Solicitan investigar a fondo las presiones denunciadas por jueza de caso Luchsinger

El senador Alberto Espina calificó como "vergonzosos" los actos de violencia suscitados en la Araucanía, argumentando que hace dos años le entregó al Gobierno una propuesta para indemnizar a las víctimas, “que quedan absolutamente abandonadas, esta es la verdad que yo sostuve en la sesión especial del Senado”, expresó.

Además,  aseguró que el pueblo Mapuche lo único que quiere realmente es avanzar en la paz y poder vivir tranquilos. “No quieren más diagnósticos, quieren soluciones que conduzcan a la paz”, dijo. 

Sobre la inhabilitación de la jueza María Teresa Villagrán, consideró el hecho como “gravísimo” e “inédito”,  y comunicó que solicitará al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, realizar una investigación e iniciar un sumario a los abogados defensores del caso Luchsinger.

Agregó que “estos abogados son pagados por el Estado de Chile, por la Defensoría, entonces el Ministerio de Justicia tendrá que tomar cartas en el asunto”.

 El legislador aseveró que "esto demuestra que los jueces en nuestra región están siendo amedrentados, lo dije hace mucho tiempo, es muy difícil que un juez pueda llevar en esta región causas, donde tiene a su familia. Los fiscales cada vez que hay un atentado se les amenazan, como pasa con el Fiscal Alberto Schiffel. Es una cuestión inaceptable, estos juicios debieran ser sacados de esta región y llevados a otras localidades, dándole garantía por supuesto para que se defiendan”.

El legislador recalcó la necesidad de investigar a fondo, “porque no es aceptable que un juez se retire de un juicio. Hay que saber qué tipo de hostigamientos recibió para que se fuera inhabilitada. Hay que dictar una ley para que causas de esta naturaleza, con participación de las partes, se puedan realizar en otra región, de tal manera que se garantice un juicio tranquilo y adecuando”, precisó.

Respecto a las 15 iglesias recientemente quemadas y las numerosas torres de alta tensión destruidas en las zonas de conflicto el parlamentario aseguró que “la gran mayoría del pueblo Mapuche es pacífico, pero estos delitos aquí y en cualquier país democrático son de carácter terrorista. Es inconcebible que el Gobierno no haya tomado la sartén por el mango, para evitar que esta región día por medio sufra con algún grupo violentista extremista que quema, y ahora derriba torres de alta tensión. ¿Eso no me va a decir que es un delito común? Estamos frente a grupos extremistas que tienen por finalidad provocar intimidación y no hay que tener miedo a decir las cosas por su nombre”.

Llamó al Ejecutivo a asumir su responsabilidad política, expresando: “la obligación de mantener el orden público es del Gobierno. Tiene que coordinar la labor de las policías, darle las herramientas e instrumentos. Nosotros en el parlamento le entregamos todas las herramientas legales”.