta el canal Beagle. Puerto Williams es sólo una base Naval con 1700 habitantes”.

 

Por último, advierten que existen materias trascendentes que “no pueden quedar sujetas a la mayor o menor prioridad que establezca un gobernante determinado. No es un gobierno sino que el Estado de Chile, en su función permanente el que está llamado a crear y garantizar políticas de desarrollo y poblamiento en las zonas geopolíticamente estratégicas”.

 

Y aclararon que, si bien “tradicionalmente se ha entendido que los territorios estratégicos tienen que ver con materias relacionadas con la defensa. Se trata de una visión reduccionista. Temas como el poblamiento, desarrollo o conectividad son vitales y que trascienden al rol de las fuerzas Armadas”.

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