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Temas Pendientes

Por Patricio Walker, senador por la Región de Aysén

8 de marzo de 2013

Imagen foto_00000015El trabajo que realizó la Comisión de Constitución del Senado al elaborar el detallado informe sobre el funcionamiento de la ley de responsabilidad penal adolescente, es valioso e importante para aplicar las correcciones necesarias al sistema.

 

Estamos hablando de jóvenes que infringen la ley penal porque el Estado actúa o llega tarde. Falta prevención, falta trabajo con la familia y en los establecimientos educacionales.

 

Después de cinco años de implementación de este sistema ha habido avances, pero hay muchos temas pendientes.

 

En primer lugar, se aprecia que existe un funcionamiento bastante similar al de la justicia penal adulta. No existe una clara diferenciación para la aplicación de las salidas alternativas de solución de conflicto, en la suspensión condicional del procedimiento y en los acuerdos reparatorios, y se discute la procedencia de un procedimiento abreviado y de medidas cautelares, ya que no se encuentran contempladas en la ley y tampoco se consagra uno específico para este tipo de infracciones.

 

Lo más grave en la aplicación de este sistema, es que las sentencias condenatorias se dan con mucha mayor fuerza, en mayor proporción en los juicios de adolescentes que en los de adultos.

 

Esto no debiera ser así, y para terminar con ello, entre otros factores, se requiere de la especialización de aquellas personas que intervienen en este sistema, tanto de los profesionales que trabajan como de los organismos involucrados en los procesos. Lamentablemente no existe esta especialización. Por ejemplo, en el ámbito judicial, únicamente es la Defensoría quien cuenta con los profesionales abocados a los temas de adolescentes. Necesitamos jueces y salas especializadas, fiscales especializados, para no continuar con esta falencia que atenta contra los derechos y garantías procesales de los adolescentes, especialmente el debido proceso.

 

Hay problemas de aplicación práctica de algunas normas, como por ejemplo, las dificultades para aplicar una sanción cuando debe cumplirse en comunas y en lugares distintos a donde se dicta; la dificultad que existe cuando hay multiplicidad de sanciones por la ausencia de la unificación de estas, lo que inclusive termina significando que se termine cumpliendo las penas para jóvenes cuando son adultos; la inutilidad de sanciones como la amonestación, la multa o la reparación del daño, que muchas veces conlleva a que sea un tercero quien se responsabiliza por estas sanciones y no el joven; existe un tratamiento muy poco efectivo en materia de quebrantamiento de todo tipo de condenas, lo que desvirtúa el objetivo de la pena impuesta.

 

Por otra parte, hemos hecho ver la falta de oferta programática en los regímenes semicerrados, lo que los transforma finalmente en un sistema de reclusión nocturna, y la excesiva demora en derivación de los jóvenes al tratamiento de rehabilitación previsto por la ley.

 

Hay una ausencia de infraestructura adecuada en los centros del SENAME donde se cumple el sistema cerrado y semicerrado, y debemos revisar cómo estamos tratando a los profesionales que trabajan allí y la capacitación con que cuentan para tratar con adolescentes infractores.

 

Se menciona asimismo la falta de cobertura para materializar las penas en estos centros. Esto no debe continuar así, más aún cuando las estadísticas nos indican que quienes están privados de libertad en centros del SENAME tienen un porcentaje de reincidencia mayor que aquellos que cumplen su sanción en el medio libre. Por lo tanto, necesitamos crear nuevos centros de privación de libertad de alto estándar. Y de una vez por todas preocuparnos por el tema de la rehabilitación. El mayor problema es que no estamos rehabilitando.

 

El sistema no cuenta con una debida coordinación. Se necesita contar cuanto antes con un sistema informático integrado y también es importante destacar la necesidad de hacer compatibles las sanciones de esta ley con el funcionamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas de la Reforma Procesal Penal y muy especialmente resaltar la ausencia del control efectivo de la ejecución de penas impuestas, por lo que es necesario revisar este sistema para adoptar los medios adecuados para su aplicación.

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